Energía · Cargas electrointensivas · Columna
Observatorio Económico · FCCAE-UC · Serie de energía, 4 de 7 · Octubre de 2026
En enero, dos decretos fijaron por quince años un régimen especial de unos US$ 30 por megavatio-hora para las llamadas industrias convergentes: manufactura avanzada, centros de datos e inteligencia artificial. En abril fueron modificados y en junio, derogados. Sin referirse a ninguna controversia en curso, que corresponde a las partes, la secuencia deja una lección: un precio que el Poder Ejecutivo puede fijar y derogar por sí solo no produce compromiso, ni para el Estado ni para el inversor.
La discusión de fondo sigue abierta. Los contratos del segmento intensivo, 943,8 MW, vencen el 31 de diciembre de 2027, y las referencias de precio en circulación van de los US$ 30 de los decretos derogados a los US$ 56 propuestos por la Unión de Ingenieros de la ANDE. En la columna «Ni regalo ni ganancia», del 23 de setiembre, estimamos en unos US$ 45 por megavatio-hora, en barra de Itaipú, el costo económico nacional de una carga firme nueva. Ese número depende, sin embargo, de un dato que no se publica: cuánto consume esa carga en la hora de punta.
Por qué importa la punta
Desde 2027, si prevalece la lectura más favorable al Brasil sobre la obligación de contratar potencia «acorde a todas sus necesidades», la potencia que la ANDE pague en Itaipú quedará determinada por su demanda máxima, la punta. Una carga que consume en la punta obliga a contratar más potencia, que se paga al CUSE, la tarifa de Itaipú: hoy, US$ 19,28 por kilovatio-mes. Una carga que se detiene en esas horas no: usa energía asociada a potencia que la ANDE ya paga para cubrir su punta y que, de otro modo, se cedería al Brasil a unos US$ 14 por megavatio-hora.
Por eso la pregunta correcta no es cuál es el factor de carga de una industria, es decir, cuán parejo es su consumo a lo largo del año, sino cuánto demanda en la hora de punta del sistema. La referencia de US$ 44,33 que la ANDE usa para el segmento intensivo cubre el costo nacional de la energía de Itaipú puesta en 220 kV, con reserva y pérdidas pero sin la red, solo si la demanda de ese segmento en la punta no supera su demanda media. Para una carga que está a plena potencia en la punta, cubre el costo en barra de Itaipú solo si su factor de carga supera el 87,4 %, y el costo con reserva y pérdidas, prácticamente nunca. La coincidencia real de esa carga con la punta no se publica, y es el dato que decide.
Una tarifa en dos partes
La consecuencia práctica es cobrar la potencia por potencia y la energía por energía, como las paga el país. Con el CUSE vigente, una tarifa coherente con el costo nacional tendría un cargo de potencia de US$ 23,60 por kilovatio-mes, aplicado a la demanda del cliente en las horas de punta del sistema, y un cargo de energía de US$ 17,36 por megavatio-hora. Los dos cargos incluyen, entre ambos, la reserva, las pérdidas de transmisión, la red y los gastos comerciales, que el costo de US$ 45 no contaba. Para una carga cuya demanda en la punta es su media, la tarifa equivale a US$ 49,69 por megavatio-hora; para una a plena potencia en la punta con un factor de carga de 85 %, a 55,39. Una carga que se interrumpe en la punta, y también en los años secos, tendría como piso solo el cargo de energía, más la red que cause, mientras sobre energía asociada a potencia ya pagada; por encima de ese piso, el precio lo fijaría la subasta.
Gráfico. Tarifa en dos partes, potencia y energía, coherente con el costo nacional, expresada por MWh, según el CUSE de Itaipú en 2027 y el tipo de carga
El gráfico muestra también por qué no conviene firmar hoy un precio. Con un CUSE de 12, la misma tarifa daría 38,65 y 42,41: la referencia de 44,33 quedaría holgada y el piso de 56 propuesto por los ingenieros, muy por encima del costo. Con el CUSE vigente, en cambio, 44,33 queda por debajo de la tarifa con red en los dos casos: unos US$ 5,4 para la carga de demanda media en la punta y 11,1 para la plena. Lo que puede y debe fijarse ya es la fórmula que convierte el CUSE de cada año en un precio.
Una fórmula con fecha de cambio
La fórmula tiene que prever, además, un cambio que llegará dentro del plazo de los contratos que se firmen. Mientras al Paraguay le sobre energía de Itaipú para ceder al Brasil, lo que al país le cuesta usarla es la compensación que el Tesoro deja de cobrar. Cuando ese excedente se agote, hacia 2031-2032 en la mediana de las simulaciones, lo reemplaza el costo de reponer esa energía con otra fuente, y la misma tarifa pasa a unos US$ 73,5 a 80,1 por megavatio-hora con el CUSE vigente.
El valor de interrumpir
Si las cargas electrointensivas se desconectaran en las horas de punta, la ANDE necesitaría en 2027 entre unos 380 y 740 MW menos en Itaipú, según cuánto de esa carga coincida hoy con la punta: entre US$ 88 y 171 millones menos al año con el CUSE vigente. Ese ahorro solo es firme si la interrupción alcanza también a los años secos, cuando lo que escasea es la energía.
Lo que una ley debe fijar
Tres cosas, además de la fórmula. La primera es el destino del dinero. De los US$ 45,17 del costo nacional, 31,07 son potencia que paga la ANDE y 14,10, la compensación que el Tesoro deja de cobrar, que hoy financia la alimentación escolar y a los municipios. Si la tarifa cobra el costo completo, la ANDE recauda un componente que antes era del Tesoro, y la ley debe decir adónde va. La segunda son los descuentos: cada dólar por megavatio-hora por debajo del costo, sobre los 943,8 MW del segmento, cuesta unos US$ 7 millones al año, y todo descuento debería otorgarse como apoyo presupuestado, con su costo y sus contrapartidas publicados. La tercera son el cupo, la subasta y las garantías que propusimos en aquella columna, para separar la demanda real de las expresiones de interés, que hoy suman entre 6.000 y 6.300 MW.
Hay tiempo para hacerlo bien. La ANDE ya anunció que esperará al nuevo Anexo C para fijar tarifas, y los contratos vencen a fines de 2027. Si la ley no llegara a tiempo, una prórroga de un año con la fórmula como cláusula transitoria evitaría fijar precios por decreto o negociar contrato por contrato.
Observatorio Económico FCCAE-UC, Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción». Cifras de la segunda edición de «Renta energética e industrialización. El después del Anexo C de Itaipú» (octubre de 2026), revisada en tres rondas de auditoría adversarial interna. Este análisis no se pronuncia sobre ninguna controversia en curso entre el Estado y empresas del sector.
Estudios completos, «El trilema eléctrico del Paraguay» y «Renta energética e industrialización. El después del Anexo C de Itaipú», 2.ª edición (Word y PDF), en Estudios Especiales. Base de datos y paquete de replicación en Data.