Trece veces más operaciones distintas del efectivo
Millones de operaciones por año. «Otros»: LBTR por cuenta de clientes, ACH, cheques y prepagas. 12 m: julio de 2025 a junio de 2026.
Series estadísticas depuradas, coyuntura mensual firmada por investigadores de la Universidad Católica y estudios especiales sobre los sectores que están moviendo el ingreso, el empleo y la formación de capital en Paraguay.
Sustitutos en el mostrador, complementarios en el sistema. Animación, cifras y gráficos del estudio «El efectivo y los medios de pago electrónicos en el Paraguay», 2.ª edición.
Boletín Estadístico de Sistemas de Pago (edición de junio de 2026) y Anexo Estadístico del Informe Económico (21-07-2026) del BCP. «12 meses»: julio de 2025 a junio de 2026. Montos reales deflactados por el IPC. Desde octubre de 2024 el boletín incluye una nueva red de cajeros (UPAY).
Millones de operaciones por año. «Otros»: LBTR por cuenta de clientes, ACH, cheques y prepagas. 12 m: julio de 2025 a junio de 2026.
Millones de operaciones por mes. Los pagos con QR con tarjeta ya están incluidos en las operaciones con tarjeta.
Billetes y monedas, billones de guaraníes de junio de 2026 (deflactados por el IPC). El pico de cada diciembre es estacional.
Variación real interanual del efectivo en poder del público, %.
Efectivo en poder del público como % de M1 y de M2, promedios anuales (2026: enero a junio).
Monto promedio por extracción en cajeros, miles de guaraníes de los 12 meses a junio de 2026, y extracciones en millones.
Cajeros por operadora a fin de mes. UPAY (red de ueno, que informa 969 cajeros) aparece en el boletín en octubre de 2024: el aumento del total es, en su mayor parte, un cambio de cobertura, no una expansión de las redes históricas.
Participación de Bancard, %. Adquirencia: CONACOM, monto de las ventas con tarjeta de 2022. Resto: boletín del BCP, junio de 2026.
Apagón ibérico del 28 de abril de 2025: caída del número de operaciones frente a un día normal, % (Banco de España). Los cajeros también fallan.
% de adultos, 2024 (Global Findex 2025, Banco Mundial).
% de la varianza de la intensidad de efectivo a 24 meses atribuida a la digitalización, según qué variable se ordena primero y si se aísla el confinamiento de marzo y abril de 2020 (VAR con 2 rezagos, 2018-2026).
Modelos SARIMA en logaritmos; variación frente a junio de 2026 (₲ 16,98 billones en poder del público y ₲ 20,26 billones en circulación). Real: con la meta de inflación del BCP (3,5 %). Las bandas a tres años son anchas. * −3,7 % si el modelo se estima sin el dato atípico de junio de 2026.
| Serie | Jun-2029 | 95 % | Nominal | Real |
|---|
Fuente: Observatorio Económico FCCAE-UC, «El efectivo y los medios de pago electrónicos en el Paraguay», 2.ª edición (octubre de 2026), con el Boletín Estadístico de Sistemas de Pago (junio de 2026) y el Anexo Estadístico del Informe Económico (21-07-2026) del BCP. El Paraguay no mide qué proporción de los pagos se hace en efectivo.
Ir al estudioEl acceso a la consulta se emparejó entre ricos y pobres; la protección financiera, no. Animación, cifras y gráficos del estudio «El sistema de salud paraguayo. Financiamiento, carga de enfermedad y equidad del aseguramiento, 2000-2025», versión 2.
Consulta, cobertura y medicamentos: microdatos de la EPHC anual del INE, 2022-2025 (n = 61.912 a 55.934 personas), quintiles de ingreso per cápita del hogar. Índice de inequidad horizontal: desigualdad de la consulta por ingreso descontadas edad, sexo y gravedad; errores estándar por bootstrap de conglomerados. Gasto: cuentas de salud de la OMS, 2000-2023. Composición del gasto de bolsillo: última medición de montos, 2014.
Consultaron a un profesional al enfermarse, % de quienes declararon un episodio, por quintil de ingreso per cápita del hogar. EPHC anual.
Con seguro médico (IPS, privado u otro), % de la población por quintil de ingreso. La razón entre el quintil más rico y el más pobre pasó de 16 a 9.
Índice de inequidad horizontal en la consulta: cuánto pesa el ingreso descontadas edad, sexo y gravedad. Barras de error: ± 1 error estándar (bootstrap de conglomerados). Positivo = pro-rico.
Con seguro médico, % de cada grupo, 2025. Ocupados no agropecuarios por formalidad; población por condición de pobreza.
Recibieron medicamentos gratuitos, % de los pacientes que consultaron, por quintil de ingreso. Brecha Q1 – Q5: 21,5 puntos en 2022; 31,8 en 2025.
Índices de concentración por ingreso (−1 a +1; positivo = concentrado en los ricos). Error estándar de 2025 por bootstrap de conglomerados; el cambio se contrasta con remuestreo conjunto de la unidad primaria de muestreo.
| Indicador | 2022 | 2025 | EE 2025 | ¿Cambió? |
|---|
Gasto corriente en salud, % del PIB, 2000-2023. Cuentas de salud de la OMS.
Gasto de bolsillo de los hogares, % del gasto corriente en salud, 2000-2023. La línea punteada marca el umbral del 20 % que suele considerarse razonable.
Gasto de bolsillo, % del gasto corriente en salud, 2023, ocho países con cuentas comparables y agregado de América Latina y el Caribe (Banco Mundial).
Gasto corriente en salud por esquema de financiamiento, %, 2021. Cuentas de Salud del Paraguay.
Composición del gasto de bolsillo en salud de los hogares, %, última medición de montos (2014).
Con seguro médico, % de la población, 2022 y 2025. Ordenado por 2025.
Efectos marginales del modelo logit de cobertura, 2025, en puntos porcentuales, a igualdad de las demás variables. n = 39.142; pseudo-R² 0,351. Todos significativos al 1 % salvo la edad.
| Variable | Efecto, pp | Error estándar | Significativo |
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Fuente: Observatorio Económico FCCAE-UC, «El sistema de salud paraguayo. Financiamiento, carga de enfermedad y equidad del aseguramiento, 2000-2025», versión 2 (octubre de 2026). Microdatos de la EPHC anual del INE 2022-2025; cuentas de salud de la OMS; Cuentas de Salud del Paraguay 2021. Todos los cálculos fueron replicados de forma independiente.
Por qué el ómnibus del AMA pierde pasajeros: el tiempo, no el precio. Animación, cifras y gráficos del estudio «El transporte en el Paraguay», versión 2.
Tiempos, esperas y preferencias: microdatos de la Encuesta de Movilidad del AMA 2021 (PNUD-INE), levantada en pandemia. Costo generalizado: tiempo valorado a la mitad del ingreso laboral por hora de quienes viajan al trabajo en ómnibus, espera y caminata al doble, guaraníes de 2021. Red propuesta: modelo estratégico del estudio.
Minutos por viaje según el modo principal: duración media y duración estimada para 10 km. AMA, 2021.
Costo de un viaje de 10 km: dinero más valor del tiempo (mitad del ingreso por hora; espera y caminata al doble). Guaraníes de 2021.
Aspecto del servicio mencionado primero como el más importante, % de usuarios del último mes. AMA, 2021.
Qué haría que usaran el ómnibus quienes no lo usan, %. AMA, 2021.
Minutos de un viaje de 11,7 km del este del AMA al centro de Asunción. La red propuesta supone troncales a 20 km/h con carril exclusivo; modelo estratégico del estudio.
Costo del viaje de 10 km con otros valores del tiempo (% del ingreso por hora) y ponderadores de la espera. Guaraníes de 2021. La moto es la más barata en todas las combinaciones.
| Supuestos | Ómnibus | Automóvil | Moto |
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Viajes o validaciones por día en el transporte público del AMA, según la fuente. Las cifras declaradas o estimadas y las medidas por el billetaje no son estrictamente comparables.
Subsidio al transporte público del AMA, ₲ miles de millones corrientes. Años sin barra: sin dato verificable.
₲ por pasajero. El pasaje está congelado desde mayo de 2020; la tarifa técnica la fija el Estado.
% de hogares con al menos una moto o un automóvil, 2003-2025 (EPH/EPHC, INE).
Subsidio por viaje o por validación, USD. Bogotá y CABA: costo o tarifa técnica menos tarifa (implícito).
Costo fiscal anual del subsidio según la trayectoria, ₲ miles de millones corrientes.
Modelo estratégico del estudio, con ₲ 6.500 por dólar y pasaje integrado de ₲ 3.000. «Planificación» es la variante que se recomienda para presupuestar.
| Escenario | Viajes por día hábil | Buses | Millones de km al año | Costo, millones de USD | Subsidio, millones de USD | Cobertura tarifaria, % | Subsidio por viaje, ₲ |
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Fuente: Observatorio Económico FCCAE-UC, «El transporte en el Paraguay. Movilidad, parque automotor, carga y subsidios», versión 2 (octubre de 2026). Microdatos de la Encuesta de Movilidad del AMA 2021 (PNUD-INE), levantada en pandemia: sus proporciones son más confiables que sus totales.
Ir a Economía del transporteS&P, Moody's, Fitch y la visión del FMI: qué falta para el tercer grado de inversión. Información al 2 de octubre de 2026.

El Paraguay tiene grado de inversión de Moody's y de S&P. Fitch lo mantiene un escalón por debajo, con perspectiva positiva, y el 30 de setiembre decidió no subirlo: los atrasos con proveedores, de unos USD 1.270 millones al cierre de 2025, y la postergación de la vuelta al tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta 2028 dañaron la credibilidad fiscal.
El estudio se apoya en los informes originales de las tres agencias y del FMI, compara al país con otros 15 de la región y simula 20.000 trayectorias de la deuda. Su conclusión es que el riesgo es de credibilidad, no de solvencia. Propone un plan en dos horizontes: credibilidad fiscal y técnica (2026-2031) y calidad institucional y democrática (2026-2040).
Estudio completo, 101 páginas (suscriptores) · Columna: «El tercer grado de inversión se gana en el presupuesto»
Lo que los datos permiten, y no permiten, decir. Cifras al 25 de setiembre de 2026.
El dólar llegó el 25 de setiembre a ₲ 5.873, su nivel más bajo desde 2018. La historia, el mercado a plazo y el desalineamiento del tipo de cambio real dejan espacio para una recuperación moderada en los próximos doce meses, con un margen de error amplio. Cuánto, lo decidirán Brasil, la Reserva Federal y el petróleo; lo que sigue faltando aquí es una regla para acumular reservas.
El dólar puede haber tocado piso, o no: los datos permiten esperar una recuperación moderada, no garantizarla. Cuánto se mueva lo decidirán Brasil, la Reserva Federal y el petróleo, que no se controlan desde Asunción. Lo que sí se decide aquí es si esos vaivenes se enfrentan con una política cambiaria de una sola dirección o con una regla que actúe en ambas.
El 25 de setiembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) publicó una cotización referencial de ₲ 5.873 por dólar, la más baja desde setiembre de 2018. Desde el máximo de abril de 2025 (₲ 8.030) el dólar cayó 26,9 %, y 17,2 % en doce meses. Además, oscila más: en las últimas cuatro semanas, su volatilidad superó en dos tercios el promedio desde 2010.
La pregunta que se repite en empresas y hogares es si el dólar ya tocó piso. Con un cuarto de siglo de datos del BCP, la respuesta tiene dos partes: hay razones para esperar una recuperación moderada, pero la incertidumbre es amplia.
En el último año, el dólar bajó apenas 2,7 % frente al real brasileño y se mantuvo estable frente a una canasta amplia de monedas. La baja fue, sobre todo, local: exportaciones récord (US$ 14.025 millones entre enero y agosto, 24,7 % más que en igual período de 2025) y una soja 18 % más cara.
Y ocurrió aunque el BCP dejó de vender dólares a los bancos a fines de octubre de 2025. Como siguió comprando las divisas del sector público (US$ 339 millones en lo que va de 2026), pasó de ofrecer en neto unos US$ 400 millones al año a absorber una cifra parecida. Lo que no hizo fue comprar en el mercado: su planilla diaria no registra compras a los bancos desde 2014.
El resultado es un tipo de cambio real (el que descuenta la inflación propia y la de los socios comerciales) más apreciado que en el 97 % de los meses de las últimas tres décadas. Ningún socio explica por sí solo ese extremo: frente a los Estados Unidos, el tipo de cambio real está cerca de su mediana histórica, aunque en el último año fue donde más se apreció el guaraní.
El mercado a plazo es la primera. La curva que publica el BCP ubica el dólar a un año en ₲ 5.975, 1,7 % por encima del precio actual. Esa diferencia sólo compensa que los instrumentos en guaraníes pagan unos dos puntos más de interés que los de dólares: es un costo financiero, no un pronóstico.
La historia es la segunda. Desde 2010, el dólar terminó más caro que un año antes en dos de cada tres períodos de doce meses, con una suba típica de 3,2 %. Pero la cifra depende del período (desde 2003, la suba típica fue de apenas 1 %) y ningún episodio anterior partió de un tipo de cambio real tan apreciado.
La tercera es el desalineamiento. Cuanto más se aleja el tipo de cambio real de su promedio de diez años (en julio estaba unos 15 % por debajo), más tiende después el dólar a recuperar terreno: con la brecha actual, esa relación sugiere cerca de 5 % en un año. Es una señal débil: explica una décima parte de los movimientos, puede errar por diez puntos o más y, medida frente al dólar estadounidense, casi desaparece.
Las tres referencias rondan un +3 % hacia setiembre de 2027 (unos ₲ 6.050), pero comparten la misma tendencia de fondo y no se confirman entre sí. Tampoco dibujan un rango probable: desde 2010, sólo uno de cada seis períodos de doce meses terminó entre +2 % y +5 %, y en uno de cada tres el dólar no subió. En ocho de cada diez, la variación quedó entre −10 % y +12 %; hoy, entre ₲ 5.300 y ₲ 6.580.
Conviene no leer estas cifras como una apuesta. Los modelos del Observatorio, ponderados por su desempeño, hoy no señalan una dirección, y la diferencia entre compra y venta en las pizarras bancarias (de 2,6 % a 4,1 % el 25 de setiembre) absorbe buena parte de esos movimientos.
Octubre es, desde 2001, el mes en que más sube el dólar: 1,6 % en promedio, con alzas en siete de cada diez años. La contracara es la cosecha: entre febrero y abril predominan las bajas, y en marzo el dólar cayó en tres de cada cuatro años. En doce meses, ambos efectos tienden a compensarse.
Brasil. El 4 de octubre se vota la primera vuelta. La encuesta de Datafolha del 25 de setiembre da ventaja a Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro: 40 % a 36 %, y 47 % a 45 % en un balotaje. Un resultado disputado debilitaría al real y presionaría al alza al dólar también aquí; uno que los mercados lean como favorable jugaría en sentido contrario.
La Reserva Federal. El 16 de setiembre subió su tasa a un rango de 3,75 % a 4,00 %, la primera suba desde julio de 2023. Si sigue subiendo, se debilitará uno de los factores que sostuvieron al guaraní: el incentivo a traer dólares para colocarlos en guaraníes.
El petróleo. El crudo de referencia (Brent) volvió a superar los US$ 110 por barril en setiembre. El Paraguay importa todos los derivados que consume: una factura más cara es más demanda de dólares, un riesgo que el BCP mencionó al mantener su tasa en 5,50 % el 22 de setiembre.
Del lado del guaraní. La inflación es de 1,5 %, en el piso del rango meta, y la tasa de interés real ronda el 4 %. Los depósitos en dólares crecieron US$ 2.266 millones en un año y el grado de inversión facilita el financiamiento externo: son dólares que pueden seguir llegando al mercado.
El Banco Central. Once meses sin vender a los bancos es un récord en las series diaria (desde 2013) y mensual (desde 2005). Cuando reanudó, lo hizo casi siempre tras subas del dólar: en cinco de las siete reanudaciones desde 2014, de 1,9 % a 4,8 % en el mes previo.
Los datos muestran una asimetría: el BCP vende cuando el dólar sube, pero no compra en el mercado cuando baja. Por eso vale la pena evaluar lo que el Observatorio propuso el 16 de setiembre: un programa preanunciado de compra de reservas, por un monto fijo, con calendario público y esterilizado (retirando los guaraníes emitidos), sin fijar un precio. No es gratis: cuesta unos dos puntos anuales sobre lo acumulado, y con una inflación bajo la meta el BCP tiene también la alternativa de la tasa de interés.
El dólar puede haber tocado piso, o no: los datos permiten esperar una recuperación moderada, no garantizarla. Cuánto se mueva lo decidirán Brasil, la Reserva Federal y el petróleo, que no se controlan desde Asunción. Lo que sí se decide aquí es si esos vaivenes se enfrentan con una política cambiaria de una sola dirección o con una regla que actúe en ambas.
| Indicador | Dato | Período o referencia |
|---|---|---|
| Dólar referencial del BCP | ₲ 5.873 | 25 de setiembre de 2026 |
| Variación desde el máximo | −26,9 % | Desde el 2 de abril de 2025 |
| Tipo de cambio real multilateral (1995 = 100) | 88,7 | Julio de 2026 |
| Exportaciones totales | US$ 14.025 millones (+24,7 %) | Enero–agosto de 2026 |
| Compras netas del BCP al sector público | US$ 339 millones | 2026, hasta el 18 de setiembre |
| Meses sin ventas del BCP a los bancos | 11 | Desde el 31-10-2025 |
| Dólar a plazo a un año (curva del BCP) | ₲ 5.975 (+1,7 %) | 25 de setiembre de 2026 |
| Cupón cero en ₲ / letra del Tesoro de EE.UU., a 3 meses | 6,01 % / 4,08 % | 25 y 24 de setiembre de 2026 |
| Variación típica (mediana) del dólar a doce meses | +3,2 % | Períodos de 2010 a 2026 |
| Períodos de doce meses en que el dólar no subió | 34 % | 2010–2026 |
| Inflación interanual | 1,5 % | Agosto de 2026 |
Fuente: Observatorio Económico FCCAE-UC con datos del BCP (cotizaciones, planilla de divisas, operaciones a plazo, curvas y Anexo Estadístico del 25 de setiembre de 2026), la base FRED y Datafolha. Detalle en el estudio «El dólar en el Paraguay: tendencias, determinantes y escenarios a doce meses». Este análisis tiene fines académicos e informativos y no constituye una recomendación de compra o venta de divisas.
Presidió el banco emisor entre 1940 y 1947. Un perfil documentado, norma por norma.

Bajo su conducción el Paraguay cerró el mercado de cambios, sustituyó una moneda destruida, dictó su primera ley de bancos y creó la Superintendencia de Bancos. Él mismo sostuvo, en 1945 y en 1982, que esa obra no había sido de un solo hombre.
En febrero de 1941, cuando se dictó el control de cambios, las reservas del banco emisor cubrían el 9,3 % de los billetes en circulación; a fines de 1945, el Fondo de Estabilización Monetaria equivalía al 117,7 %. El perfil reconstruye esa secuencia con el Registro Oficial y las memorias del banco, incluido lo que la celebración suele omitir.
Nueve ejercicios seguidos sin un peso de emisión en el presupuesto. Una reconstrucción documentada, parte por parte.

Vino de una chacra de Mbuyapey, fue juez antes de ser doctor y pasó en Europa entre ocho y diez años, según la fuente. Fue ministro de Hacienda en medio de una corrida bancaria y de una guerra civil, después presidente de la República, y otra vez ministro hasta su muerte, en octubre de 1930.
Según la serie presupuestaria de Herken Krauer, entre los ejercicios 1923-24 y 1931-32 la emisión no aportó nada a los ingresos del Estado; en los veintitrés anteriores había llegado al 51 %. La serie sigue esa regla desde la Oficina de Cambios de 1916 hasta la deuda de Londres y el rearme, con lo que costó y con lo que no llegó a institucionalizarse. Ninguna divergencia entre fuentes se promedia.
Efectivo y medios de pago · Estudios del Observatorio · Octubre de 2026
El Paraguay hace trece veces más pagos sin efectivo que en 2018, y sin embargo nunca tuvo tantos billetes en manos del público como en diciembre de 2025. La segunda edición del estudio del Observatorio, rehecha con las series oficiales del Banco Central tras dos rondas de auditoría adversarial, explica por qué: el QR le gana terreno al billete en el mostrador, pero el efectivo cumple en el sistema cuatro funciones que ningún medio electrónico privado cumple por sí mismo.
Observatorio Económico · FCCAE-UC · Octubre de 2026 · Datos del BCP a junio de 2026
El estudio en cuatro cifras
El efectivo y los pagos electrónicos son sustitutos en el mostrador y complementarios en el sistema. El riesgo no es que alguien prohíba el billete, sino que su red de aceptación y de acceso se desgaste sin que nadie lo decida, y hoy el país no tiene cómo medirlo.
863 millones
Operaciones de pago distintas del efectivo en los 12 meses a junio de 2026, trece veces las de 2018. El SPI explica el 61 %.
₲ 18,4 billones
Efectivo en poder del público en diciembre de 2025, un máximo aun descontada la inflación (₲ 21,7 billones en circulación).
−25 %
Monto real de cada extracción en cajeros frente a 2018: los retiros son más que entonces (50,6 millones), pero de menor valor.
93,6 %
Participación de Bancard en la adquirencia de ventas con tarjeta en 2022, según la CONACOM: un mercado en el que el efectivo y la transferencia gratuita son las salidas del cliente.
En síntesis
La primera edición de este estudio (agosto de 2026) concluía que el efectivo paraguayo «no se extingue: se especializa». Una auditoría adversarial encargada de refutarla, no de confirmarla, encontró que buena parte de la evidencia no se sostenía: la serie de efectivo de la econometría era una reconstrucción con ruido añadido, cuando el Banco Central publica la serie oficial; el deflactor exageraba la caída del monto real por retiro (−36 % en lugar de −25 %); el aumento de 68 % de los cajeros era casi entero un cambio de cobertura del boletín; y la participación del efectivo en las transacciones estaba, en rigor, fijada de antemano.
La segunda edición rehace todos los cálculos con el Boletín Estadístico de Sistemas de Pago (junio de 2026) y el Anexo Estadístico del Informe Económico (21 de julio de 2026), retira lo que no resistió la revisión y apoya la tesis donde sí se sostiene. Una segunda ronda revisó por separado los datos y el código, y el argumento y los hechos externos del borrador, y obligó a nuevas correcciones. Ambas rondas fueron encargadas por los autores y realizadas con asistencia de herramientas de inteligencia artificial: son revisiones internas, no una revisión por pares externa. Todas las correcciones están documentadas en el Anexo A del estudio, y los datos y programas se publican para que cualquiera pueda reproducirlos.
Documento de trabajo · 2.ª edición · octubre de 2026
El efectivo y los medios de pago electrónicos en el Paraguay
Sustitutos en el mostrador, complementarios en el sistema
Catorce secciones y cuatro anexos, 15 gráficos y 11 cuadros, con un anexo que detalla cada corrección respecto de la primera edición.
Base de datos · Excel
Series, cuadros y trazabilidad
Cada cifra del estudio, con su fuente y su cálculo
Las series mensuales del BCP usadas, los cuadros, los resultados econométricos, los pronósticos y una hoja que vincula cada cifra del texto con la hoja de origen y la operación.
En 2018 el boletín del BCP registró 66 millones de operaciones de pago distintas del efectivo: transferencias, tarjetas y cheques. En los doce meses a junio de 2026 registró 863 millones. De los casi 800 millones que se agregaron, 529 millones son transferencias del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), que el boletín no registraba antes de mayo de 2022: sin el SPI, el multiplicador sería de cinco.
Gráfico 1. Operaciones de pago distintas del efectivo, por instrumento

El QR es la interfaz que llevó la transferencia a la caja del comercio: 252 millones de pagos en los últimos doce meses, con un monto medio de ₲ 108.500, el orden de magnitud de una compra de almacén, y una comisión máxima de 1,5 % desde julio de 2026. Es el principal sustituto del billete en el mostrador.
Gráfico 2. El SPI y el QR, mes a mes

Dos advertencias. El total no es un total de pagos en comercios: incluye salarios, envíos entre personas y movimientos entre cuentas propias. Y la cobertura del boletín se amplió con el tiempo, por lo que parte del crecimiento medido es crecimiento de lo que se mide. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, explica un multiplicador de trece.
En diciembre de 2025 los billetes y monedas en circulación sumaron ₲ 21,7 billones, y los que estaban en poder del público, ₲ 18,4 billones: los dos, máximos en guaraníes corrientes, y el segundo también a precios constantes. En los doce meses a junio de 2026, el público tuvo en promedio un 32 % más de efectivo real que en 2018, frente a un crecimiento de la actividad (IMAEP) de 25 % y del PIB real de 21 % entre 2018 y 2025. En promedios anuales, el efectivo en poder del público creció algo más que la economía; en saldos de diciembre (+23,5 %), a un ritmo parecido.
Gráfico 3. El efectivo, a precios constantes

El dato más reciente va en contra de una lectura complaciente. El crecimiento real interanual del efectivo en poder del público, que había llegado a 9,2 % en mayo de 2025, fue de −0,4 % en junio de 2026. El freno no se explica por la tasa de interés —el BCP la bajó de 6 % a 5,5 % a comienzos de 2026—, sino que coincide con el año de mayor crecimiento de los pagos sin efectivo (+71 %).
Gráfico 4. Crecimiento real interanual del efectivo en poder del público

La medida más estable es la proporción del efectivo en el dinero que se usa para pagar: los billetes en poder del público fueron entre el 34 % y el 37 % de M1 en todos los años desde 2010. Frente a M2, que incluye las cajas de ahorro que el SPI volvió transaccionales, el efectivo pierde peso desde 2024. La estacionalidad confirma que se sigue usando para pagar: en diciembre, el efectivo en poder del público supera en 14 % el promedio de su año, y las extracciones, en 34 %.
Gráfico 5. El efectivo mantiene su peso en M1 y lo pierde en M2

Cuadro 1. El efectivo frente a los agregados monetarios y al PIB (%)
| Año | Público / M1 | Público / M2 | Circulación / PIB (dic.) | Público / PIB (dic.) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 34,2 | 22,4 | 5,08 | 4,09 |
| 2018 | 35,4 | 20,4 | 5,97 | 4,80 |
| 2020 | 35,5 | 20,9 | 7,13 | 5,82 |
| 2023 | 36,6 | 20,4 | 6,22 | 5,15 |
| 2025 | 37,3 | 19,0 | 5,85 | 4,94 |
| 2026 (ene-jun) | 36,5 | 17,6 | — | — |
Fuente: Anexo Estadístico del Informe Económico del BCP (21-07-2026), cuadros 5, 21a y 29. «Público»: billetes y monedas en poder del público; «circulación»: billetes y monedas en circulación (M0), que incluye la caja de bancos y financieras.
Los cajeros entregaron dinero 50,6 millones de veces en los doce meses a junio de 2026, más que en 2018 (45,2 millones) aunque menos que en el máximo de 2022 (55,9 millones). Lo que cambió con claridad es el monto: el nominal casi no se movió (de ₲ 732.700 a ₲ 750.000) mientras los precios subían 37 %, de modo que cada extracción vale hoy un 25 % menos a precios constantes. El efectivo deja los pagos medianos al QR y a la tarjeta y conserva los pequeños y los de contingencia: un retiro promedio equivale a unos siete pagos con QR.
Gráfico 6. Monto promedio por extracción, a precios constantes

Las extracciones tuvieron dos fases: crecieron hasta 2022 y cayeron después, hasta un promedio de −10 % interanual entre julio de 2024 y abril de 2025. La recuperación desde mediados de 2025 coincide con la expansión de una nueva red de cajeros que el boletín incorporó en octubre de 2024, UPAY, y con el efecto de base del cierre de 98 cajeros de Bancard en junio de 2024; sin datos por operadora no puede atribuirse a ninguno de los dos. Las dos operadoras históricas pasaron de 1.398 cajeros a fines de 2018 a 1.503 en junio de 2026, por debajo de su máximo de 2022 (1.577); Bancard, de 1.068 a 896.
Gráfico 7. Cajeros automáticos por operadora

En la muestra completa, un aumento de 10 % en las operaciones distintas del efectivo se asocia con una caída de alrededor de 1,6 % del efectivo real (p = 0,07), y la digitalización ayuda a predecir la intensidad de uso del efectivo a uno o dos meses. Pero la segunda auditoría mostró que ambos resultados dependen de dos meses: en abril de 2020 el confinamiento hizo caer los pagos con tarjeta y subir la demanda de billetes al mismo tiempo. Sin 2020, el coeficiente es prácticamente cero (−0,03; p = 0,70), y con variables de impulso para marzo y abril de 2020 la causalidad de Granger deja de ser significativa (p = 0,24).
La primera edición afirmaba que la digitalización explicaba el 14,9 % de las fluctuaciones del efectivo y que el resto era «demanda autónoma». Con las series oficiales, la cifra depende del supuesto con que se identifican los choques (25 % u 11 %) y del tratamiento de 2020 (entre 1 % y 5 % con variables de impulso). La conclusión econométrica es negativa: con ocho años de datos agregados no se puede medir cuánto efectivo desplaza la digitalización. La evidencia de sustitución en el mostrador es descriptiva —el monto real por retiro, el freno de 2026, la pérdida de peso frente a M2—, y la tesis del estudio no descansa en ninguna cifra econométrica.
Gráfico 8. Cuánto explica la digitalización depende del supuesto y de 2020

Los pronósticos indican que, si nada cambia, el Paraguay no se encamina en tres años hacia una economía sin efectivo, sino hacia una con más efectivo nominal, un stock real casi estancado y menos pagos con billetes: ₲ 20,3 billones en poder del público en junio de 2029 (+8 % real con la meta de inflación), con una banda de 95 % de ₲ 15,8 a ₲ 26,1 billones. Es la trayectoria en la que la aceptación puede erosionarse sin que nadie lo advierta.
Gráfico 9. Efectivo en poder del público: pronóstico a junio de 2029

Que el QR desplace al billete en la caja no significa que pueda reemplazarlo en todo lo que hace. El efectivo cumple cuatro funciones que no dependen de cuántos pagos se hagan con billetes, sino de que el billete siga siendo una opción real: que se pueda obtener y que se acepte.
Función 1
Es una de las anclas
Un saldo en una cuenta o una billetera es una promesa privada de entregar guaraníes del BCP. La par la sostienen ante todo la liquidación en reservas, la supervisión y la garantía de depósitos; la posibilidad de retirar billetes —el único dinero del banco central que el público tiene en la mano— la refuerza y da una salida que ningún pasivo privado ofrece.
Función 2
Es una opción de salida frente a las comisiones
La concentración —93,6 % de la adquirencia en 2022, según la CONACOM— ocurrió cuando el efectivo todavía dominaba: por sí solo no basta. Hoy la competencia más directa de la tarjeta es la transferencia gratuita; el billete es la otra salida del cliente, y la vara con que el regulador calibra los topes (3 % crédito, 2 % débito, 1,5 % QR).
Función 3
Funciona cuando lo demás falla
Una vez en el bolsillo, no depende de la electricidad, de las telecomunicaciones ni de un procesador. Pero el respaldo protege a quien ya tiene billetes: en el apagón ibérico también cayeron los retiros en cajeros, y en 2023 los cajeros paraguayos fallaron junto con las tarjetas. Los pagos fuera de línea reducen, sin eliminarla, esa necesidad.
Función 4
Es la puerta de entrada
El 39 % de los adultos no tiene cuenta y solo el 26 % pagó digitalmente en un comercio en 2024 (10 % en 2021). Quien no tiene cuenta entra al sistema digital con efectivo, y los más de 375.000 beneficiarios de la pensión universal la cobran en cajeros o ventanillas. Es, en parte, una función de transición.
Un dinero digital emitido por el banco central podría cumplir algunas de esas funciones: es la vía que eligió el BCE. El Paraguay no lo tiene ni lo ha anunciado, y el estudio no evalúa esa alternativa. Tampoco olvida lo que el efectivo también facilita: con 60 % de informalidad, el anonimato que lo hace un buen respaldo lo hace también el medio de la evasión y el lavado de activos. La posición coherente no es maximizar el efectivo, sino proteger su uso cotidiano y de contingencia y aceptar límites a los pagos grandes.
Gráfico 10. La participación de Bancard

Gráfico 11. El apagón ibérico del 28 de abril de 2025

Gráfico 12. La puerta de entrada todavía es estrecha

La amenaza para esas funciones no es una prohibición del efectivo, que nadie propone en el Paraguay, sino su desgaste. La aceptación del efectivo es una red: cada comercio que deja de aceptarlo reduce el valor de llevarlo, y cada persona que deja de llevarlo reduce el valor de aceptarlo. Del lado del acceso ocurre lo mismo: cada cajero que se retira por bajo uso reduce el uso del siguiente. Una red así puede deshacerse de manera no lineal, sin que nadie lo decida.
Algunos países con un uso muy bajo del efectivo han adoptado obligaciones de aceptación. En Suecia, solo el 5 % pagó en efectivo su última compra en una tienda en 2025; desde julio de 2026, una ley obliga a supermercados y farmacias con caja atendida a aceptarlo. Noruega lo exige desde 2024. En la zona del euro, la proporción de empresas que aceptan efectivo bajó de 96 % a 88 % entre 2021 y 2024. Pero los mismos países limitan los pagos grandes: el Riksbank propone un tope de 10.000 coronas en el comercio minorista, la Unión Europea prohibirá desde 2027 los pagos en efectivo de más de 10.000 euros a comerciantes y el Uruguay acaba de bajar su tope general a 200.000 unidades indexadas. Lo que adoptan es la protección del uso cotidiano del efectivo, no una defensa de cualquier uso.
El Paraguay está lejos de ese punto. Los indicadores de acceso no muestran desgaste: la red de Bancard y Bepsa está estancada desde 2022, pero ueno instaló 969 cajeros y los canales de acceso pasaron de menos de 3.000 a más de 37.000 en diez años. Los de uso sí se mueven: el monto real por retiro cayó un cuarto y el crecimiento real del efectivo llegó a cero. Y el único caso de eliminación legal del efectivo en un servicio esencial —el pasaje del transporte metropolitano, desde 2021— no tuvo evaluación de impacto. Ninguno de esos datos indica que la red de aceptación se esté deshaciendo; indican que el país no tendría cómo saberlo.
Cuadro 2. El Paraguay y sus vecinos
| Dimensión | Paraguay | Brasil | Chile | Uruguay |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo en circulación / PIB | 5,85 % (dic-2025) | 2,56 % (2025) | 5 % a 7,8 % (2019-2021) | ≈6 % (2016) |
| Efectivo / M1 | 37 % (2025) | ≈50 % | 23 % (2024) | n. d. |
| Efectivo en los pagos en punto de venta | No se mide | 40,5 % (2023) | 31,4 % (2024) | No se mide |
| Aceptación obligatoria del efectivo | Sin autoridad de aplicación | Sí: rechazarlo es contravención penal | No específica | No específica |
| Límite a los pagos en efectivo | Ninguno | Ninguno vigente | Proyecto de 2024 (135 UF) | Tope general: 200.000 UI desde octubre de 2026 |
Fuente: bancos centrales de cada país; estudio del Observatorio, cuadro 11. Las participaciones del efectivo provienen de encuestas de diario de pagos y no son estrictamente comparables.
Brasil es el caso regional más informativo: el efectivo cayó de 76,6 % a 40,5 % de los pagos entre 2019 y 2023, años del lanzamiento del Pix y de la pandemia, y el papel moneda en poder del público creció desde 2019 aproximadamente al ritmo de la inflación: su stock real se mantuvo mientras su uso caía casi a la mitad. Su banco central creó Pix Saque y Pix Troco para que los comercios entreguen efectivo con una transferencia: los comercios con retiros pasaron de 1.700 a 11.800 en un año, la mayoría fuera de las capitales. Es el ejemplo de un sistema digital que produce efectivo.
Las cuatro funciones justifican una política de efectivo, no una de promoción del efectivo: el objetivo no es que se use más, sino que siga siendo una opción real. Las medidas tienen, presumiblemente, un costo bajo, que el estudio no estima.
El estudio no evalúa tres medidas que otros países combinan con la protección del efectivo y que el BCP debería considerar con la misma información: un límite a los pagos en efectivo de alto valor, una política sobre las denominaciones altas y la resiliencia del propio SPI. Propone además evaluar el impacto del billetaje electrónico obligatorio sobre adultos mayores y población sin cuenta, pedir la memoria de cálculo de la cifra del 7 % del PIB como costo del efectivo —muy superior al 0,5 % de los estudios europeos— y estimar el costo comparado de cada medio de pago.
Antes de su publicación, el estudio pasó por dos rondas de auditoría adversarial, con la instrucción de refutar y no de confirmar. Las encargaron los autores y se hicieron con asistencia de herramientas de inteligencia artificial: son revisiones internas, no una revisión por pares externa. La primera recalculó todas las cifras de la primera edición con los archivos del BCP. La segunda revisó el borrador de esta edición por separado: los datos y el código, recalculados desde los archivos originales, y el argumento, la interpretación y 44 hechos externos, verificados en sus fuentes.
Ninguna encontró cifras inventadas; los paneles de datos coincidieron exactamente con los archivos del BCP. Los problemas estaban en la interpretación. El más importante: la relación estadística entre digitalización y efectivo dependía de marzo y abril de 2020, cuando el confinamiento hizo caer los pagos con tarjeta y subir la demanda de billetes al mismo tiempo, y desaparece cuando se aíslan esos dos meses. La segunda ronda también obligó a reformular las cuatro funciones como mecanismos con sustitutos parciales, a retirar la afirmación de que el desgaste del acceso ya es visible, a incorporar los límites al efectivo de alto valor que adoptan los mismos países que lo protegen y a condicionar el piso de aceptación a la medición.
Cuadro 3. Principales correcciones de la segunda edición
| Primera edición o borrador | Segunda edición |
|---|---|
| La frecuencia de extracción es «rigurosamente constante»; el monto real por retiro cayó 36 % | Las extracciones subieron hasta 2022 y cayeron después, sin un quiebre estadísticamente significativo; el monto real cayó 25 % |
| La red de cajeros creció 68 % | Casi todo el aumento es la incorporación de una red nueva al boletín; la red histórica creció 7,5 % |
| ₲ 21,7 billones «en poder del público» | Es el total en circulación; en poder del público había ₲ 18,4 billones |
| Participación del efectivo en los pagos de 72 % a 40 % | No se publica: estaba fijada de antemano; el Paraguay no la mide |
| La digitalización explica el 14,9 % de las fluctuaciones del efectivo; elasticidad de −0,16 | No se puede medir con datos agregados: el resultado depende del orden de identificación y del confinamiento de 2020 |
| El efectivo «es el ancla» y «pone un techo a las comisiones» | Es una de las anclas y una opción de salida, junto con las reservas, la supervisión, la transferencia gratuita y los topes |
| El desgaste de la red de cajeros ya es visible | No hay indicios de desgaste en el acceso; falta un instrumento para detectarlo |
| Piso de aceptación en lo esencial | Condicionado a que la medición muestre un problema; se declaran las medidas no evaluadas, como los límites al efectivo de alto valor |
Fuente: Anexo A del estudio (cuadros A1 y A2).
Estudio completo
El documento de trabajo, 2.ª edición (octubre de 2026), en Word y en PDF, con el Anexo A de correcciones respecto de la primera edición.
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Fuentes y método
Fuentes: Banco Central del Paraguay, Boletín Estadístico de Sistemas de Pago (edición de junio de 2026: SIPAP_02, SIPAP_06, SIPAP_07, CCC 01, OMP 01 a OMP 04) y Anexo Estadístico del Informe Económico (versión del 21 de julio de 2026: cuadros 5, 9, 15, 19, 21a y 29). Fuentes externas: CONACOM, Banco Mundial (Global Findex 2025), BCP (ENIF 2026-2031 y resoluciones sobre comisiones), Banco de España, BCE, Riksbank, Norges Bank y Banco Central do Brasil.
Definiciones: «operaciones distintas del efectivo» suma las transferencias del SPI, del LBTR por cuenta de clientes y de la ACH, los cheques y las compras con tarjeta; no es un total de pagos en comercios. «En circulación» (M0) incluye la caja de bancos y financieras; «en poder del público», no. Los montos reales se deflactan mes a mes por el IPC. La infraestructura se compara a perímetro constante (Bancard y Bepsa).
Método: regresión de la demanda de efectivo en diferencias de doce meses con errores de Newey-West; VAR en primeras diferencias con variables estacionales y los dos órdenes de Cholesky; contraste de Andrews de cambio de media; pronósticos SARIMA con validación fuera de muestra.
Límites: el Paraguay no mide la participación del efectivo en los pagos y el estudio no la estima; el boletín cambió de cobertura desde julio de 2024 y no publica extracciones por operadora; la muestra es corta y está dominada por el choque de 2020; el estudio no estima la contribución del efectivo a la informalidad ni el costo de las medidas; los datos de pagos llegan a junio de 2026 y no incorporan el boletín de setiembre.
Cómo citar: Observatorio Económico FCCAE-UC (2026). El efectivo y los medios de pago electrónicos en el Paraguay. Sustitutos en el mostrador, complementarios en el sistema, 2.ª edición. Asunción: Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción». © Observatorio Económico · Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas · Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción».
Salud · Estudio especial
Observatorio Económico · FCCAE-UC · Octubre de 2026 · Cálculos replicados de forma independiente y dos rondas de auditoría adversarial · Resumen del estudio
Siete de cada diez paraguayos —4,26 millones de personas— no tienen ningún seguro médico, ni del IPS ni privado. Y sin embargo, cuando se enferman, en general se atienden. Ese es el hallazgo central del estudio del Observatorio Económico sobre el sistema de salud, hecho con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INE para 2022–2025: el país avanzó mucho en llegar a la consulta. Lo que no resolvió es quién paga lo que viene después.
El Observatorio midió cuánto depende del ingreso la probabilidad de consultar cuando una persona se enferma. El índice de inequidad horizontal —cuánto pesa el ingreso, descontados edad, sexo y gravedad— cayó de 0,040 en 2022 a 0,013 en 2025: se redujo a un tercio. No es cero, de modo que no corresponde hablar de equidad lograda. Pero es pequeño.
Detrás de ese número hay algo que importa más. Entre 2022 y 2025 la tasa de consulta del quintil más pobre —el 20 % de menores ingresos— subió casi siete puntos, del 60,8 % al 67,7 %, mientras la del más rico terminó donde empezó, en torno al 70 %, tras subir al 76 % y volver a caer. La brecha se cerró sobre todo porque mejoraron los de abajo, aunque el último año la tasa general bajó cinco puntos y parte del cierre fue retroceso de los de arriba. El estudio no prueba causas, pero el patrón es el que se esperaría de la gratuidad de 2008, de las Unidades de Salud de la Familia y de la entrega gratuita de medicamentos. Nadie lo ha reclamado como logro.
Todo el estudio fue recalculado desde cero, con código nuevo. Los números se reproducen hasta el tercer decimal. Y apareció otra cosa.
Separados los episodios en triviales —resfríos y gripes, dos tercios del total— y el resto, la desigualdad que queda en 2025 no está repartida: se concentra en las dolencias serias. En los resfríos la consulta ya no depende del ingreso. En bronquitis, neumonías, dengue o covid todavía sí, con una señal estadística moderada: una pista fuerte, no un veredicto.
Paraguay no alcanzó la equidad en el acceso: la alcanzó primero donde menos hacía falta. Hay que decirlo junto al logro, porque corrige a quién mirar: al que no consulta por una neumonía, no al que no consulta por un resfrío.
El recálculo corrigió además una lectura: el modelo original no encontraba efecto del ingreso sobre la consulta porque daba por fija la tenencia de seguro, que es el canal por donde el ingreso opera. Sin ese ajuste el efecto aparece, pequeño y nítido. El ingreso pesa poco, y casi todo lo que pesa lo hace a través del seguro.
Según la última medición de montos, de 2014, la consulta es apenas el 6 % de lo que un hogar gasta de su bolsillo en salud. El resto es medicamentos, 53 %; estudios, 23 %; internación, 18 %.
El gasto de bolsillo financió en 2023 el 36,3 % del gasto corriente en salud: el más alto entre los ocho países sudamericanos con cuentas comparables. Uruguay está en el 17,1 %. El umbral razonable suele fijarse en el 20 %. Paraguay está dieciséis puntos por encima.
La carga es regresiva: pesa más cuanto menos se tiene. En 2014, un hogar en pobreza extrema que enfermaba destinaba el equivalente al 95,8 % de un mes de ingreso; uno no pobre, el 21,4 %. Una sola internación consumía el 64,4 % de la capacidad de pago mensual.
Una advertencia sobre el indicador más citado: ese porcentaje mide cómo se reparte el financiamiento, no la carga sobre el hogar. Puede mejorar sin que ninguna familia pague un guaraní menos, como pasó en 2021 por el gasto de la pandemia; en 2022 rebotó al 38,9 %. Lo que mide carga es el gasto catastrófico, y no se mide desde 2014.
¿Por qué no crece la cobertura? La respuesta no está en el Ministerio de Salud: está en la estructura del empleo.
Entre los ocupados no agropecuarios, la cobertura de los formales es del 78,4 % y la de los informales, del 11,3 %. A igual ingreso, escolaridad, edad, sexo y zona de residencia, un ocupado formal tiene 28,9 puntos porcentuales más de probabilidad de estar asegurado. Dos personas con el mismo ingreso quedan de lados distintos del sistema según cómo estén empleadas.
Con un 60 % de informalidad, eso marca un techo. Si en diez años se formalizara el 20 % de los informales actuales, se sumarían unas 350.000 personas con sus familiares a cargo: cinco puntos de cobertura, hasta cerca del 36 %. Es todo lo que el mercado laboral puede aportar.
Entre quienes viven en pobreza extrema, la cobertura es hoy del 0,57 %. Prácticamente nadie.
Si hubiera que elegir una sola intervención, sería esta. Los fármacos absorben el 36,4 % del gasto total en salud —más que los recursos humanos— y son el 53 % del gasto de bolsillo. En los hogares en pobreza extrema, el 72 %.
El Estado ya está ahí: el 82,2 % de los pacientes del quintil más pobre que consultaron en 2025 recibió medicamentos gratuitos, frente al 50,4 % del más rico. Es una de las prestaciones más progresivas del sistema. Su alcance nacional creció trece puntos desde 2022, pero la ventaja de los pobres sobre los ricos es la misma: creció el programa; no cambió a quién favorece.
La mala noticia es lo que queda afuera: casi uno de cada cinco pacientes del quintil más pobre salió de la consulta sin medicamentos gratuitos, y a eso se suma el tercio que no consultó.
Primero, la compra conjunta de medicamentos. El Ministerio y el IPS compran, en lo esencial, por separado, y renuncian al descuento por volumen en el rubro que más pesa. El Consejo Nacional de Salud existe desde 1996 para coordinarlos; falta usarlo.
Segundo, compensar los subsidios cruzados. El 19 % de las consultas de asegurados del IPS ocurre en establecimientos del Ministerio, gratuitos por ley: la red que atiende a los más pobres absorbe un costo que el aporte del trabajador ya cubrió. Compensarlo no requiere dinero nuevo; requiere identificar al paciente y acordar una tarifa.
Tercero, y el más barato: volver a medir lo que pagan los hogares, que no se cuenta desde 2014.
Paraguay gasta el 4,63 % del PIB en salud pública contra una meta regional del 6 %. Cerrar esa brecha es legítimo, pero importa el orden: más gasto sobre la misma arquitectura —cada subsistema comprando y atendiendo por su lado— reproduciría a mayor escala la desprotección que ya existe. Primero la arquitectura; después el volumen.
Más sobre este estudio. Micrositio interactivo con los diecisiete gráficos, el panel de datos y la auditoría completa en Sistema de salud; estudio completo (85 páginas, Word y PDF) en Estudios Especiales; código de la replicación y bases de resultados en Data.
Estudios especiales · Finanzas públicas y deuda soberana
S&P, Moody's, Fitch y la visión del FMI: fortalezas, vulnerabilidades, comparación regional, calidad institucional y hoja de ruta para consolidar el grado de inversión.
Moody's
Baa3
Estable · grado de inversión desde julio de 2024
S&P
BBB-
Estable · grado de inversión desde diciembre de 2025
Fitch
BB+
Perspectiva positiva · ratificó el 30 de setiembre de 2026
Deuda del sector público
38,2%
del PIB en 2025 (FMI)
Atrasos con proveedores
1.270
millones de USD al 31 de diciembre de 2025
Riesgo país (EMBI)
115 pb
fines de setiembre de 2026
La calificación soberana resume en una letra la opinión de una agencia sobre la capacidad y la voluntad de un Estado de pagar su deuda en tiempo y forma. Tiene consecuencias concretas: fija un piso para el costo del financiamiento público y privado, define qué inversores institucionales pueden comprar los bonos del país y funciona como techo para las calificaciones de bancos, empresas y gobiernos subnacionales. Para una economía pequeña, abierta, sin litoral y que se financia sobre todo en dólares, como la paraguaya, la calificación es parte de la infraestructura financiera del desarrollo.
El umbral entre BBB-/Baa3 y BB+/Ba1 separa el grado de inversión del grado especulativo. Muchos mandatos de inversión y algunos índices de renta fija se basan en la mediana o en al menos dos calificaciones, de modo que el segundo grado de inversión del Paraguay, el de S&P en diciembre de 2025, habilita en principio esa elegibilidad. El tercero opera sobre todo como seguro frente a la pérdida de alguno de los dos.
Gráfico 1. Calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera, 1995-2026

El ascenso fue lento: el Paraguay pasó nueve años en Ba1 con Moody's y casi ocho en BB+ con Fitch. Las agencias necesitaron ver el historial de políticas atravesar varios choques antes de cruzar el umbral. El default de 2003 todavía pesa de dos maneras: Fitch lo convierte en un factor favorable, porque desde entonces el país lleva más de veinte años sin reestructurar deuda, y la literatura de «intolerancia a la deuda» sugiere que los mercados exigen a estos países umbrales de deuda más bajos.
| Agencia | Largo plazo, moneda extranjera | Perspectiva | Última acción | Grado de inversión |
|---|---|---|---|---|
| Moody's | Baa3 | Estable | 17-jul-2026: ratificación | Desde el 26-jul-2024 |
| S&P Global Ratings | BBB- | Estable | 17-dic-2025: suba desde BB+ | Desde el 17-dic-2025 |
| Fitch Ratings | BB+ | Positiva | 30-set-2026: ratificación (R) | Pendiente (un escalón) |
Fuente: comunicados de las agencias y del MEF. (R): dato reconstruido a partir del comunicado del MEF, la nota del BCP y la prensa especializada, porque el texto primario de Fitch de setiembre de 2026 no pudo leerse.
El estudio se apoya en las fuentes originales de las agencias, publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y no en resúmenes de prensa: los Research Updates de S&P de 2024 y 2025, los comunicados y las Credit Opinions de Moody's de 2024 a 2026, y los comunicados de Fitch de 2024 y 2025. Del FMI se usaron el comunicado del Artículo IV 2026, la declaración final de la misión y los informes de país de 2024 y 2026.
Moody's subió al Paraguay a Baa3 el 26 de julio de 2024 por cuatro razones: un crecimiento medio esperado de alrededor de 3,5%, una deuda cercana a 40% del PIB, muy por debajo de la de sus pares, una desdolarización incipiente y la aprobación de reformas institucionales. Su matriz de puntuación de enero de 2026 explica dónde está el techo:
| Factor | Qué lo explica | Puntaje |
|---|---|---|
| F1. Fortaleza económica | Crecimiento medio 2020-2029 de 3,3%; escala pequeña (PIB de USD 44.700 millones); PIB por habitante PPA de USD 18.665 (2024) | baa3 |
| F2. Instituciones y gobernanza | Calidad institucional ba; efectividad de las políticas fiscal y monetaria baa | baa3 |
| F3. Fortaleza fiscal | Deuda/PIB de 41,9% (a2) e intereses/PIB de 2,0% (a1), pero con un ajuste de –3 puntajes por deuda en moneda extranjera | ba2 |
| F4. Susceptibilidad a eventos | Riesgo político, liquidez del gobierno, sector bancario y vulnerabilidad externa; actúa como tope | a |
| Rango indicado | Fortaleza financiera del gobierno: baa2 | Baa2-Ba1 → Baa3 |
Fuente: Moody's, Credit Opinion del 23 de enero de 2026, con indicadores de 2024.
La composición por monedas le cuesta al Paraguay tres puntajes en el factor fiscal, pero eso no equivale a tres escalones de calificación: eliminar el ajuste mejoraría, a lo sumo, alrededor de un escalón el rango indicado. Además, desdolarizar tiene un costo en otra métrica que Moody's vigila, porque los bonos en guaraníes pagan tasas más altas: los intereses ya absorben 13,1% de los ingresos, por encima de la mediana Baa3 de 11,8%.
El 17 de julio de 2026, ya con los atrasos reconocidos, Moody's ratificó Baa3 estable. Destacó el crecimiento de 6,6% en 2025, una deuda del gobierno general de alrededor de 42% del PIB, «well below the Baa3-rated median of around 59%», y un régimen de metas de inflación creíble. Señaló como debilidades los ingresos del gobierno, de apenas 14,3% del PIB, más de 80% de la deuda en moneda extranjera, instituciones más débiles que las de sus pares y los atrasos, que «underscores… weaknesses in public financial management». Para subir pide reformas que fortalezcan materialmente las instituciones, más ingresos y menos deuda en dólares; entre las causas de baja agregó «a renewed accumulation of government arrears».
S&P tuvo la secuencia más rápida: subió a BB+ en febrero de 2024, pasó la perspectiva a positiva en enero de 2025 y otorgó el BBB- el 17 de diciembre de 2025.
«The upgrade reflects Paraguay's recent history of sound economic policies, which have led to strong economic growth, and monetary and fiscal flexibility. Political consensus on these policies and on the importance of private investment for Paraguay's economic development has resulted in effective governance.»S&P Global Ratings, 17 de diciembre de 2025
Gráfico 2. S&P: puntajes de los componentes de la calificación del Paraguay, 2024-2025

La suba se explica por el componente monetario, que pasó de 5 a 3 por la credibilidad del BCP, y por la flexibilidad fiscal, que pasó de 3 a 2. Las proyecciones de S&P eran, sin embargo, optimistas en lo fiscal: un déficit del gobierno general de 1,5% del PIB en 2026 y 2027, frente al 3,2% y hasta 3,9% que hoy proyecta el gobierno. Para subir, S&P pide un crecimiento por habitante superior al de pares, más diversificación y menos deuda en moneda extranjera; podría bajar si se debilitan el perfil fiscal y el externo. Si la flexibilidad fiscal volviera de 2 a 3, el cambio quizá no bastaría por sí solo para bajar la nota, pero eliminaría el margen frente a cualquier otro deterioro. Ese desvío es el principal punto de vigilancia de su próxima revisión.
Fitch es, por la arquitectura de su metodología, la agencia más exigente con el Paraguay. Su modelo cuantitativo (SRM) dio BB en 2024 y 2025, y el comité sumó un escalón por el historial de políticas macroeconómicas prudentes. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial tienen, según la propia agencia, «the highest weight» en ese modelo.
En octubre de 2025, Fitch pasó la perspectiva a positiva por la cartera de inversiones (equivalente a 16% del PIB), los déficits bajos, una deuda que habría tocado su máximo en 2024, la caída de la deuda en moneda extranjera y reservas de 5,8 meses de pagos externos. Sus gatillos de suba son un crecimiento más alto con estabilidad, más flexibilidad fiscal con menos deuda y más ingresos, y «evidence of a sustained improvement in governance including combatting corruption».
Fitch reconoció el crecimiento de 6,6% en 2025 (mediana BB: 3,8%), una deuda de 31,7% del PIB (mediana BB: 51,6%), la inflación baja y la caída de la deuda en moneda extranjera a 74,5%. Mantuvo BB+ por siete alertas:
La diferencia con S&P y Moody's responde a la ponderación y al momento, más que al diagnóstico. El modelo de Fitch combina variables en las que el Paraguay sale bien (deuda, crecimiento, inflación, liquidez externa) con otras en las que sale mal y que pesan mucho: la gobernanza, el ingreso por habitante y la escala. Para llegar a BBB- hay dos caminos: una mejora del modelo o un ajuste cualitativo adicional, por ejemplo en finanzas públicas si se restablece la credibilidad fiscal. Después del episodio de atrasos, un ajuste negativo en ese pilar es al menos tan plausible como uno positivo: el episodio operó en contra del camino más corto.
Entre 2022 y 2026 el Paraguay tuvo la relación más intensa con el FMI de su historia reciente, sin usar recursos del Fondo para balanza de pagos. El Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI), sin desembolsos, funcionó como ancla de la convergencia fiscal; el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), de unos USD 400 millones, apoyó reformas climáticas. Ambos vencieron en febrero de 2026. El balance tiene matices: la deuda flotante fue el único criterio cuantitativo incumplido, en junio de 2025, y en retrospectiva fue el primer síntoma de los atrasos; quedaron pendientes el cruce de declaraciones juradas y la metodología tarifaria de la ANDE.
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026p |
|---|---|---|---|---|
| PIB real (variación %) | 5,3 | 4,7 | 6,6 | 4,4 |
| Inflación, fin de período (%) | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 3,5 |
| Resultado fiscal (% del PIB) | -4,1 | -2,6 | -2,0 | -3,5 |
| Deuda del sector público (% del PIB) | 41,0 | 44,6 | 38,2 | 36,7 |
| Reservas internacionales brutas (USD M) | 9.892 | 9.568 | 10.663 | 10.963 |
Fuente: FMI, comunicado de prensa 26/280 (28 de agosto de 2026) e informes de país 24/200 y 26/13.
Los mensajes del Artículo IV 2026 son cinco:
Leen la economía de la misma manera: crecimiento robusto, deuda sostenible con riesgo bajo de tensión soberana y política monetaria creíble. La diferencia es de énfasis. El FMI pone el foco en la causa del problema fiscal, la gestión financiera pública; las agencias, en su efecto, la credibilidad del ancla y la trayectoria de la deuda.
El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 4,4% en 2026 y cuantifica la vulnerabilidad climática: la sequía de 2021-2022 redujo la cosecha de soja a menos de la mitad. La OCDE mide los ingresos tributarios totales, con seguridad social, en 15,8% del PIB en 2024, frente a 21,7% en América Latina y el Caribe y 34,1% en la OCDE. El BID publicó en 2026 un libro sobre la consolidación del grado de inversión, que concluye que este «no constituye un punto de llegada, es más bien un activo estratégico que debe ser preservado y profundizado». En el debate local, centros de pensamiento y economistas advirtieron sobre la pérdida de margen fiscal y el uso de deuda para financiar gasto corriente.
Al cruzar los factores que las cuatro instituciones mencionan con más frecuencia, la coincidencia en el signo es casi total. Las diferencias están en la intensidad y en la fecha de cada informe.
| Factor | S&P (dic-2025) | Moody's (jul-2026) | Fitch (oct-2025 y set-2026) | FMI (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento | + Fortaleza central | + 6,6% en 2025 | + Muy por encima de la mediana BB | + «Notable resiliencia» |
| Nivel de deuda | + Deuda neta de 23-25% | + 42% frente a una mediana de 59% | + 31,7% frente a una mediana de 51,6% (R) | + Riesgo bajo de tensión |
| Moneda de la deuda | – Más de 80% en dólares | – Ajuste de –3 en el factor fiscal | ± Mejora a 74,5% (R) | ± Desdolarización valorada |
| Base de ingresos | ± Presión tributaria en alza | – Ingresos de 14,3% del PIB | – «Low revenue base» | – Prioridad de política |
| Credibilidad fiscal y atrasos | ± Informe previo a los atrasos | – Gatillo de baja | – Razón para no subir (R) | – Regularizar; base devengado |
| Política monetaria | + Componente de 5 a 3 | + Efectividad baa | + Un escalón por historial | + Postura adecuada |
| Gobernanza | ± Reformas en curso | – En o bajo el percentil 25 | – Percentil 39; ESG 5 | – Anticorrupción y lavado |
| Clima y materias primas | – Exposición a la soja | – Perfil ambiental E-3 | – Choques climáticos | – Riesgo a la baja |
Signos: + fortaleza; – debilidad; ± mixto o neutral. Fuente: Observatorio Económico, sobre los informes primarios de cada institución.
La deuda pública de 2025 aparece entre 31,7% y 42% del PIB según la fuente: Fitch (R), 31,7%; S&P, 32,3% del gobierno general; el MEF, 36,1% en su comunicado sobre Fitch y alrededor de 41% para la deuda pública total; el FMI, 38,2% del sector público; Moody's, alrededor de 42% del gobierno general. No es un error: cambian el perímetro y la conversión cambiaria. La apreciación del guaraní reduce el cociente cuando la deuda en dólares se mide sobre un PIB en guaraníes.
Solo seis de los 16 soberanos latinoamericanos analizados tienen grado de inversión de al menos dos agencias: Chile, Uruguay, Perú y México lo tienen de las tres; el Paraguay y Panamá, de dos, con la misma combinación Baa3 / BBB- / BB+. La diferencia es la dirección: Panamá tiene perspectiva negativa en Moody's y perdió el grado de inversión de Fitch en 2024; el Paraguay tiene perspectiva positiva en Fitch.
Gráfico 3. Calificación promedio de las tres agencias en América Latina, octubre de 2026

| País | Moody's | S&P | Fitch | Promedio (1-21) | Grados de inversión | Deuda GG 2025 (% PIB) | IPC-TI 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | A2 | A | A- | 15,7 | 3 | 41,8 | 63 |
| Uruguay | Baa1 | BBB+ | BBB | 13,7 | 3 | 65,7 | 73 |
| Perú | Baa1 | BBB- | BBB | 13,0 | 3 | 30,7 | 30 |
| México | Baa3 | BBB | BBB- | 12,3 | 3 | 61,8 | 27 |
| Paraguay | Baa3 | BBB- | BB+ | 11,7 | 2 | 38,1 | 24 |
| Panamá | Baa3 | BBB- | BB+ | 11,7 | 2 | 56,6 | 33 |
| Guatemala | Ba1 | BB+ | BB+ | 11,0 | 0 | 27,2 | 26 |
| Brasil | Ba1 | BB | BB | 10,3 | 0 | 93,3 | 35 |
| Colombia | Baa3 | BB- | BB | 10,3 | 1 | 59,9 | 37 |
| Costa Rica | Ba2 | BB | BB | 10,0 | 0 | 60,4 | 56 |
| Rep. Dominicana | Ba2 | BB | BB- | 9,7 | 0 | 59,0 | 37 |
| Honduras | B1 | BB- | NC | 8,5 | 0 | 41,2 | 22 |
| Argentina | B3 | B- | B- | 6,0 | 0 | 80,3 | 36 |
| Ecuador | Caa1 | B | B- | 6,0 | 0 | 54,4 | 33 |
| El Salvador | B3 | B- | B- | 6,0 | 0 | 87,2 | 32 |
| Bolivia | Caa2 | CCC+ | CCC | 4,3 | 0 | 84,8 | 28 |
Fuente: comunicados de las agencias; FMI, World Economic Outlook (abril de 2026); Transparency International. Escala numérica de 1 (default) a 21 (AAA), con BBB- = 12. NC: no calificado por Fitch.
Una regresión de la calificación promedio sobre el ingreso por habitante, la deuda y la percepción de la corrupción, estimada con los otros 15 países, predice para el Paraguay 11,1 (BB+) en una escala de 21 puntos, frente a 11,7 observado. La diferencia, de medio escalón, es mucho menor que el error de predicción (2,4) y cambia de signo según la especificación. La conclusión que resiste es que la calificación está en línea con los fundamentos: ni sobrecalificada ni subcalificada.
Gráfico 4. Calificación predicha fuera de muestra frente a calificación observada

La LRF fijó en 2013 un tope de déficit de 1,5% del PIB. En los doce ejercicios entre 2014 y 2025, el tope se cumplió solo en 2016, 2017 y 2018; en 2019-2021 rigieron suspensiones legales y en los demás años la convergencia se postergó. Para una agencia, el problema no es el déficit de un año, sino una regla que se incumple más de lo que se cumple y una medición en base caja que permite «cumplir» difiriendo pagos.
Gráfico 5. Déficit fiscal de la administración central frente al tope de la LRF, 2013-2028

La recaudación tributaria (11,4% del PIB en 2024 según el FMI) está entre las más bajas de la región. Moody's mide los ingresos del gobierno en apenas 14,3% del PIB. La brecha con la región es de 5 a 6 puntos del PIB.
Gráfico 6. Paraguay: ingresos tributarios totales, 1990-2024 (% del PIB)

Con las emisiones en moneda local y el efecto de la apreciación, la participación del guaraní en la deuda pasó de 8,3% en agosto de 2023 a alrededor de 25% a mediados de 2026. Es un avance real, pero tres cuartas partes de la deuda siguen en moneda extranjera.
Gráfico 7. Participación de la deuda en guaraníes en la deuda pública total, 2023-2026

El diferencial EMBI bajó de 190 puntos básicos a fines de 2023 a 101 a fines de 2025, en línea con el ingreso al grado de inversión, aunque también coincidió con una compresión general de los diferenciales emergentes. Después de las noticias fiscales de 2026 volvió a subir, de 98 puntos en junio a 115 en setiembre.
Gráfico 8. Diferencial soberano EMBI del Paraguay, 2023-2026 (puntos básicos)

| Vulnerabilidad | Probabilidad | Impacto | Agencia más sensible | Alerta temprana |
|---|---|---|---|---|
| Nuevos atrasos o desvío de la senda fiscal | Media | Alto | Fitch, Moody's | Deuda flotante; ejecución del PGN 2027 |
| Transición de Itaipú con presión neta sobre el gasto | Media-alta | Medio | S&P, Fitch | Anexo C; tarifa 2027 |
| Depreciación de más de 15% | Media | Medio | Moody's, S&P | Tipo de cambio real; precio de la soja |
| Sequía severa | Media | Medio | Todas | Caudales; cosecha; generación |
| Estancamiento de Paracel o Atome | Media | Medio | Fitch, S&P | Cierre financiero; contrato eléctrico |
| Retroceso en gobernanza | Media | Medio-alto | Fitch | WGI; evaluación del GAFILAT |
| Déficit de cuenta corriente financiado con deuda | Baja-media | Medio | S&P | Cuenta corriente; IED neta |
| Pasivos contingentes | Baja-media | Medio | Moody's, Fitch | ANDE, Petropar, APP, previsión |
Fuente: elaboración y juicio del Observatorio Económico, sobre la base de los gatillos publicados por las agencias y de los riesgos señalados por el FMI.
El Observatorio simuló 20.000 trayectorias de la deuda del sector público, con choques de crecimiento, sequías con una probabilidad anual de 15%, variaciones del tipo de cambio sobre la parte en moneda extranjera y un ajuste stock-flujo como el histórico. Compara cuatro sendas fiscales:
| Escenario | 2027 | 2028 | 2030 | Rango 2030 (p10-p90) | Prob. de superar 45% | Prob. de superar 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | 39,3 | 39,2 | 39,0 | 33,2-45,7 | 12% | 2% |
| Central del Observatorio | 39,9 | 41,4 | 43,4 | 37,0-50,7 | 38% | 12% |
| Consolidación anticipada | 38,9 | 39,1 | 38,5 | 33,0-44,9 | 10% | 1% |
| Adverso | 41,8 | 45,8 | 53,2 | 45,8-61,5 | 92% | 70% |
Medianas de 20.000 trayectorias. Punto de partida: 38,2% del PIB en 2025, con 74,5% en moneda extranjera. Las probabilidades corresponden a 2030 y valen bajo los supuestos del modelo.
Gráfico 9. Abanico de la deuda del sector público, 2025-2030

La deuda no compromete hoy la solvencia, y el margen frente a las medianas de las agencias sigue siendo amplio en la mayoría de los escenarios. Pero con una base de ingresos de 14% del PIB, una senda sin consolidación deriva hacia la zona de alerta. El riesgo dominante es de credibilidad y de deriva, y la calificación se deterioraría bastante antes de que la deuda llegara a niveles críticos.
| Escenario | Supuestos | Resultado probable | Probabilidad subjetiva |
|---|---|---|---|
| A. Tercer grado de inversión en la revisión de 2027 | Atrasos cancelados sin reacumulación; PGN 2027 dentro de su techo; senda legal hacia 1,5% en 2028; Itaipú presupuestado; cierre financiero de Paracel | Fitch sube a BBB- en 2027; Moody's y S&P estables | 20-30% |
| B. Tercer grado de inversión en 2028 o más tarde | Convergencia creíble pero estrecha; Fitch espera el resultado de 2028; avances lentos en gobernanza | Fitch mantiene BB+ hasta ver el cierre de 2028; Moody's y S&P estables | 45-55% |
| C. Deterioro | Nuevos atrasos o déficit de 2027 por encima del techo; gasto electoral; Itaipú no compensado; sequía o depreciación fuerte | S&P o Moody's pasan la perspectiva a negativa; riesgo de perder un grado de inversión en 2028-2029 | 15-25% |
Juicio del Observatorio Económico. Los rangos son subjetivos e ilustrativos; no se derivan de un modelo estadístico.
El escenario B es el más probable porque coincide con el patrón histórico y con las proyecciones de las agencias, que esperan un déficit cercano a 2% en 2028. El escenario C no es el central, pero concentra en 2027-2028 tres riesgos simultáneos: Itaipú, el ciclo electoral y el clima.
La segunda versión del estudio agrega un capítulo sobre un punto que las agencias registran como «gobernanza». Su tesis es que la debilidad institucional que pesa sobre la calificación no se explica solo por la falta de herramientas administrativas: depende en buena medida de los equilibrios de poder que determinan si esas herramientas se aplican y perduran. Lo que los índices miden es la superficie de cuestiones más profundas: si la división de poderes funciona en los hechos, si los órganos de control pueden controlar a quienes los designan, si las instituciones técnicas están protegidas del ciclo político, si la prensa y la sociedad civil pueden exigir cuentas y si el empleo público responde al mérito.
La reforma instrumental cambia herramientas y procedimientos dentro de la órbita de un poder: el registro de compromisos, la factura electrónica o una plataforma de compras. Es rápida, pero puede revertirse con la misma facilidad. La reforma institucional cambia la distribución y los límites del poder: cómo se designa y se remueve a jueces, fiscales y contralores, qué autonomía tienen el banco central o el consejo fiscal, qué capacidad tiene el Congreso de controlar. Las primeras son la materia prima de la credibilidad; solo perduran si las sostienen las segundas.
La evidencia empírica sobre la distancia entre la norma escrita y su funcionamiento es consistente: la independencia judicial de facto, y no la de jure, se asocia con el crecimiento; la independencia legal del banco central no predice la inflación en los países en desarrollo, donde pesa más la práctica; y la mera existencia de una regla fiscal no tiene efecto causal, mientras que su diseño sí. El Paraguay ofrece ejemplos propios: la LRF postergada, la prohibición de comprometer gasto sin crédito presupuestario que no impidió los atrasos, una ley de servicio civil que excluye a dos de los tres poderes y un consejo fiscal asesor creado por decreto, sin base legal ni autonomía.
Desde North y Weingast (1989), la literatura sostiene que los límites al poder hacen creíble el compromiso de pago del Estado, aunque la caída de las tasas inglesas después de 1688 tomó casi cuatro décadas. Los estudios sobre países en desarrollo encontraron que el tipo de régimen, por sí solo, pesa poco en las calificaciones. Los trabajos posteriores precisaron que lo que importa es el estado de derecho y la independencia judicial, que la ventaja democrática pesa más cuando escasea la liquidez global y que la gobernanza es un determinante de largo plazo.
La propia muestra regional advierte contra una lectura determinista. Brasil, Costa Rica y Guatemala tienen contrapesos más sólidos que el Paraguay y están por debajo del grado de inversión; México, con las menores restricciones al Ejecutivo de la muestra, lo tiene en las tres agencias. La calidad institucional no garantiza la próxima suba: hace creíble y duradera la política fiscal, y su efecto se observa en el largo plazo y en las crisis.
| Índice | Año | Paraguay | Posición y tendencia |
|---|---|---|---|
| WGI, control de la corrupción (0-100) | 2025 | 27,7 | Último de 10 países de la región |
| WGI, estado de derecho (0-100) | 2025 | 48,2 | 7.º de 10; 50,1 en 2015 |
| WGI, efectividad del gobierno (0-100) | 2025 | 47,7 | Mejora desde 40,1 en 2015 |
| WGI, estabilidad política (0-100) | 2025 | 68,0 | 5.º de 10; sobre la mediana de los pares |
| V-Dem, restricciones legislativas al Ejecutivo (0-1) | 2025 | 0,447 | 0,663 en 2023 |
| V-Dem, restricciones judiciales al Ejecutivo (0-1) | 2025 | 0,636 | 0,596 en 2015 y 0,721 en 2024 |
| BTI, índice de gobernanza (1-10) | 2026 | 5,91 | Puesto 27 de 137 |
| Freedom House (0-100) | 2026 | 63 | «Parcialmente libre» |
| World Justice Project, estado de derecho | 2025 | 100 de 143 | Justicia penal: puesto 134 |
| IPC-TI, Transparency International (0-100) | 2025 | 24 | Mismo puntaje que en 2013 |
Fuentes: Banco Mundial (WGI, edición 2026, nueva escala de 0 a 100), V-Dem (v16), Bertelsmann Stiftung (BTI 2026), Freedom House, World Justice Project y Transparency International. La región comparada incluye Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Gráfico 10. Indicadores Mundiales de Gobernanza 2025: el Paraguay frente a nueve pares regionales

Gráfico 11. Paraguay: efectividad del gobierno en alza; estado de derecho y control de la corrupción sin mejora (WGI, 2015-2025)

Entre 2015 y 2025 la efectividad del gobierno subió 7,6 puntos, y el BTI reconoce que la independencia del BCP se fortaleció. En el mismo período, el estado de derecho y el control de la corrupción no mejoraron; su retroceso se concentró entre 2020 y 2023 y luego se detuvo. La señal más nítida de debilitamiento es reciente: las restricciones legislativas al Ejecutivo que mide V-Dem cayeron de 0,663 a 0,454 entre 2023 y 2024. Ninguna de estas series puede atribuirse a un solo gobierno, y los episodios que tensionaron los contrapesos en las últimas décadas no son exclusivos de una fuerza política. El problema es del sistema, no de un gobierno.
Gráfico 12. Paraguay: democracia liberal y restricciones al Poder Ejecutivo según V-Dem, 2011-2025

El diagnóstico tiene también activos: un banco central cuya independencia se fortaleció, estabilidad política y calidad regulatoria por encima de la mediana de los pares, elecciones regulares, contrapesos en mejora gradual según S&P y capacidad de reforma demostrada en 2023-2026. La ley de acceso a la información pública de 2014 es un caso de reforma institucional exitosa.
Según el Banco Mundial, aun los países que más rápido mejoraron, partiendo de Estados frágiles, necesitaron entre 15 y 30 años para transformar sus instituciones. Entre 2004 y 2024, solo alrededor de 7% de los países registró en cada dimensión de los WGI una mejora estadísticamente significativa. Chile construyó su institucionalidad fiscal por capas durante más de tres décadas, y Uruguay tardó unos seis años en pasar de un consejo fiscal asesor a uno autónomo.
Gráfico 13. Años necesarios para transformar las instituciones, según el ritmo de los países más rápidos

La conclusión para la calificación: el tercer grado de inversión puede obtenerse con reformas fiscales y técnicas, y BBB o Baa2 no están fuera de alcance si avanzan la consolidación, los ingresos y la desdolarización. La agenda institucional no es condición para la próxima suba, sino para que lo obtenido resista el próximo ciclo adverso y para que la gobernanza deje de fijar el techo de la calificación.
Con dos calificaciones de grado de inversión, el Paraguay ya cumple en principio los criterios de muchos mandatos. El tercero vale como seguro frente a la baja de alguna de las otras dos, por el costo de financiamiento de empresas y bancos, y como señal de que el episodio de 2026 quedó atrás. Pero el objetivo no es «contentar a las agencias»: credibilidad fiscal, más ingresos, menos riesgo cambiario y mejores instituciones son deseables por sí mismos.
El plan reconoce sus dilemas: la regla actual, en base caja y con tope nominal, es procíclica y evadible; la inversión no debería ser la variable de ajuste; el gasto esencial en salud debe protegerse; y el ajuste de 2028 coincide con el año electoral.
Gráfico 14. Hoja de ruta de los dos horizontes, 2026-2040, por períodos de gobierno

| Fase | Hitos principales |
|---|---|
| Fase 0. Señales inmediatas (oct-dic 2026) | PGN 2027 con techo y la parte de atrasos identificada; inventario auditado de atrasos; registro de compromisos en marcha; estrategia de deuda 2027-2030; proyecto de ley del consejo fiscal autónomo |
| Fase 1. Ejecución creíble (2027) | Atrasos cancelados sin reacumulación; déficit dentro del techo; paquete de ingresos de +0,5 puntos del PIB; Itaipú presupuestado; 60-70% del financiamiento en guaraníes |
| Fase 2. Cumplimiento (2028) | Déficit de 1,5% o menos, primer cumplimiento de la LRF desde 2018; regla de no expansión del gasto permanente en año electoral; ancla de deuda en ley |
| Fase 3. Consolidación (2029-2031) | Presión tributaria de alrededor de 13%; 35-40% de la deuda en guaraníes; regla de balance estructural en base devengado; IED de al menos 2% del PIB |
Atraviesa tres cambios de gobierno y se apoya en cinco principios: un pacto de Estado antes que un proyecto de gobierno; ley primero y Constitución después; contrapesos junto con capacidades; evidencia antes que anuncios; y proteger lo que ya funciona.
| Etapa | Reformas principales |
|---|---|
| I. Fundaciones (2026-2028) | Pacto de Estado por la calidad institucional y tres leyes: consejo fiscal autónomo, reforma de la carta orgánica del BCP y concurso con audiencias públicas previo a la terna del Fiscal General, cuyo mandato vence en marzo de 2028. Medidas sin ley: concursos puntuados en el Consejo de la Magistratura, publicidad del JEM, registro de audiencias de los magistrados con los otros poderes y primer informe anual de seguimiento institucional |
| II. Reformas estructurales (2028-2033) | Autonomía técnica del INE; carreras por mérito propias del Poder Legislativo y del Judicial; concurso para el Contralor (2031); carrera fiscal y unidad anticorrupción; unidad parlamentaria de presupuesto; financiamiento de la política; deliberación sobre la composición del JEM |
| III. Consolidación (2033-2040) | Nuevo sistema de selección y disciplina judicial en funcionamiento; 90% de los ingresos a la función pública por concurso; segunda generación de designaciones por mérito; evaluación de los diez años del pacto |
| Indicador | Base | 2030 | 2035 | 2040 |
|---|---|---|---|---|
| WGI, control de la corrupción (0-100) | 27,7 | ≥ 27,7 | 35 | 42 |
| WGI, estado de derecho (0-100) | 48,2 | ≥ 48,2 | 54 | 58 |
| IPC-TI (0-100) | 24 | 28 | 34 | 40 |
| Ingresos al Poder Ejecutivo por concurso (%) | ~26 | 60 | 80 | 90 |
| Calidad institucional en la matriz de Moody's | ba | ba | baa | baa |
Metas deliberadamente ambiciosas. En los WGI, la meta de 2030 es no retroceder; las de 2035 y 2040 equivalen a mejoras estadísticamente significativas. Las restricciones legislativas de V-Dem se siguen sin meta, porque dependen en parte de la composición del Congreso que decidan los votantes.
La pregunta decisiva es de economía política: por qué una mayoría aceptaría limitarse. Las instituciones independientes funcionan como un seguro: protegen a la mayoría de hoy cuando se convierte en la minoría de mañana. Ese seguro tiene una contracara, porque una ley de autonomía aprobada por la mayoría de turno antes de una elección puede leerse como un blindaje de sus designados; por eso las primeras designaciones deberían hacerse con acuerdo explícito de la oposición. A eso se suman el premio económico del grado de inversión, los anclajes externos y una coalición social de gremios, universidades, sociedad civil y medios. Los riesgos principales son la captura de las nuevas instituciones, la reversibilidad, la legitimidad tecnocrática, la fatiga reformista y una reforma constitucional sin consenso amplio.
El Paraguay llegó al grado de inversión por el camino largo: más de veinte años de estabilidad macroeconómica, un banco central creíble, deuda baja y crecimiento sostenido. Moody's y S&P lo reconocieron en 2024 y 2025; Fitch está a un escalón, con perspectiva positiva, y ha dicho con claridad qué le falta.
Las agencias y el FMI coinciden en el diagnóstico. El próximo escalón no se gana con más estabilidad macroeconómica, que ya está reconocida, sino con una base fiscal y unas instituciones más sólidas. La simulación de la deuda no muestra un problema de solvencia, pero sí una deriva si los déficits se estabilizan en 2-2,5% del PIB, y el riesgo central es que atrasos, desvíos de la regla y presiones electorales erosionen una reputación que costó dos décadas construir.
El análisis institucional agrega una conclusión de fondo: la debilidad que las agencias miden como «gobernanza» es, en buena medida, expresión de contrapesos insuficientes. Las reformas instrumentales son necesarias, pero solo perduran si las respaldan instituciones que las hagan cumplir.
El grado de inversión es un activo que se valoriza o se deprecia con cada presupuesto. La ejecución del PGN 2027 y el resultado fiscal de 2028 mostrarán si el país convirtió el episodio de 2026 en una lección institucional o en un precedente.
Observatorio Económico FCCAE-UC (2026). Las calificaciones soberanas del Paraguay: S&P, Moody's, Fitch y la visión del FMI. Fortalezas, vulnerabilidades, comparación regional, calidad institucional y hoja de ruta para consolidar el grado de inversión. Estudio técnico, segunda versión ampliada. Asunción: Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción», octubre de 2026.
Las opiniones expresadas son responsabilidad del Observatorio Económico y no comprometen a la Universidad Católica. Este resumen tiene fines académicos y de política pública; no constituye una calificación crediticia ni una recomendación de inversión.
Energía · Segunda edición revisada
Observatorio Económico · FCCAE-UC · 2.ª edición, octubre de 2026 · Revisada en tres rondas de auditoría adversarial interna · Resumen ejecutivo del estudio
El problema. El 28 de febrero de 2023 Itaipú pagó la última cuota de su deuda de construcción y, desde el 13 de agosto de ese año, corresponde revisar el Anexo C del Tratado, que fija cómo se reparte el valor económico de la central. Al 2 de octubre de 2026 no hay acuerdo. El 31 de diciembre de 2026 vencen a la vez el CUSE de US$ 19,28/kW-mes y el Acuerdo Operativo de 2007, que permite a la ANDE retirar más energía que la asociada a su potencia contratada, y desde el 1 de enero de 2027 el Paraguay debe contratar potencia «acorde a todas sus necesidades». Mientras tanto, la demanda eléctrica creció 12,5 % en 2025 y 18,3 % en el primer semestre de 2026, y el excedente que el país cede al Brasil cayó de 22.425 GWh en 2023 a 10.671,5 GWh en 2025.
1. El valor de Itaipú para el Paraguay es, sobre todo, energía barata. En 2025 el saldo de caja del país con la binacional fue de US$ −143,8 millones: recibió 461,9 y la ANDE pagó 605,7, neto del pasamanos. No significa que Itaipú tenga valor negativo: frente a una generación firme alternativa (un ciclo combinado, US$ 85/MWh), Itaipú vale para el Paraguay en 2027 entre unos US$ 2.005 y 2.456 millones con un nuevo Anexo C, según el CUSE, y entre 2.500 y 2.677 millones en el contrafáctico del Acuerdo Operativo; frente a una solar no firme (US$ 43/MWh), entre 678 y 1.130 millones con un nuevo Anexo C.
2. No existe una «brecha» de US$ 300 millones en la cesión, ni un costo que «se triplica». Quien recibe la energía cedida paga, además de la compensación, el CUSE de la potencia asociada: con un factor de carga del 85 %, el Brasil paga unos US$ 45/MWh todo incluido. Mientras haya excedente, un MWh de carga firme nueva le cuesta al país US$ 45,17 al CUSE vigente (33,44 con 12); agotado el excedente, hacia 2031-2032, unos 67,8-74,1.
3. El fin del Acuerdo Operativo pesa tanto como el nivel del CUSE. Si la ANDE debe cubrir su punta —una lectura posible de la obligación de 2027—, requeriría unos 5.630 MW en 2027, el doble que en 2026, y su factura de potencia pasaría de US$ 663,3 millones a unos 1.302 con el CUSE vigente y 810 con uno de 12. Frente al pago neto de 2026, el cambio equivale a unos US$ 24,6 por MWh facturado con el CUSE vigente (18,3 si la binacional devuelve lo que recaude por encima de su costo), cerca de la mitad de la tarifa media de 2024, y a 6,6 con un CUSE de 12.
4. Bajar el CUSE mejora el saldo del país; la «caída del 70 % de la renta» no existe. El saldo de caja de 2027 con Itaipú pasa de US$ −685 millones con un CUSE de 19,28 a −367 con 12 y −232 con 10, frente a −188 en el contrafáctico del Acuerdo Operativo, que le costaría al Brasil unos 575 millones.
5. Desde 2027 la ANDE pagaría potencia para su punta que su energía no usa. Unos 5.561 de los 8.556 GWh del excedente cedible de 2027 corresponderían a potencia que la propia ANDE paga; cederlos a la compensación le transferiría al Brasil unos US$ 194 millones con el CUSE vigente. Las cuatro maneras de resolverlo no se suman: prorrogar un régimen tipo Acuerdo Operativo (575 millones en 2027), facturar el CUSE por energía (194), obtener un reembolso de esa potencia (194) o sacar de la punta la carga electrointensiva (hasta 171), la única que no depende del Brasil.
6. Vender libremente en el Brasil conviene solo por encima de un umbral y con contratos interrumpibles. La venta rinde más que la cesión si el precio realizable supera US$ 21,7/MWh con un CUSE de 12 en 2027 y unos 14-18 desde 2028. En un año seco el excedente de 2027 cae a unos 1.090 GWh. La energía ya llega al Brasil por el enlace de corriente continua de Furnas: la barrera es de acceso y peaje.
7. El excedente cedible se agota en 2031-2032 en la mediana. En el escenario central pasa de 8.556 GWh en 2027 a 4.079 en 2030, y la compensación al Tesoro, de unos US$ 121 a 57 millones. El primer año con déficit de la oferta nacional tiene mediana en 2032, con una probabilidad de 31 % hasta 2030; si la carga electrointensiva fuera interrumpible en los años secos, la probabilidad de no abastecer la demanda ordinaria sería de 3,7 %. La compensación, que se destina en un 80 % al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), es un ingreso transitorio.
8. La econometría sostiene menos de lo que afirmaba la primera edición. La elasticidad ingreso de largo plazo es 1,62 (intervalo de confianza del 95 %: 1,16 a 2,08), pero la relación de nivel solo se sostiene al 10 %. En 2025 la demanda superó en unos 6.324 GWh (intervalo de predicción del 95 %: 3.916 a 8.505) su tendencia de 2000-2021, y el ingreso explica entre el 47 y el 57 % del crecimiento de 2021-2025, no el 66 %. La generación de Itaipú de 2019-2025 fue un 15,3 % menor que la de 1992-2018, con evidencia moderada de un descenso permanente.
9. La tarifa electrointensiva debe cobrar la potencia por la demanda en la punta. La referencia de US$ 44,33/MWh del segmento intensivo cubre el costo nacional con reserva y pérdidas, sin la red (44,08), si la demanda del segmento en la punta no supera su media, como supone el modelo; para una carga a plena potencia en la punta, cubre el costo en barra (45,17) solo con un factor de carga superior al 87,4 %, y el costo con reserva y pérdidas, prácticamente nunca. Una tarifa binómica coherente tendría, al CUSE vigente, un cargo de potencia de US$ 23,60/kW-mes sobre la demanda en la punta y uno de energía de 17,36/MWh, el costo de un producto interrumpible en la punta sin la red.
10. La ventaja industrial es real pero acotada. El factor de planta de la hidroelectricidad firme abarata el hidrógeno, pero el nitrato de amonio cálcico de Villeta costaría US$ 449-571 por tonelada sin otros insumos, frente a 230-330 en los mercados internacionales: depende de la paridad de importación y de una prima verde. En un centro de datos, pasar de US$ 44 a 30/MWh reduce en un 10 % los costos que dependen del lugar.
R1. Negociar un paquete, no una tarifa. Nivel del CUSE, base de facturación —potencia o energía—, régimen que reemplace al Acuerdo Operativo, energía de potencia pagada y no usada y compensación, sabiendo que las vías que resuelven el desajuste entre punta y energía no se suman.
R2. Preparar el 1 de enero de 2027 sin acuerdo. Cada mes en que se facture un CUSE de 19,28 en lugar de uno de 12 le cuesta a la ANDE unos US$ 41 millones; hay que publicar cuánta potencia se contratará y decidir quién absorbe el aumento.
R3. Reducir la punta que se cubre en Itaipú. Contratar la interrupción de las cargas electrointensivas en la punta y en los años secos, llevar Yacyretá al tope del Acta y declarar su aporte y el de Acaray en la punta: cada 100 MW menos ahorran unos US$ 23 millones al año con el CUSE vigente.
R4. Fijar por ley una fórmula, no un precio, para las cargas electrointensivas. Cargo de potencia sobre la demanda en la punta, cargo de energía ligado al mayor entre el valor del excedente y el costo de reposición, producto interrumpible, cupo, subasta, garantías y descuentos presupuestados; ningún contrato largo a precio plano antes de conocer el CUSE de 2027.
R5. Usar la venta libre solo cuando supere el umbral, en contratos interrumpibles o de corto plazo.
R6. Separar la renta permanente de la transitoria. La compensación no debe financiar gasto permanente, y el FONAE necesita ya una fuente sustituta.
Más sobre este estudio. Estudio completo (Word y PDF) en Estudios Especiales; base de datos y paquete de replicación en Data. Columnas de la serie de energía basadas en él:
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Ingresar al repositorioEl Paraguay hace trece veces más operaciones de pago sin efectivo que en 2018, y el efectivo no se fue: en diciembre de 2025 los billetes y monedas en poder del público sumaron ₲ 18,4 billones, su máximo aun descontada la inflación. La segunda edición del estudio del Observatorio muestra que el QR y el billete compiten en la caja, pero se complementan en el sistema: el efectivo es una de las anclas de la confianza en el dinero, una opción de salida frente a las comisiones, el respaldo cuando lo demás falla y la puerta de entrada de quienes no tienen cuenta. Propone medir su uso y su acceso antes de decidir.
El 31 de diciembre vencen a la vez el CUSE de Itaipú y el Acuerdo Operativo de 2007. La nueva sección del Observatorio reúne en una sola página las segundas ediciones de «El trilema eléctrico del Paraguay» y «Renta energética e industrialización»: la factura de potencia de la ANDE en 2027, que pasaría de US$ 663 millones a unos 1.302 con el CUSE vigente si debe cubrir su punta; el primer año con déficit de energía, con mediana en 2032; cuánto vale Itaipú para el país, las pérdidas y la tarifa. Ocho gráficos, la cronología del Anexo C, nueve recomendaciones y las siete columnas de la serie.
El 31 de diciembre vencen a la vez el CUSE de Itaipú, de US$ 19,28 por kilovatio-mes, y el Acuerdo Operativo de 2007, que permite a la ANDE retirar más energía de la que corresponde a la potencia que contrata. Si desde 2027 debe contratar la potencia que cubre su punta —una lectura posible del Entendimiento de 2024—, necesitaría unos 5.630 MW, el doble que hoy, y su factura de potencia pasaría de US$ 663 millones a unos 1.302 con el CUSE vigente, 810 con uno de 12 y 675 con uno de 10. El presupuesto de 2027 alcanza solo con un CUSE de 9,1 a 12,1 o con una prórroga del régimen actual: quién absorbe la diferencia debe decidirse antes del 1 de enero.
En 2025 Itaipú transfirió al Paraguay US$ 461,9 millones, pero la ANDE le pagó 605,7: el saldo de caja fue de US$ −143,8 millones. No es que Itaipú cueste: su valor está hoy en la energía barata que el país consume. Frente a una generación firme vale para el Paraguay, en 2027, entre US$ 2.005 y 2.456 millones según el CUSE; frente a la solar, entre 678 y 1.130. Ni la «caída del 70 % de la renta» ni la «brecha» de US$ 300 millones, que figuraban en las primeras ediciones de nuestros estudios, resisten la cuenta completa. La compensación por cesión, que financia la alimentación escolar, se extingue hacia 2031-2032.
Vender en el mercado libre brasileño la energía que hoy se cede conviene solo por encima de un umbral: unos US$ 21,7 por megavatio-hora en 2027 con un CUSE de 12 y entre 14 y 18 desde 2028. Las únicas ofertas conocidas, por energía de Acaray en 2024, fueron de US$ 7,73 a 21,03. El excedente se achica, de unos 8.600 GWh en 2027 a 4.100 en 2030, y casi desaparece en un año seco: solo caben contratos interrumpibles o de corto plazo. La cuestión de fondo es otra: si la ANDE contrata su punta, unos 5.600 GWh de 2027 serían energía de potencia que ella paga, unos US$ 194 millones que el Anexo C debería reconocer.
Lo que cuesta atender a una carga electrointensiva depende menos de su factor de carga que de cuánto consume en la hora de punta, cuando la ANDE debe contratar potencia en Itaipú. La referencia de US$ 44,33 cubre el costo nacional de la energía, sin contar la red, solo si la demanda del segmento en la punta no supera su media, un dato que no se publica. Una tarifa en dos partes —US$ 23,60 por kilovatio-mes sobre la demanda en la punta más 17,36 por megavatio-hora— cobra la potencia como la paga el país. Con un CUSE de 12 la misma fórmula daría bastante menos: por eso conviene fijar por ley la fórmula, no un precio, antes de que venzan los contratos a fines de 2027.
En el escenario central, el primer año en que la demanda supera a la energía disponible llega en 2032 o antes en la mitad de 20.000 simulaciones, y la probabilidad de que ocurra al menos una vez hasta 2030 es de 31 %; si persiste la hidrología de 2019-2025, sube a 60 %. Siete de cada diez primeros déficits llegan con un año seco. Hasta 2030 el riesgo puede acotarse: con contratos electrointensivos interrumpibles en los años secos, el de la demanda ordinaria baja a 3,7 %. Las palancas: retirar todo lo que permite el acta de Yacyretá, renovar los contratos con cupo e interrupción, y licitar ya la generación que hará falta hacia 2032-2033.
El índice de pérdidas de la ANDE bajó de 28,5 % en 2023 a 24,4 % en 2025, pero medido sobre la demanda ordinaria se mantuvo en torno al 29 %: la mejora se explica por la entrada de carga electrointensiva de 220 kV, que casi no tiene pérdidas de distribución. Alrededor del 40 % de las pérdidas son no técnicas. Desde 2027, cada punto de pérdidas técnicas evitado valdría para el país unos US$ 13,3 millones al año; para la ANDE, el plan de US$ 359 millones de 2025-2028 se recuperaría en dos a tres años si cumple sus metas, que deberían medirse sobre la demanda ordinaria.
La tarifa media real de la ANDE es menos de la mitad que en 2003. Dos cuentas la presionan: el fin del régimen de Itaipú de 2024-2026 —unos US$ 24,6 por megavatio-hora con el CUSE vigente si se contrata la punta; 6,6 con uno de 12— y la brecha de inversión, de 11,4 a 13,7; la recuperación de pérdidas alivia. La propuesta CEARE-BID lleva la tarifa media de US$ 49,2 a 68,6 hacia 2030. Conviene decidir antes del 1 de enero quién absorbe la transición, empezar por la alta tensión, donde la brecha se mide, y evaluar con mejor información la Tarifa Social, que hoy alcanza a unos 269.000 clientes.
La teoría económica tiene una respuesta de referencia: lo que la moneda local paga de más debería compensar, en promedio, lo que se espera que se deprecie. Es la paridad descubierta de intereses, y el Observatorio la puso a prueba con quince años de certificados de depósito de ahorro (CDA) bancarios, de setiembre de 2011 a setiembre de 2026, a seis meses y a un año, con las tasas promedio y la cotización referencial del BCP. En promedio, un empate: el CDA en guaraníes a un año pagó 6,55% y el CDA en dólares, 3,32%, y en los doce meses siguientes a cada colocación el dólar subió, también en promedio, 3,2%; cada moneda ganó más o menos la mitad de las veces. Pero año por año la tasa puso un colchón de apenas 0,9 a 5 puntos y el tipo de cambio decidió de qué lado caía el resultado: el dólar subió 26% en 2014-2015 y bajó 17% en el último año. Ese último año fue fuera de serie: ₲ 100 millones colocados en setiembre de 2025 terminaron en ₲ 109,4 millones en guaraníes y en ₲ 87,6 millones por la vía del dólar. Bastó para dar vuelta quince años: renovando el CDA cada setiembre desde 2011, la vía del guaraní suma hoy ₲ 256,5 millones y la del dólar, ₲ 220 millones, aunque esta fue adelante en cada aniversario de 2015 a 2025; con el dólar por encima de ₲ 6.803 al cierre de setiembre, la conclusión habría sido la opuesta. Y el ahorro sigue mitad y mitad: en mayo de 2026, el 50,4% de los ₲ 65,5 billones en CDA estaba en guaraníes, y el avance del guaraní en el último año fue sobre todo valuación y plazo, no ahorristas que cambiaron de moneda.
Hacia adelante solo puede calcularse un umbral. Con las tasas de agosto (7,98% en guaraníes y 4,62% en dólares a un año), el CDA en guaraníes gana si el dólar sube menos de 3,2% hasta setiembre de 2027, es decir, si no supera unos ₲ 6.021; a seis meses, si sube menos de 1% en el semestre. La historia no inclina la balanza —el dólar subió menos que ese umbral en 47% de los períodos de doce meses desde 2011 y en 57,5% desde 2004— y la referencia central del Observatorio, unos ₲ 6.050, queda apenas encima. Lo que sí pesa es la moneda de los gastos: para quien gasta en guaraníes, el CDA en guaraníes fue mucho más estable, y comprar y volver a vender dólares costaba a fines de setiembre entre 2,6% y 4,1% en las pizarras bancarias; para quien tiene ingresos, deudas o gastos en dólares, la lectura se invierte. La pregunta útil no es qué CDA paga más, sino cuánto tendría que subir el dólar para que esa diferencia desaparezca. El estudio no es una recomendación de inversión ni un pronóstico del tipo de cambio.
El PIB creció 4,0% en el segundo trimestre, después de 7,3% en el primero, y 5,7% en el semestre, la tasa más alta de la región. Pero el ritmo actual es bajo: según la estimación del Observatorio, el nivel desestacionalizado del PIB no avanzó entre abril y junio, y la tendencia-ciclo del IMAEP sin agricultura ni binacionales, que en enero avanzaba a 5,7% anual, tocó un mínimo de 0,8% en mayo antes de repuntar a 3,3% en julio. De 18 indicadores de producción, ventas e importaciones, 16 crecen menos que en el trimestre anterior; siguen empujando la soja, el trigo, la energía exportada y la maquila (+30%), y se frenan el consumo masivo, los combustibles, la construcción y la ganadería. El superávit comercial de US$ 717 millones se explica en dos tercios por «otras exportaciones»; el comercio registrado sigue en déficit. La inflación está en el piso del rango meta (1,5%), el guaraní se apreció 18% en un año y el déficit fiscal de doce meses llegó a 2,9% del PIB. En los hogares, el crédito al consumo crece más del doble que el ingreso y la morosidad de las tarjetas subió a 5,6%, mientras las remesas caen 23,6% en guaraníes.
El diagnóstico: desaceleración sí, recesión no. Con la actividad estancada, el PIB de 2026 crecería alrededor de 4,5% (entre 4,0% y 4,6% según el método), y más cerca de 4,8% a 5,0% si se sostiene el nivel de julio: el año está bien encaminado, pero con poco margen. Las tareas: ordenar el pago de los atrasos y volver al tope fiscal en 2028 con más recaudación, calibrar desde ahora un límite a la carga financiera de los nuevos créditos de consumo y lograr que la baja de la tasa de política llegue a las tasas que pagan hogares y empresas.
El dólar llegó el 25 de setiembre a ₲ 5.873, su nivel más bajo desde 2018: bajó 26,9% desde el máximo de abril de 2025 y 17,2% en doce meses. El documento de trabajo del Observatorio muestra que la baja tiene sello local (exportaciones récord de US$ 14.025 millones entre enero y agosto, 24,7% más que en 2025, y una soja 18% más cara) y que ocurrió aunque el BCP lleva once meses sin vender dólares a los bancos, un récord: como siguió comprando las divisas del sector público, pasó de ofrecer en neto unos US$ 415 millones al año a absorber unos US$ 400 millones. El tipo de cambio real multilateral está más apreciado que en el 97% de los meses desde 1995, aunque frente a los Estados Unidos sigue cerca de su mediana histórica.
Tres referencias (la curva a plazo del BCP, +1,7%; la mediana histórica, +3,2%, y el desalineamiento real, +5,4%) rondan un +3% a doce meses, unos ₲ 6.050, pero no son independientes ni forman un rango probable: desde 2010, en uno de cada tres años el dólar no subió, y en ocho de cada diez la variación quedó entre −9,7% y +12% (₲ 5.300 a ₲ 6.580). Octubre es el mes más alcista y la cosecha lo compensa; ponderados por su desempeño, los modelos del Observatorio hoy no señalan una dirección. El estudio evalúa un programa preanunciado de acumulación de reservas, con sus costos: unos dos puntos anuales sobre lo acumulado y la tensión con una inflación por debajo de la meta.
En el Paraguay se trabaja mucho y se aporta poco. La segunda edición del estudio del Observatorio sobre informalidad y chances jubilatorias sigue a las mismas personas de un año al otro con el panel de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (más de 90.000 observaciones entre 2017 y 2025) y, con una microsimulación de historias laborales, estima que entre los 25 y los 64 años una persona acumula en promedio 8,7 años de aporte (mediana: 6). Uno de cada cuatro no aporta nunca; solo el 25% reúne los 15 años de la jubilación proporcional del IPS y el 8% los 25 de la ordinaria; y de quienes aportan alguna vez, dos de cada tres no llegan a 15 años. La causa es una alternancia asimétrica entre empleo formal e informal: de cada cien empleos con aporte en el sector privado, entre 31 y 36 siguen aportando en la misma empresa a los tres años; entre los 25 y los 34 años, de cada cien que dejan de aportar, 74 siguen trabajando sin aporte, y volver a aportar es cada vez más difícil con la edad. El Código del Trabajo da estabilidad a los diez años y hay indicios de despidos antes de ese umbral, pero menos de uno de cada diez empleos formales llega a él: eliminar ese exceso de despidos agrega apenas 0,06 años de aporte.
La propuesta: que cada año aportado cuente, con beneficios proporcionales por debajo de los 15 años; hacer efectiva la acumulación entre cajas que ya prevé la Ley 3856/2009; facilitar la entrada al aporte de pymes e independientes; y que el aporte no se corte en cada cambio de empleo. Con una carrera contributiva típica de una década, la vejez de la mayoría dependerá de la pensión universal y, en última instancia, del Tesoro.
La ANDE no le compra energía a Itaipú: contrata potencia. Ese pago, el CUSE, es hoy de US$ 19,28 por kilovatio-mes; lo fijó el Entendimiento Paraguay-Brasil de 2024 y rige hasta el 31 de diciembre. Con un factor de carga de 85% equivale a unos US$ 31 por megavatio-hora. A eso se suma lo que el Tesoro deja de cobrar: cada megavatio-hora que se consume en casa es uno menos que se cede a Brasil, que paga por él una compensación de unos US$ 14. El costo económico nacional de atender carga nueva ronda así los US$ 45 por MWh. Por eso los US$ 44,33 de referencia que la ANDE calcula para las electrointensivas no son un regalo: empatan con ese costo. Pero el empate descansa sobre una tarifa que vence. Si la tarifa baja a US$ 10 o 12, el costo total cae a US$ 30-33: un tercio del costo de nuestra energía depende de una negociación sin acuerdo.
Lo urgente es decidir el mecanismo, no el precio. La propuesta tiene cuatro puntos: una subasta con el costo económico como piso; una senda de precios en lugar de un nivel plano; precios distintos por producto y no por empresa; y garantías e indexación, con la metodología fijada por ley.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 llega al Congreso con ₲ 166,3 billones, 11,2% más que el aprobado para 2026, y un déficit de 3,9% del PIB: 2,6 veces el tope de 1,5% de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tiene un mérito —reconoce y paga cuentas que no figuraban en el déficit, y en el escenario base la deuda se estabiliza en torno a 40% del PIB—, pero esconde seis tensiones: atrasos, sobre todo de Salud, pagados con deuda; una recaudación que el MEF proyecta en 8,6% cuando a agosto crecía 2,2% (en las simulaciones del Observatorio, el déficit tiene 69% de probabilidad de superar el 3,9%); un gasto rígido que, deuda incluida, absorbe 90 de cada 100 guaraníes de recursos genuinos del Tesoro y crece más rápido que ellos (8,8% contra 7%); más presupuesto sin garantía de más ejecución; ingresos de Itaipú que caen 31%; y una regla fiscal que se suspende, con el tercer sendero de convergencia propuesto en cinco años.
El Congreso puede aprobar el desvío, pero con cuatro condiciones: un plan plurianual para volver al 1,5% en 2028, un inventario público y conciliado de los atrasos, metas trimestrales de ejecución de la inversión y ninguna ampliación salarial sin financiamiento identificado.
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