Niñez y adolescencia

11.1Marco analítico: ciclo de vida, matriz de la desigualdad y derechos

Este capítulo analiza la situación de los niños, niñas y adolescentes paraguayos entre 2003 y 2025 con tres lentes complementarios que provienen de la literatura comparada latinoamericana e internacional. El primero es el enfoque de ciclo de vida que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha incorporado al diseño de los sistemas de protección social: cada etapa vital (primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez) tiene riesgos propios, demandas de cuidado específicas y una relación distinta con el mercado de trabajo, de modo que las privaciones de una etapa se trasladan, amplificadas, a las siguientes (Cecchini et al., 2015). Desde esta perspectiva, la niñez no es un grupo vulnerable entre otros sino el momento en que se acumulan —o se compensan— las desventajas que luego explican buena parte de la desigualdad adulta.

El segundo lente es la matriz de la desigualdad social (CEPAL, 2016), que identifica como ejes estructurantes de la desigualdad latinoamericana el estrato socioeconómico, el género, la condición étnico-racial, el territorio y la edad. Su aporte analítico decisivo es la noción de entrecruzamiento: los ejes no se suman, se potencian. Un niño rural, de hogar indígena, del quintil más pobre, no enfrenta tres desventajas independientes, sino una desventaja compuesta cuya magnitud no se infiere de los promedios por eje. Por esa razón, a lo largo del capítulo se presentan los indicadores desagregados por área, quintil y —cuando la fuente lo permite— condición indígena del hogar, y se señalan los casos en que el gradiente es multiplicativo.

El tercer lente es el de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), ratificada por Paraguay y recogida en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680/2001), consagra el derecho a la identidad y a la inscripción inmediata del nacimiento (art. 7), a la salud y la nutrición (art. 24), a un nivel de vida adecuado (art. 27), a la educación (art. 28), a la protección contra la explotación económica (art. 32) y contra toda forma de violencia (art. 19). La traducción operativa de este enfoque a la medición de la pobreza es la pobreza infantil multidimensional: desde el método de Bristol (Gordon et al., 2003), adoptado por CEPAL y UNICEF para la región, hasta el análisis de privaciones múltiples superpuestas (MODA) de UNICEF (de Neubourg et al., 2012), que toma al niño —y no al hogar— como unidad de análisis, define dimensiones apropiadas a cada edad y examina la superposición entre privaciones y entre privación y pobreza monetaria.

A estos tres lentes se agrega un argumento económico que atraviesa el capítulo: la asimetría temporal de la inversión en capacidades. Heckman (2006) y Cunha y Heckman (2007) mostraron que las habilidades se autoproducen y son complementarias en el tiempo, de modo que la inversión temprana eleva la productividad de toda inversión posterior y la remediación tardía es más cara y menos eficaz. Un país que atraviesa su bono demográfico con una proporción alta de niños pobres consume el dividendo antes de generarlo; el estudio base de agosto de 2026 ya lo había señalado como el hallazgo de mayores implicaciones de largo plazo (Observatorio Económico, 2026, sección 3.3). Este capítulo extiende ese diagnóstico a la serie 2003–2025, lo descompone y lo contrasta con indicadores no monetarios, laborales, de identidad, nutrición, desarrollo infantil y maternidad adolescente.

11.2Datos, definiciones y advertencias

La fuente principal es la base armonizada EPH/EPHC 2003–2025 (23 rondas: EPH anual 2003–2016 y EPHC 2017–2025) del Observatorio, construida sobre los microdatos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026) con los factores de expansión de la revisión 2025 (post-Censo 2022). Todas las estimaciones están ponderadas. Las de pobreza, ingreso, privaciones, identidad, maternidad adolescente y alimentación escolar excluyen del hogar al servicio doméstico residente y sus familiares, según el criterio del INE. Las de trabajo infantil (sección 11.5) incluyen, en cambio, a todos los residentes, como el capítulo 4 (§4.6.1): el trabajo doméstico de niños y adolescentes que viven en el hogar donde trabajan, la forma del criadazgo que la encuesta llega a registrar, es parte del problema que se quiere medir. Para la primera infancia se procesaron los microdatos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) 2016 de Paraguay (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos [DGEEC] y UNICEF, 2017), con los pesos de niños, hogares y mujeres, y con el peso ajustado por el número de niños elegibles en los módulos que se aplican a un niño seleccionado al azar (disciplina y trabajo infantil). Los comparativos internacionales provienen del WDI del Banco Mundial (2026).

Cuatro advertencias condicionan la lectura. Primera: la pobreza monetaria de 2003–2021 se mide con la metodología anterior y la de 2022–2025 con la vigente (canasta de la EIG 2011/12); los niveles no se empalman y en los gráficos la ruptura se marca con una línea discontinua. Para comparar en el tiempo la posición relativa de los niños se usa, además, el ingreso per cápita del hogar expresado en múltiplos de la línea de pobreza de su dominio (ylp). Segunda: 2020 y 2021 son años de entrevista telefónica y cuestionario reducido. Tercera: la EPH no cubre Boquerón ni Alto Paraguay y subrepresenta a la población indígena, precisamente la de mayores privaciones; por eso la MICS 2016, que sobremuestreó hogares indígenas, es indispensable. Cuarta: la MICS 2016 es la última encuesta de su tipo con microdatos disponibles, de modo que sus indicadores describen la situación de hace una década y deben leerse como línea de base. Quinta: en 2003–2021 las entrevistas de la EPH se concentraban en el último trimestre del año y desde 2022 la EPHC las distribuye a lo largo de todo el año, de modo que los indicadores estacionales, como la ocupación y la asistencia escolar, no son estrictamente homologables entre ambos tramos (capítulo 8). Los errores estándar (EE) que se informan se calculan por linealización con conglomerados por UPM; la base no identifica los estratos, lo que tiende a sobrestimarlos levemente.

11.3Pobreza monetaria por tramos de edad, 2003–2025

La pobreza infantil cayó de manera profunda, pero su magnitud debe leerse en dos mediciones no empalmables (Recuadro 3.1). Con la metodología anterior, la incidencia de la pobreza total entre los menores de 18 años pasó de 62,1 % en 2003 (EE 1,1) a 30,3 % en 2019 y 36,2 % en 2021, año de pandemia y de encuesta telefónica; la de los niños de 0 a 5 años, de 63,8 % a 35,8 % entre 2003 y 2021. Con la metodología vigente, la de los menores de 18 años bajó de 34,9 % en 2022 a 24,5 % en 2025 (EE 0,9), y la de 0 a 5 años, de 35,5 % a 26,3 %. En términos absolutos, el número de niños, niñas y adolescentes pobres pasó de alrededor de 1,39 millones en 2003 a 685 mil en 2021 y de 657 mil en 2022 a 449 mil en 2025 (expansión de la EPH con factores revisión 2025, sin Boquerón ni Alto Paraguay). La pobreza extrema infantil bajó de 16,7 % a 5,4 % entre 2003 y 2021, y de 8,6 % a 4,0 % entre 2022 y 2025. Es una de las transformaciones sociales de mayor magnitud del período.

El hecho que el cuadro deja a la vista es que la pobreza infantil cayó, pero la adulta cayó proporcionalmente más. La razón entre la incidencia de la pobreza de los menores de 18 años y la de los adultos de 18 a 64 subió de 1,43 en 2003 a 1,62 en 2010 y 1,82 en 2019, con la metodología anterior, y de 1,74 en 2022 a 1,97 en 2025 (EE 0,04), con la vigente; en pobreza extrema, de 1,92 en 2003 a 2,24 en 2025. La niñez, que en 2003 era el 43,2 % de la población y el 52,6 % de los pobres, en 2025 es el 29,8 % de la población y el 45,6 % de los pobres. Este resultado coincide con el del estudio base, que con la misma definición (0–17 frente a 18–64 años) estimó una razón de 2,0 en 2025; la razón de 1,7 que ese estudio cita para 2011, tomada de la nota sectorial del BID de 2013 (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2013), compara a los niños de 0 a 12 años con los adultos en edad de trabajar y no es estrictamente comparable. La serie completa muestra que la «infantilización relativa» de la pobreza no es un fenómeno reciente, sino una tendencia de dos décadas que ni la pandemia (2020) ni el cambio metodológico (2022) interrumpieron.

El capítulo 3 usa otra razón, entre la pobreza de los niños de 5 a 14 años y la de los mayores de 65, que pasó de 1,8 en 2003 a 2,0 en 2025, con un máximo de 2,2 en 2024. Las dos apuntan en la misma dirección, pero comparan grupos distintos y sus valores no deben contrastarse entre sí. Lo mismo ocurre con la primera infancia: este capítulo usa el tramo de 0 a 5 años (26,3 % de pobreza en 2025), que el capítulo 3 cita junto con el de 0 a 4 años que emplea en su análisis (26,9 %).

Fuente: cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE); ingreso per cápita, sin escalas de equivalencia.

Sin embargo, la lectura de que «la desventaja relativa de la niñez se acentuó» requiere una precisión importante. El panel derecho del Gráfico 11.2 muestra que el ingreso per cápita mediano de los adultos de 18 a 64 años, medido en múltiplos de la línea de pobreza, fue 1,48 veces el de los niños en 2003, 1,43 en 2010, 1,46 en 2019 y 1,40 en 2025. La brecha de ingresos entre los hogares donde viven niños y los hogares donde viven adultos no se amplió; se mantuvo prácticamente constante durante veintidós años, con una leve reducción al final. El aumento de la razón de incidencias es, en lo esencial, un efecto aritmético de umbral: cuando toda la distribución se desplaza hacia arriba y la línea de pobreza queda en la cola izquierda de ambas distribuciones, una misma distancia proporcional entre ellas produce una razón de incidencias cada vez mayor (Recuadro 11.1). La conclusión de política no cambia —la niñez sigue siendo el tramo etario más pobre y su peso entre los pobres es desproporcionado—, pero cambia su formulación: no se trata de un deterioro relativo de la situación de los niños, sino de una desventaja persistente de ingreso que ninguna política de las últimas dos décadas logró cerrar. Su nivel depende de cómo se mida. Con el ingreso per cápita, que no reconoce las economías de escala del hogar ni el menor consumo de los niños, la mediana de los niños es alrededor de 30 % menor que la de los adultos. Con escalas de equivalencia (la de la OCDE modificada o la raíz cuadrada del tamaño del hogar) y umbrales que reproducen la pobreza total oficial de cada año, la desventaja en la mediana baja a alrededor de 20 % (la razón de medianas pasa de 1,31 en 2003 a 1,24 en 2025 con la escala de la OCDE), y la razón de incidencias de pobreza es menor (1,57 en 2025, frente a 1,97 per cápita), pero también sube desde 2003 (1,32). La conclusión cualitativa no depende de la escala; el tamaño de la brecha, sí. Esa desventaja refleja la composición demográfica de los hogares con niños —más dependientes por perceptor, madres con menor inserción laboral— y la ausencia, hasta hoy, de un instrumento de transferencia por hijo de alcance universal.

La dimensión territorial sigue la pauta conocida: en 2025 la pobreza de los menores de 18 años era de 22,5 % en áreas urbanas y 28,6 % en rurales (57,5 % y 67,7 % en 2003, con la metodología anterior). La brecha rural es hoy menor en términos absolutos, pero la niñez rural sigue concentrando la pobreza extrema infantil, y la EPH no observa a la niñez de Boquerón y Alto Paraguay ni a buena parte de la niñez indígena, cuya pobreza era de 73,7 % (extrema 40,3 %) en 2017 según la Encuesta de Hogares Indígenas del INE, citada por UNICEF (2025). Por la exclusión de esas poblaciones, probablemente más pobres, las cifras de este apartado son probablemente una cota inferior de la pobreza infantil nacional.

11.4Privaciones no monetarias: un análisis de tipo MODA, 2010–2025

La pobreza monetaria no captura privaciones que dependen de bienes públicos o de la calidad de la vivienda. Siguiendo la lógica de MODA, se construyeron siete privaciones observables en la EPH para cada niño de 0 a 17 años, asignando a todos los miembros las condiciones de la vivienda: agua de beber de fuente no mejorada; saneamiento no mejorado (letrina sin mejoras, a cielo abierto o sin baño); hacinamiento (más de tres personas por dormitorio); piso de tierra; cocción con leña o carbón (exposición a contaminación intradomiciliaria); ausencia de seguro de salud; e inasistencia escolar entre los 6 y los 17 años. Se considera multidimensionalmente privado al niño con dos o más privaciones. El ejercicio no reproduce la canasta completa de MODA (faltan nutrición, información y protección), pero permite una comparación homogénea entre 2010 y 2025, años en que las variables de vivienda tienen categorías comparables. Las variables de vivienda se toman de la base de hogares del capítulo 9, que corrige un error de la base armonizada: en 2010 los códigos de pozo protegido y no protegido están invertidos, lo que más que triplicaba la privación de agua de ese año (18,7 % en lugar de 5,2 %). El agua se clasifica con la escalera del JMP (el agua de aguatero y la embotellada son fuentes mejoradas) y la asistencia escolar incorpora la corrección de quienes nunca asistieron (capítulo 8).

Fuente: cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE), registros de personas y vivienda.

Tres resultados sobresalen. El primero es el retroceso generalizado de las privaciones de infraestructura. La proporción de niños con agua de beber no mejorada cayó de 5,2 % a 0,8 %; la de piso de tierra, de 19,0 % a 4,2 %; la de cocción con leña o carbón, de 51,1 % a 16,7 %. La privación multidimensional —dos o más privaciones— bajó de 57,1 % (EE 2,1) a 28,0 % (EE 0,9), y la severa —tres o más— de 35,3 % a 8,9 %. El número medio de privaciones por niño pasó de 2,08 a 1,17.

El segundo es que una privación quedó prácticamente inmóvil: siete de cada diez niños no tienen seguro de salud (79,2 % en 2010; 72,7 % en 2025), y en el quintil más pobre la proporción es de 95,4 %. Es la privación que menos se movió, porque la cobertura de seguro en Paraguay depende casi por completo del empleo asalariado formal de los padres (IPS) o de la compra privada. Excluido el seguro, la privación múltiple cae a 9,1 % en 2025: el resto de las carencias se ha vuelto residual, aunque fuertemente concentrada en el área rural (18,1 %) y en el primer quintil (23,0 %). El hacinamiento es la segunda privación más persistente (14,1 %), con un gradiente extremo: 27,6 % en el primer quintil frente a 2,0 % en el quinto; ese gradiente es en parte mecánico, porque el tamaño del hogar está a la vez en el numerador del hacinamiento y en el denominador del ingreso per cápita.

El tercero es la superposición con la pobreza monetaria. En 2025, el 14,4 % de los niños es pobre y está privado en dos o más dimensiones; el 10,1 % es pobre sin privación múltiple; el 13,7 % tiene privación múltiple sin ser pobre de ingresos; y el 61,9 % no padece ninguna de las dos condiciones (en 2010, con la metodología de pobreza anterior, este último grupo era el 35,2 %). Que casi la mitad de los niños con privación múltiple (49 %) no sean pobres monetarios replica, para la niñez, el hallazgo del estudio base sobre el índice de pobreza multidimensional de la población total, y refuerza un argumento de diseño: la focalización exclusivamente monetaria deja fuera a una proporción importante de niños con privaciones de derechos.

11.5Trabajo infantil y adolescente

La EPH releva la condición de actividad desde los 10 años; permite, por tanto, seguir la ocupación de niños de 10 a 13 años —por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo de 14 años establecida en la legislación paraguaya conforme al Convenio 138 de la OIT— y de adolescentes de 14 a 17. «Ocupado» significa haber trabajado al menos una hora en la semana de referencia, con o sin remuneración; no es una medida completa de trabajo infantil en el sentido de la OIT, porque no capta el trabajo peligroso ni el doméstico intensivo, pero es la única serie anual disponible desde 2003.

Fuente: cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE).

La ocupación por debajo de la edad mínima cayó de 11,6 % a 3,3 % y la adolescente de 33,9 % a 19,0 %, los mismos valores que informa el capítulo 4, que documenta también el cambio de composición del trabajo adolescente, hoy en mayor proporción urbano y remunerado. La caída más relevante para los derechos es la de las formas más dañinas para la trayectoria escolar: la proporción de adolescentes de 14 a 17 años que trabajan más de 36 horas semanales bajó de 16,6 % a 6,0 %, y la de ocupados de 10 a 17 años que no asisten a la escuela, de 8,4 % a 2,1 %. La ocupación de los niños de 10 a 13 años sigue siendo casi el doble en el área rural (4,6 %) que en el promedio.

La inclusión del servicio doméstico residente pesa sobre todo al comienzo de la serie y entre las niñas. En 2003 esos niños y adolescentes eran el 3,3 % de los ocupados de 10 a 17 años (n = 56), casi todos mujeres; en 2025 son el 0,3 % (n = 7). Si se los excluyera, la ocupación de las niñas de 10 a 17 años en 2003 bajaría de 12,7 % a 11,4 %. La encuesta registra como servicio doméstico solo una parte del criadazgo: los niños criados en hogares ajenos que se declaran como parientes u otros miembros del hogar no se distinguen en la EPH, y por eso la única medición específica del fenómeno sigue siendo la encuesta especializada de 2011, que se comenta a continuación.

La MICS 2016 permite una medición más cercana a la definición internacional para el grupo de 5 a 14 años, combinando umbrales de horas de actividad económica (al menos una hora entre los 5 y 11 años; 14 horas entre los 12 y 14), de tareas domésticas (28 horas o más) y la exposición a condiciones peligrosas. Con esa definición, el 25,8 % de los niños de 5 a 14 años estaba en situación de trabajo infantil en 2016 (20,3 % por umbrales de horas, sin contar condiciones peligrosas), con 39,2 % en el área rural, 39,9 % en el quintil más pobre de riqueza y 48,4 % en hogares indígenas (n = 183). El dato es del mismo orden que el de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANA) 2011, que registró 436.419 niños de 5 a 17 años económicamente activos (25 %) y 46.993 en situación de criadazgo (2,5 %), según UNICEF Paraguay (2015).

Las dos encuestas no miden lo mismo —la MICS cubre otras edades e incluye las tareas domésticas intensivas y las condiciones peligrosas—, pero la diferencia no se explica sólo por la definición. Con una definición homologable a la de la EPH —haber realizado al menos una hora de actividad económica en la semana previa—, la MICS 2016 da un 32,3 % (EE 2,4; n = 963) de niños de 10 a 13 años ocupados, frente al 6,4 % que registra la EPH del mismo año; en el área rural, 50,2 % frente a 8,8 % (cic_07_ronda2.py, tabla cic_r2_mics_ocupacion_10_13.csv). Las tareas domésticas de 28 horas o más, en cambio, alcanzan sólo al 2,9 % de ese grupo. La distancia se concentra, por lo tanto, en la actividad económica que la MICS indaga con preguntas específicas (trabajo en la chacra o el negocio familiar, venta de productos) y que el cuestionario laboral de la EPH no registra como ocupación. Es compatible con que buena parte del trabajo infantil paraguayo sea trabajo familiar de pocas horas, sobre todo agropecuario, invisible para la serie de la EPH; esa serie sirve para seguir la tendencia, no el nivel. No hay una EANA posterior a 2011 con resultados nacionales disponibles; es una brecha de información que impide verificar si la caída de la EPH se reproduce con la definición completa.

11.6Derecho a la identidad: inscripción del nacimiento y cédula

La EPH pregunta a todas las personas si tienen cédula de identidad y, a quienes no la tienen, si su nacimiento fue inscripto en el Registro Civil (desde 2011). Con esas dos preguntas se puede estimar la proporción de niños sin inscripción. Entre los menores de un año, el nacimiento no inscripto pasó de 22,2 % en 2011 a 9,8 % en 2025 (n = 572; 64 casos no inscriptos); entre los niños de 0 a 4 años, de 8,7 % a 3,6 %. Por encima de los cinco años la falta de inscripción es residual (0,45 % entre los 5 y 9 años en 2025, frente a 1,48 % en 2011). La serie de los menores de un año oscila entre 11 % y 18 % hasta 2022 —con celdas de 250 a 900 casos— y desciende de manera sostenida desde 2023.

Fuente: cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE).

La tenencia de cédula muestra la transformación más rápida de todo el capítulo: la proporción de menores de 18 años con cédula pasó de 66,4 % en 2010 a 94,3 % en 2025, y entre los niños de dos años, de 55,7 % en 2011 a 89,4 % en 2025 (Gráfico 11.5, panel derecho). La cédula es la llave de entrada de los niños a los registros administrativos de los programas sociales; su universalización temprana es una precondición de cualquier transferencia por hijo.

La MICS 2016 confirma el orden de magnitud y añade la dimensión étnica: el 93,0 % de los menores de cinco años tenía su nacimiento registrado, pero sólo el 68,8 % en hogares indígenas (n = 277) y el 86,1 % en el quintil más pobre; entre los menores de un año, el registro era de 82,8 % en el total y de 51,4 % en hogares indígenas (n = 58, estimación imprecisa). El déficit de identidad de la niñez paraguaya es hoy, esencialmente, un déficit indígena y del primer año de vida.

11.7Primera infancia en la MICS 2016: nutrición, desarrollo, cuidados y protección

Fuente: cálculo propio sobre microdatos MICS 2016 Paraguay.

La MICS 2016 revela un doble patrón de transición nutricional con signo socioeconómico opuesto. La desnutrición crónica nacional era baja para estándares regionales (5,9 %; el WDI publica 5,6 % para la misma encuesta, diferencia atribuible al tratamiento de valores extremos), pero con un gradiente muy pronunciado: 12,8 % en el quintil más pobre frente a 0,8 % en el más rico, y 31,5 % en hogares indígenas, donde además 9,3 % de los niños tenía desnutrición crónica severa. El sobrepeso infantil, en cambio, afectaba al 12,4 % de los menores de cinco años y crecía con la riqueza (8,8 % en el primer quintil; 16,8 % en el quinto). La estimación modelada del WDI para 2024 sitúa la desnutrición crónica en 3,2 % y el sobrepeso en 15,4 %, este último el más alto de los nueve países de comparación (promedio regional: 8,8 %); conviene recordar que ese modelo se apoya en la misma encuesta de 2016 y no en una medición nueva.

En desarrollo infantil temprano, el 82,0 % de los niños de 3 y 4 años estaba en curso adecuado según el índice ECDI, con 90,6 % en el quintil más rico y 65,6 % en hogares indígenas. La desagregación por dominios es más reveladora que el índice: los dominios físico, socioemocional y de aprendizaje superan el 80 %, pero el lecto-numérico sólo alcanza al 23,9 % de los niños, con 45,1 % en el quintil más rico y 6,9 % en el más pobre. La brecha de 38 puntos en habilidades preescolares de lectura y número a los cuatro años se corresponde con la de los insumos: el 81,7 % de los niños del quintil más rico vive en hogares con tres o más libros infantiles, frente al 4,8 % del más pobre, y la asistencia a educación inicial es de 61,3 % frente a 10,0 %. El patrón es compatible con el mecanismo de autoproducción de habilidades que describe la literatura de formación de capital humano, operando antes de que el sistema escolar intervenga, aunque la asociación entre insumos y resultados puede reflejar también diferencias no observadas entre los hogares. El estudio base documenta (capítulo 5) que Paraguay tiene los peores resultados de aprendizaje de la región; la MICS indica que una parte de esa brecha ya está instalada a los cuatro años.

En salud preventiva, la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses alcanzaba al 31,3 % (n = 394), lejos del 50 % de la meta mundial de nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025. La cobertura de pentavalente 3 entre los niños de 12 a 23 meses era de 88,1 % (72,3 % en hogares indígenas, n = 71). La cobertura de antisarampionosa (64,7 %) está subestimada para este grupo de edad porque la primera dosis se aplica a los 12 meses y una parte del grupo aún no había alcanzado la edad de vacunación al momento de la entrevista. Las coberturas administrativas posteriores (WUENIC) muestran el retroceso pospandémico que el estudio base ya documentó: DPT3 de 86 % en 2019 a 69 % en 2022, con recuperación a 80 % en 2024.

Finalmente, la protección contra la violencia. El 52,5 % de los niños de 1 a 14 años había sido objeto de alguna forma de disciplina violenta en el mes previo; el 40,2 % de castigo físico y el 4,5 % de castigo físico severo (golpes en la cara o la cabeza, o golpizas repetidas). La disciplina violenta no muestra gradiente socioeconómico relevante (52,5 % en el primer quintil; 49,7 % en el quinto), lo que la distingue de todos los demás indicadores del cuadro: es un problema de normas sociales más que de recursos. En hogares indígenas la prevalencia es mayor (63,2 %) y el castigo severo se cuadruplica (17,6 %), y el 43,9 % de los cuidadores cree que el castigo físico es necesario para criar correctamente.

11.8Embarazo y maternidad en la adolescencia

La fecundidad adolescente es el indicador en el que Paraguay se separa más claramente de la región. Según el WDI, la tasa de fecundidad de 15 a 19 años bajó de 75,4 por mil en 2010 a 70,2 en 2024, mientras el promedio de América Latina y el Caribe caía de 73,4 a 50,4; Paraguay pasó de estar en el promedio regional a tener la tasa más alta de los nueve países de comparación (Gráfico 11.7). Chile (de 52,8 a 5,6), Argentina (de 65,9 a 25,6) y Uruguay (de 59,5 a 25,1) redujeron su fecundidad adolescente entre 58 % y 89 % en el mismo período. La tasa calculada con la historia de nacimientos de la MICS para los tres años previos a la encuesta (2013–2016) es de 72,0 por mil (7.311 mujeres entrevistadas), idéntica a la publicada; se eleva a 103,3 en el área rural, 136,1 en el quintil más pobre y 173,5 en hogares indígenas (405 mujeres), frente a 18,2 en el quintil más rico. El registro de estadísticas vitales del MSPBS contabilizó en 2024 350 nacimientos de madres de 10 a 14 años y 8.804 de madres de 15 a 19, el 11,8 % de todos los nacimientos según el estudio base; los embarazos en niñas menores de 15 años son, en su mayoría, consecuencia de abuso sexual y constituyen, antes que un problema de salud reproductiva, un problema de protección.

Fuente: Banco Mundial, WDI (SP.ADO.TFRT); cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE).

La MICS permite medir además la iniciación temprana de la maternidad y de las uniones. En 2016, el 16,3 % de las mujeres de 15 a 19 años había tenido un hijo nacido vivo o estaba embarazada (31,1 % en el primer quintil de riqueza; 2,2 % en el quinto; 48,6 % en hogares indígenas, n = 97). Entre las mujeres de 20 a 24 años, el 14,8 % había tenido su primer parto antes de los 18 años y el 21,6 % se había unido antes de esa edad; en hogares indígenas, 69,1 % y 74,8 % respectivamente (n = 77). El gradiente entre el primer y el quinto quintil —una razón de catorce veces en la iniciación de la maternidad— es el mayor de todos los indicadores de la encuesta.

Para seguir la tendencia en el tiempo con la EPH, que no releva fecundidad, se identificó a las adolescentes que son madres de algún niño que vive en su hogar (el número de línea de la madre de cada miembro). La proporción de mujeres de 15 a 19 años con hijos corresidentes bajó de 11,3 % en 2003 a 5,1 % en 2025; en promedios trienales, de 10,4 % en 2003–2005 a 6,7 % en 2022–2025, con 9,5 % en el área rural y 5,5 % en la urbana, y 11,9 % en el primer quintil frente a 1,1 % en el quinto. La serie se mantiene en torno a 10–11 % hasta el trienio 2015–2017 y desciende desde 2018, de manera consistente con la caída de la tasa del WDI (76,9 en 2015; 70,2 en 2024), aunque con una pendiente mayor, que sugiere un cambio en los arreglos de corresidencia además del de la fecundidad (Recuadro 11.2). La asistencia escolar de las madres adolescentes es de 16,6 % frente a 79,9 % de las adolescentes sin hijos (2025; 113 madres en la muestra, por lo que la cifra es imprecisa). La asociación es muy fuerte, pero la dirección de la relación no puede establecerse con estos datos: el abandono escolar puede preceder a la maternidad tanto como seguirla.

11.9Alimentación escolar: de programa departamental a política nacional

La alimentación escolar es el instrumento que más cambió en el período. La EPH preguntó entre 2004 y 2016 si el estudiante «recibió gratuitamente comidas» y, desde 2017, separadamente si recibió desayuno o merienda y almuerzo durante el año escolar; la serie tiene, por tanto, una ruptura en 2017, y el sector de gestión no se relevó en 2008–2009. Entre los estudiantes de 5 a 17 años de instituciones de gestión pública o privada subvencionada, la recepción de comidas gratuitas subió de 39,0 % en 2004 a 59,6 % en 2016. Con la pregunta nueva, el desayuno o merienda escolar (complemento nutricional o «vaso de leche») llegaba al 59,5 % en 2019 y el almuerzo al 22,8 % (57,2 % y 22,1 % en el universo de alumnos de 3 a 19 años que usa el capítulo 8). En 2022–2023 ambos retrocedieron (merienda 49–50 %; almuerzo 17–21 %), reflejo de la discontinuidad del financiamiento descentralizado vía gobernaciones y municipios.

Fuente: cálculo propio sobre microdatos EPH/EPHC (INE).

El cambio de escala llegó con el programa Hambre Cero en las Escuelas (Ley 7264/2024, reglamentada por el Decreto 1584), que centralizó el financiamiento y extendió el almuerzo a las escuelas de gestión pública y subvencionada: según datos oficiales recogidos por la prensa, preveía alcanzar a 980.412 alumnos de la educación escolar básica en 2025 (La Nación, 2024) y llegaba a alrededor de 1.050.000 en agosto de 2026 (La Nación, 2026). La meta de 1,3 millones de niños que cita el capítulo 8 es la anunciada al promulgarse la ley, en abril de 2024; la cifra de 980.412 es la previsión para 2025 en la educación escolar básica: corresponden a momentos y alcances distintos. La EPHC registra el salto: la cobertura del almuerzo escolar entre los estudiantes de 5 a 17 años de gestión pública o subvencionada, con las entrevistas de todo el año, pasó de 29,4 % en 2024 a 72,0 % en 2025 (n = 10.972), y la del desayuno o merienda de 47,3 % a 74,4 %. El capítulo 8 (Cuadro 8.6) concilia estas cifras con las de su propio universo y período de entrevista.

El almuerzo es universal en la educación básica, pero todavía parcial en la media: según el capítulo 8, en 2025 lo recibía el 86,9 % de los alumnos de la educación escolar básica y el 35,4 % de los de la educación media. Entre los estudiantes de escuelas públicas o subvencionadas, la cobertura es algo mayor en el primer quintil (73,4 %) que en el quinto (60,8 %) y en el área rural (76,9 %) que en la urbana (69,5 %); el capítulo 8 muestra que, al ampliarse, el programa perdió progresividad relativa dentro de ese alumnado (índice de concentración de −0,11 en 2017–2019 a −0,02 en 2023–2025). Sobre el conjunto de la población, en cambio, la incidencia del beneficio es progresiva (coeficiente de concentración de −0,25; capítulo 14), porque la matrícula pública se concentra en los hogares de menores ingresos.

El efecto distributivo de la alimentación escolar se analiza en el capítulo 14 con el valor imputado por el INE en el ingreso del hogar (≈ Gs. 224.000 de aporte promedio, según la nota metodológica del informe de pobreza 2025). Basta adelantar aquí que, en el contrafactual estático, la alimentación escolar (almuerzo más merienda) evitó en 2025 que 1,49 puntos porcentuales de la población total y 2,77 puntos de la población de 0 a 17 años cayeran bajo la línea de pobreza: es, con diferencia, el instrumento público de mayor efecto sobre la pobreza infantil medida. Dos advertencias se imponen. Una parte de la caída de la pobreza infantil de 2025 obedece a la imputación de un beneficio en especie que antes no se contabilizaba, por lo que no debe leerse como un aumento equivalente del ingreso monetario de los hogares. Y el efecto nutricional del programa sobre la talla, el peso o el aprendizaje no ha sido evaluado: no existe evaluación de impacto de Hambre Cero.

11.10Comparación regional y síntesis de brechas

La síntesis permite ordenar las prioridades con el criterio de la matriz de la desigualdad. Los indicadores que mejoraron más rápido —agua, piso, cédula, trabajo adolescente de jornada completa, alimentación escolar— coinciden con los que dependen de una intervención estatal de oferta universal o de la mejora general del ingreso; es una clasificación descriptiva, hecha a posteriori, que no prueba que el tipo de instrumento explique el resultado. Los que se estancaron —seguro de salud de los niños, fecundidad adolescente, hacinamiento, la brecha de ingreso de los hogares con niños— dependen de instituciones que vinculan derechos a la condición laboral de los adultos (el seguro social), de normas sociales y servicios específicos (salud sexual y reproductiva, educación integral), o de una transferencia por hijo que Paraguay no tiene: Tekoporã, el principal programa dirigido a familias con niños, llega a 8,2 % de la población y evita 0,49 puntos de pobreza total (capítulo 14). Y los indicadores donde el entrecruzamiento de ejes es más extremo —desnutrición crónica, inscripción del nacimiento, fecundidad adolescente, castigo severo— señalan siempre al mismo grupo: la niñez indígena, que la encuesta de hogares apenas observa (Recuadro 11.3). La última medición específica de ese grupo con microdatos es de 2016. Una nueva MICS, o una encuesta de niñez con sobremuestra indígena, es la condición para que el próximo informe pueda decir algo nuevo sobre la población infantil más privada del país.

Referencias del capítulo

1. Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2013). Servicios sociales en Paraguay [Nota sectorial, junio de 2013]. BID.
2. Banco Mundial. (2026). World Development Indicators [Base de datos; actualización del 13 de julio de 2026]. Recuperado el 3 de octubre de 2026 de https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
3. Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R., y Rossel, C. (Eds.). (2015). Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización (Libros de la CEPAL n.º 136). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-social-caminos-latinoamericanos-la-universalizacion
4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina (LC/G.2690(MDS.1/2)). https://www.cepal.org/es/publicaciones/40668-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina
5. Cunha, F. y Heckman, J. J. (2007). The technology of skill formation. American Economic Review, 97(2), 31–47. https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31
6. de Neubourg, C., Chai, J., de Milliano, M., Plavgo, I., y Wei, Z. (2012). Step-by-step guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) (Innocenti Working Paper 2012-10). UNICEF Office of Research. https://ideas.repec.org/p/ucf/inwopa/inwopa695.html
7. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y UNICEF. (2017). Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) Paraguay 2016 [Microdatos e informe final]. https://mics.unicef.org/surveys
8. Gordon, D., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton, S., y Townsend, P. (2003). Child poverty in the developing world. The Policy Press.
9. Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312(5782), 1900–1902. https://doi.org/10.1126/science.1128898
10. Instituto Nacional de Estadística. (2026). Encuesta Permanente de Hogares (2003–2016) y Encuesta Permanente de Hogares Continua (2017–2025) [Microdatos y diccionarios; 23 rondas; factores de expansión revisión 2025]. https://www.ine.gov.py/microdatos/
11. La Nación. (2024, 17 de diciembre). Hambre Cero proyecta una inversión de USD 370 millones en el 2025. https://www.lanacion.com.py/politica/2024/12/17/hambre-cero-proyecta-una-inversion-de-usd-370-millones-en-el-2025/
12. La Nación. (2026, 5 de agosto). Dos años de Hambre Cero: «Parecía un sueño inalcanzable», dice Peña. https://www.lanacion.com.py/politica/2026/08/05/dos-anos-de-hambre-cero-parecia-un-sueno-inalcanzable-dice-pena/
13. Ley N.º 1680/2001. Código de la Niñez y la Adolescencia. (2001). Congreso de la Nación Paraguaya. https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5261/ley-n-1680-codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia
14. Ley N.º 7264/2024. Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), modifica y amplía la Ley N.º 5210/2014 «De alimentación escolar y control sanitario» y sus posteriores modificaciones […]. (2024, 5 de abril). Congreso de la Nación Paraguaya. https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/12338/ley-n-7264-que-crea-el-fondo-nacional-de-alimentacion-escolar-para-la-universalizacion-equitativa-de-la-alimentacion-escolar-hambre-cero-en-nuestras-escuelas-y-sistema-educativo-modifica-y-amplia-la-ley-n-52102014-de-alimentacion-escolar-y-control-sanitario-y-sus-posteriores-modificaciones-y-modifica-la-ley-n-66282020-que-establece-la-gratuidad-de-los-cursos-de-admision-y-de-grado-en-todas-las-universidades-publicas-del-pais-en-el-instituto-superior-de-bellas-artes-instituto-nacional-de-educacion-superior-en-institutos-de-formacion-docente-dependientes-del-ministerio-de-educacion-y-ciencias-y-en-el-instituto-nacional-de-salud-y-modifica-los-articulos-3-5-y-6-de-la-ley-n-47582012-que-crea-el-fondo-nacional-de-inversion-publica-y-desarrollo-fonacide-y-el-fondo-para-la-excelencia-de-la-educacion-y-la-investigacion-y-sus-modificatorias
15. Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
16. Observatorio Económico. (2026). Nota sectorial social del Paraguay. Pobreza, ingreso de los hogares, trabajo, capital humano y migración: diagnóstico, evaluación y escenarios, 2010–2030. Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción».
17. UNICEF. (2025). Documento del programa para el país: Paraguay (E/ICEF/2025/P/L.4). https://digitallibrary.un.org/record/4071254/files/E_ICEF_2025_P_L.4-ES.pdf
18. UNICEF Paraguay. (2015, 12 de junio). Paraguay enfrenta desafíos en cuanto al trabajo infantil [Comunicado de prensa; datos de la EANA 2011]. https://www.unicef.org/paraguay/comunicados-prensa/paraguay-enfrenta-desaf%C3%ADos-en-cuanto-al-trabajo-infantil