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Energía · Tarifa eléctrica · Columna

Observatorio Económico · FCCAE-UC · Serie de energía, 7 de 7 · Octubre de 2026

En el debate eléctrico se habla de Itaipú, de las cargas electrointensivas y de cuándo faltará energía. Se discute mucho menos, y con menos números, la tarifa que pagan los usuarios, que toca dos de los tres vértices del trilema eléctrico: hay que abastecer una demanda que crece rápido, a un precio que se pueda pagar, sin desfinanciar a la ANDE.

Una tarifa que perdió más de la mitad

Medida en guaraníes de 2010, la tarifa media de la ANDE llegó a ₲ 495,5 por kilovatio-hora en 2003 y bajó a ₲ 203,3 en 2024: menos de la mitad. La tarifa nominal quedó casi congelada entre 2003 y 2016, mientras los precios más que se duplicaban, y el ajuste de 2017 apenas interrumpió la tendencia. En dólares corrientes, la tarifa media de 2024 fue de US$ 49,19 por megavatio-hora, casi la misma que en 2003, de modo que también en dólares perdió valor real. Con ella, la ANDE financia una red mucho mayor y una demanda que creció 12,5 % en 2025 y 18,3 % en el primer semestre de 2026.

Dos cuentas que empujan y una que alivia

Para dimensionar las presiones conviene traducirlas a dólares por megavatio-hora facturado: cada US$ 100 millones anuales equivalen a unos US$ 4,54 por megavatio-hora facturado en 2025, un 9,2 % de la tarifa media de 2024.

La primera es Itaipú. Si desde 2027 la ANDE debe contratar la potencia que cubre su demanda máxima, una lectura posible del Entendimiento de 2024, el fin del régimen actual, que le permite retirar más energía de la que paga en potencia, equivale, con el CUSE vigente de US$ 19,28 por kilovatio-mes, a unos US$ 24,6 por megavatio-hora facturado en 2027: la mitad de la tarifa media. Si la binacional le devolviera a la ANDE, como hoy con el pasamanos, lo que recaude por encima del costo de 2024-2026, serían 18,3; con un CUSE de 12, 6,6, y con uno de 10, 1,7.

La segunda es la inversión. La ANDE ejecutó US$ 349,2 millones en 2025, la cifra más alta desde 2000, pero sus necesidades declaradas rondan los 600 a 650 millones anuales. Financiar esa brecha con ingresos corrientes exigiría entre US$ 11,4 y 13,7 por megavatio-hora, una cuarta parte de la tarifa; con deuda a 25 años, cada año de brecha agregaría alrededor de US$ 1,2.

La tercera alivia: recuperar la mitad de las pérdidas de 2024 aportaría hasta unos US$ 5,7 por megavatio-hora a los costos de 2025, y algo más desde 2027. Las cuentas no se suman sin más, porque las de Itaipú son alternativas entre sí y la de las pérdidas resta, pero ordenan la magnitud.

Gráfico. Cuánto pesaría cada partida en la tarifa media de la ANDE (% de la tarifa media de 2024 y US$ por MWh facturado)

Barras horizontales en porcentaje de la tarifa media de 2024: Itaipú 2027 con CUSE 19,28, 50,1 %; con devolución, 37,2 %; con CUSE 15, 28,5 %; con CUSE 12, 13,5 %; con CUSE 10, 3,4 %; inversión con ingresos corrientes, 23,1 a 27,8 %; con deuda, 2,2 a 2,6 % por año; pérdidas, alivio de 11,5 %; línea de la propuesta CEARE-BID en 39,4 %
Nota: equivalencias de caja, no propuestas: cuánto tendría que subir la tarifa media para financiar cada partida con ingresos corrientes si no hubiera otra fuente. Las partidas no se suman sin más: las de Itaipú son alternativas entre sí y la de pérdidas resta. Itaipú 2027: cambio de régimen frente al pago neto de 2026, si la ANDE contrata la potencia que cubre su punta (mediana del escenario central); «con devolución»: la binacional reintegra a la ANDE, como hoy el pasamanos, lo que recaude por encima del costo de 2024-2026. Brecha de inversión: necesidades declaradas de US$ 600 a 650 millones anuales menos lo ejecutado en 2025. Pérdidas: recuperar la mitad de las de 2024, a costos de 2025. Brecha y pérdidas, sobre la energía facturada en 2025 (22.033 GWh); Itaipú, sobre la que se facturaría en 2027 (unos 27.250 GWh). Fuente: Observatorio Económico FCCAE-UC, «El trilema eléctrico del Paraguay», 2.ª edición (octubre de 2026); propuesta CEARE-BID según la prensa (julio-agosto de 2026).

La propuesta sobre la mesa

El estudio tarifario del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo del BID, propone llevar la tarifa media de US$ 49,2 a 68,6 por megavatio-hora hacia 2030, un 39,4 % más, y la de alta y muy alta tensión, de 35,3 a 51,4. Esa magnitud se parece a la suma de la brecha de inversión financiada con ingresos corrientes y el cambio de régimen de Itaipú con un CUSE de 12. Con el CUSE vigente, la potencia de punta y sin devolución, el cambio de régimen solo ya la superaría, aunque el estudio no publicó qué costo de Itaipú supone ni si sus cifras son nominales o reales.

La ANDE anunció el 16 de setiembre que no fijará nuevas tarifas antes del nuevo Anexo C de Itaipú. La secuencia es correcta, porque el nivel que necesita depende del CUSE y de la regla de contratación que se acuerden. Pero quién absorbe la transición desde el 1 de enero, si los usuarios, el Tesoro o la deuda de la ANDE, debe decidirse antes de esa fecha, aunque no haya acuerdo.

Empezar por donde la brecha se mide

La ANDE no publica su costo del servicio por nivel de tensión, de modo que no puede saberse en qué segmento la distorsión es mayor. Hay uno donde sí se puede medir: con el CUSE vigente, la tarifa de alta tensión de 2024, de US$ 35,3 por megavatio-hora, está unos US$ 12 por debajo de lo que le cuesta al país una carga firme nueva en 220 kV, unos 47,60 con pérdidas de transmisión y sin contar la red. Con un CUSE de 12, esa diferencia desaparece mientras sobre energía para ceder al Brasil, y vuelve cuando ese excedente se agote, hacia 2031-2032. Es el lugar natural para empezar, pero cuánto subir depende también de lo que se firme en Itaipú.

Qué puede provocar un ajuste, y a quién proteger

Cuánto responde la demanda al precio no puede medirse con los datos paraguayos, justamente porque la tarifa nominal estuvo congelada trece años. Con las elasticidades medias de la literatura internacional, un alza real de 20 % hacia 2030 reduciría la demanda ordinaria un 4 % ese año y retrasaría alrededor de un año el primer déficit de energía.

Un ajuste general exige, además, una protección focalizada, y el instrumento existe. La Tarifa Social, ampliada por las leyes 2501/2004 y 3480/2008, la segunda de las cuales fija sus requisitos actuales, alcanzaba en octubre de 2024 a unos 269.000 clientes con consumos de hasta 300 kilovatios-hora por mes. Su costo, que la ANDE informa, se descuenta del IVA que la ANDE transfiere al Estado y, si no alcanza, lo cubre el Presupuesto. Lo que no puede saberse con los datos públicos es cuántos de esos clientes son pobres y cuántos hogares pobres quedan afuera: es lo primero que habría que saber antes de mover la tarifa general o de ampliar la Tarifa Social, como pide una iniciativa popular pendiente en el Senado.

Una secuencia

El orden importa tanto como el nivel. Primero, decidir antes del 1 de enero, sin esperar al acuerdo, quién absorbe la transición. Segundo, conocer la factura de Itaipú de 2027: el CUSE, la regla de contratación y si habrá devolución. Tercero, una regla publicada que vincule la tarifa al CUSE, para que el riesgo de cada negociación no caiga entero sobre la caja de la ANDE. Cuarto, empezar por la alta tensión y por las pérdidas, con metas que midan lo correcto. Y quinto, con mejor información, evaluar la Tarifa Social y su posible ampliación. La tarifa tendrá que subir, salvo que el CUSE baje cerca de su costo estricto y la inversión se financie con deuda o transferencias; cuánto, para quién y en qué orden depende hoy, más que de cualquier otra variable, de lo que se firme en Itaipú.

Observatorio Económico FCCAE-UC, Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción». Cifras de la segunda edición de «El trilema eléctrico del Paraguay» (octubre de 2026), revisada en tres rondas de auditoría adversarial interna; datos de la Tarifa Social según ABC Color (2 de octubre de 2024) y Última Hora (20 de julio de 2026). Las equivalencias tarifarias son aritmética de caja con supuestos que el estudio detalla; no son una propuesta de tarifa.

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