La salida y la inflación

Al cerrar 1946 el banco emisor había reducido la deuda del Gobierno, duplicado el crédito a la producción y llevado su Fondo de Estabilización al máximo. Un año después el ciclo había terminado. Esta página sigue la secuencia: la falla que el tipo de cambio fijo arrastraba desde 1941, la guerra civil de 1947, la renuncia aceptada el 16 de mayo y los decretos que la rodean, la Memoria de 1947 que omite su nombre; y después la inflación de posguerra, contrastada con el Registro Oficial, la ley de presupuesto, el Fondo Monetario Internacional y el escrito de 1949 en que el antiguo administrador del régimen juzgó su demolición.

1946: el compromiso se estaba cumpliendo

El 22 de diciembre de 1945, cinco días antes de inaugurar su nuevo edificio, la Junta Monetaria del Banco del Paraguay aceptó convertir la deuda que el Gobierno tenía con el banco «porque la persistencia del desequilibrio presupuestario puede deteriorar nuestra moneda», y dejó por escrito una condición: «el nuevo sacrificio pedido al Banco sólo se justificará si […] cumple el Ministerio de Hacienda su compromiso de no acudir a la ayuda del Banco para cubrir nuevos déficit». La deuda era real y no pequeña. Entre 1940 y 1945 el banco había adelantado a la Tesorería 22.775.000 guaraníes «para hacer frente a los déficit», según la propia Memoria de 1945: el déficit de aquellos años se pagó principalmente con la renta cambiaria y, en segundo término, con adelantos del propio banco. Convertir esa deuda significaba transformar adelantos de corto plazo en títulos de largo plazo con servicio regular. Eso hizo el Decreto-Ley N° 11.384 del 27 de diciembre de 1945, que creó el «Crédito Público Interno 1946-61 Serie A» por quince millones de guaraníes al 4 % anual.¹

Durante 1946 el compromiso se cumplió, y no a medias. La deuda de las reparticiones públicas con el Departamento Bancario bajó de 23.427.517 a 21.192.311 guaraníes. Los títulos del Crédito Público Interno se amortizaron en 1.476.000 guaraníes, muy por encima de lo que exigía un plan a dieciséis años, con los excedentes que afectó el Decreto-Ley N° 14.497 de julio de 1946. El crédito al sector privado, en cambio, se duplicó: de 4.464.923 a 9.740.481 guaraníes. El movimiento del ejercicio apuntaba en la dirección que la ley orgánica de 1944 quería, menos Estado en la ventanilla y más crédito para la producción. El nivel decía otra cosa, y la propia Memoria lo admite: los planes de obras públicas y «la política de ingerencia en el comercio adoptada por el gobierno» explicaban «la preponderancia del crédito público sobre el privado», que al cerrar el año seguía siendo de 21,2 millones contra 9,7. Lo que bajó fue el flujo; el saldo del crédito público era todavía más del doble del privado. El banco corregía la pendiente, no la posición.²

Los indicadores monetarios eran los mejores de la serie. El Fondo de Estabilización Monetaria —la reserva de oro y divisas con que el banco respaldaba al guaraní y regulaba el mercado de cambios— cerró el ejercicio en 38.135.779,38 guaraníes. Esa cifra equivale al 119,4 % de los billetes y monedas fuera del Departamento Monetario, que sumaban 31.937.444,53. La relación no está impresa: resulta de dividir las dos partidas del balance, y conviene decirlo porque la serie de cobertura de 1941-1945 mezcla denominadores distintos.³ El beneficio de cambio alcanzó ese año 4.559.462 guaraníes, el máximo de toda la serie que había empezado en 797.053 en 1940. Y no hay en toda la Memoria de 1946 una sola advertencia, reserva o protesta sobre el financiamiento del Tesoro. Lo que hay es una constatación doctrinal seguida de la exhibición del descenso como logro: «La falta de un mercado de títulos hace que el Banco se constituya en la principal fuente a la que el Tesoro Nacional recurre en casos de necesidad». Al 31 de diciembre de 1946 no había un conflicto abierto entre el banco y el Ministerio de Hacienda. Lo que vino después fue abrupto.

La falla que venía de 1941

El régimen construido en 1941 tenía una falla que estaba en su diseño desde el primer día. El banco fijó entonces el tipo oficial en 77 pesos de curso legal por peso argentino —0,77 guaraníes desde noviembre de 1943— y lo sostuvo casi cinco años. Un tipo de cambio nominal completamente fijo no puede sostenerse indefinidamente mientras los precios internos suben más que los externos. Lo que importa al exportador y al importador no es el tipo nominal sino el tipo de cambio real, es decir el nominal corregido por la relación entre los precios de dentro y los de fuera: si la moneda no se mueve y los precios internos suben, cada peso argentino o cada dólar compra menos bienes paraguayos, y la moneda queda sobrevaluada. Lo que en 1941 había sido una ventaja —convalidar la depreciación acumulada desde 1932 en lugar de intentar revaluar, fijando el tipo por debajo del pico del mercado libre de febrero de ese año— se volvió, año tras año, una desventaja acumulativa. La dirección del proceso es inequívoca; su magnitud no puede medirse con las series de precios disponibles.

El mecanismo, en cambio, puede describirse con precisión. El exportador producía a costos internos crecientes y vendía a precios externos que, terminada la guerra, tendían a bajar, y recibía por sus divisas el mismo número de guaraníes. El importador reponía sus existencias a un precio constante en moneda local y las vendía en un mercado interno donde los precios subían. Los grandes márgenes se registraban en el sector importador, favorecido por el subsidio implícito de un tipo de cambio sobrevaluado que pagaba el sector exportador. La renta cambiaria, que dependía del volumen de divisas de exportación que pasaba por el banco, quedó atada a un comercio que la posguerra dejó de favorecer. El Federal Reserve Bulletin registraría en noviembre de 1948 que, de las veinte repúblicas latinoamericanas, sólo Bolivia y el Paraguay no habían aumentado sus exportaciones en 1946 o 1947.⁴ La base del régimen, estudiada en la base del éxito, empezaba a ceder.

El desdoblamiento del mercado dispuesto por el Decreto-Ley N° 10.043 del 29 de agosto de 1945, en vigor desde diciembre de ese año, fue el primer paso para corregir la falla: creó un mercado oficial, con una licitación de certificados para las importaciones prescindibles, y un mercado libre, de modo que por primera vez desde 1941 hubo un precio de la divisa que el banco no fijaba. Su historia está en 1945. No hubo un segundo paso, y eso se puede documentar y no sólo inferir. En agosto de 1947, al crear un impuesto sobre las operaciones cambiarias, el Poder Ejecutivo enumeró los mercados sobre los que recaería: las ventas de divisas «efectuadas en el mercado oficial, de licitación o libre». Los tres compartimientos del régimen de 1945 seguían en pie dos años después, sin fusión ni unificación. Y los decretos de gasto dejan ver el tipo oficial: el 31 de octubre de 1947 se pagaban 192,77 guaraníes por 253,65 pesos argentinos «al cambio oficial de 76 %», es decir a 0,76 guaraníes por peso, frente a los 0,77 de 1943; en noviembre se convertían cruzeiros «al cambio oficial de 16,82 %».⁵ El tipo oficial seguía prácticamente donde lo había dejado la reforma mientras los precios internos subían, que es exactamente lo que la falla de diseño hacía temer.

La guerra civil y la condición rota

El punto de quiebre fue político, y su mecánica ha sido reconstruida por Aníbal Orué Pozzo. El 11 de enero de 1947 el bloque militar que sostenía a Morínigo votó, por doce votos contra dos, la formación de un gobierno exclusivamente militar, sin partidos. Morínigo desconoció esa decisión y mantuvo la participación colorada, lo que el general Amancio Pampliega describiría como «un golpe de estado perpetrado por el propio presidente». La facción mayoritaria del bloque inició la rebelión el 8 de marzo de 1947, y la guerra civil se prolongó hasta agosto. La minoría, aliada a las milicias coloradas, se impuso militarmente, pero el bloque quedó disuelto como fuerza cohesionada hasta su reconstitución bajo Stroessner.⁶ El marco político que había hecho posible la reforma, descrito en Morínigo y la llegada al banco, dejó de existir en esos meses.

La salida de Pedretti no fue una consecuencia mecánica de la derrota de un bando, sino la ruptura de la condición que él mismo había puesto al aceptar el cargo. Su relato, cuarenta años después, es explícito: había condicionado su aceptación al apoyo del gobierno a las reformas y a la independencia política del banco, y Morínigo cumplió «mientras pudo evitar la politización del Banco del Paraguay». Cuando esa condición cayó, renunció, «consecuente con esta posición de no consentir la intromisión de la política partidista, indiscutiblemente nefasta en una institución tan delicada como es un banco».⁷ El ministro de Hacienda era desde el 9 de junio de 1946 J. Natalicio González, que ocuparía la cartera hasta el 15 de agosto de 1948.

El mismo testimonio agrega un episodio que no figura en ninguna otra fuente consultada y que da la medida del clima: la «arbitraria persecución policial» de que fueron víctimas los empleados del Banco del Paraguay, quienes, «al no estar dispuestos a seguir soportándola, a principios de mayo de 1947, abandonaron en masa la institución y huyeron a la Argentina, consumándose así su lamentable dispersión». Es la versión de una parte, dicha muchos años después, y así debe leerse; pero es coherente con un dato que los documentos sí registran: el gerente general M. Harmodio González, que había firmado con Pedretti las memorias de 1945 y 1946, desaparece de la documentación del banco en el mismo ejercicio, sin acto de renuncia ni decreto de reemplazo, como se cuenta en el Banco del Paraguay. Si estaba entre los que se fueron, la documentación no lo dice. La institucionalidad que se había levantado en cinco años se desarmó, en su parte humana, en unas semanas.

No hay que reducir el desenlace a una causa única. Lo que ocurrió en 1947 fue que las tres condiciones sobre las que descansaba el régimen desaparecieron a la vez. La primera fue el superávit externo: terminada la guerra mundial se detuvo el viento de cola que había llenado el Fondo de Estabilización. La segunda fue la disciplina fiscal, que según el testimonio del propio Pedretti el elenco entrante abandonó por convicción declarada y no por necesidad. La tercera fue la independencia del banco, que era exactamente la condición que Pedretti había puesto para quedarse. Que las tres cayeran juntas impide aislar la contribución de cada una, y explica también por qué un edificio normativo intacto dejó de funcionar sin que se derogara una sola de sus piezas: la cobertura de los billetes había sido un resultado de la política y no una obligación legal, y por eso pudo deshacerse sin violar ninguna ley.

El 16 de mayo de 1947, día por día

Durante décadas, la salida de Pedretti se apoyó en una sola frase suya: «me retiré del cargo a mediados de mayo de 1947». El volumen del segundo trimestre de 1947 del Registro Oficial contiene la pieza que la documenta, entera, en la página 907:⁸

«DECRETO N° 19.830. Por el cual se acepta la renuncia del Presidente del Banco del Paraguay, Dr. Carlos A. Pedretti. — Asunción, 16 de mayo de 1947. — Vista: la renuncia presentada por el Presidente del Banco del Paraguay, Dr. Carlos A. Pedretti. — El Presidente de la República del Paraguay DECRETA: — Artículo 1° Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Carlos A. Pedretti al cargo de Presidente del Banco del Paraguay. — Art. 2° Dásele las gracias por los importantes y extraordinarios servicios prestados al país desde la alta función que desempeñaba. — Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. — Firmado: HIGINIO MORÍNIGO M., J. Natalicio González».

Tres cosas conviene subrayar del texto. La primera es que el decreto acepta una renuncia y no dispone una remoción: la iniciativa consta como del renunciante, lo que confirma su versión y descarta la de un cese. La segunda es la fórmula del artículo 2°. Los decretos de aceptación de renuncia del período agradecen, cuando agradecen, «los servicios prestados»; la mención de servicios «importantes y extraordinarios» prestados «desde la alta función que desempeñaba» está un grado por encima de la fórmula ordinaria. La tercera es la firma del refrendante. Quien contrafirma la aceptación es J. Natalicio González, es decir el titular de la cartera cuya gestión el escrito de 1949 atribuido a Pedretti acusaría, sin nombrarlo, de duplicar la emisión en dos años. El documento que lo despide lleva la firma del hombre al que acusaría.

Alrededor de ese decreto hay otras piezas, y leídas juntas dibujan un solo movimiento. El 21 de abril, tres semanas y media antes, el Decreto N° 19.396 había llenado la vacancia dejada en el Consejo de Administración del banco por la renuncia del mayor S/R Lorenzo Medina, nombrando en su lugar al doctor Juan Manuel Alvarez en representación del Poder Ejecutivo: la recomposición del órgano de gobierno había empezado antes que la de la presidencia. El 15 de mayo, la víspera, un decreto declaró feriado bancario en la capital el viernes 16 y el sábado 17, con el considerando de que «es ya una tradición administrativa crear para los empleados bancarios de la Capital un puente entre dos feriados». El 16 de mayo, con los bancos cerrados, se dictaron en cadena el decreto de aceptación, el N° 19.831, que designó a Odón Frutos miembro del Consejo de Administración en representación de las entidades económicas privadas, el N° 19.832, que designó al doctor Juan Félix Morales miembro titular en representación del Poder Ejecutivo, el N° 19.855, que resolvió la presidencia, y el N° 19.856, que nombró procurador fiscal de la Abogacía del Tesoro al doctor Enrique Bravard, uno de los nombres del grupo tiempista. Todos los del 16 de mayo llevan las firmas de Morínigo y de J. Natalicio González.⁹

El decreto que resuelve la presidencia es el que más dice, y lo dice con una sola palabra: no nombra un presidente, nombra un interino.

«DECRETO N° 19.855. Por el cual se designa Presidente interino del Banco del Paraguay al Sr. Adolfo Monges. — Asunción, 16 de mayo de 1947. — Vista: la necesidad de designar un Presidente interino para el Banco del Paraguay, por renuncia del titular, con acuerdo del Excmo. Consejo de Estado. — El Presidente de la República del Paraguay DECRETA: — Artículo 1° Nómbrase Presidente interino del Banco del Paraguay al Sr. Adolfo Monges. — Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. — Firmado: HIGINIO MORÍNIGO M., J. Natalicio González».

Qué ocurrió después con la presidencia es un punto en que las fuentes no concuerdan del todo. La Memoria de 1947 dice que Monges ejerció el interinato «hasta el 1° de junio» y que «Dr. Raúl Sapena Pastor, nombrado por Decreto N° 20.446 de esa misma fecha, entró a reemplazarlo, como Presidente titular»; el pasaje está en una zona desenfocada del ejemplar y su lectura no es óptima, pero el balance de ese ejercicio lleva al pie la firma de Sapena Pastor como presidente, junto a las de Manuel Gill Morlis, gerente general, y Edgar F. Taboada, superintendente de bancos.¹⁰ El Decreto N° 20.446 no se ha localizado en el Registro Oficial, y en las 993 páginas de los volúmenes de julio a diciembre de 1947 no aparece ningún nombramiento de presidente titular del banco. Las dos cosas son compatibles si el nombramiento de Sapena Pastor fue de junio; si no lo fue, el banco habría seguido con un presidente interino durante meses. La documentación reunida no permite cerrar la cuestión, y aquí no se cierra. Sapena Pastor, en cualquier caso, era uno de los cuatro directores que el Decreto N° 3.369 había nombrado junto con Pedretti en octubre de 1940, como se cuenta en el régimen que encontró: la presidencia pasó a un hombre del directorio de la reforma.

La presidencia de Pedretti había durado seis años y siete meses, desde octubre de 1940. Queda una consecuencia de método. El expediente oficial no corrige en nada la memoria de su protagonista —la fecha es el 16, que es exactamente mediados de mayo— y en cambio la completa en aquello que un testigo no podía darse a sí mismo: el número del decreto, la fórmula del agradecimiento, la firma del refrendante y el hecho, que él no menciona nunca, de que su primer sucesor fue un interino. Es el caso inverso del de la especialización de Buenos Aires, donde una fuente que callaba se tomó por una fuente que desmentía; aquí una fuente que recordaba resultó exacta. El testimonio no se descarta ni se acepta: se contrasta, y hay que ir a buscar con qué.

La Memoria de 1947: el nombre que no está

El ejercicio 1947 es el de la guerra civil y el de la salida de Pedretti. La Memoria correspondiente la firma ya otra conducción, y lo primero que hay que decir de ella es lo que no dice. En sus ciento tres páginas no aparece el nombre de Carlos A. Pedretti: ni su renuncia, ni su fecha, ni su causa, ni una línea de agradecimiento por los seis años y siete meses anteriores. El único apartado pertinente, «Consejo de Administración y Junta Monetaria», se limita a registrar la sucesión:¹¹

«El Señor Adolfo Monges fue nombrado Presidente interino del Banco por Decreto N° 19.855 del 16 de Mayo de este año, ejerciéndolo hasta el 1° de junio […] Dr. Raúl Sapena Pastor, nombrado por Decreto N° 20.446 de esa misma fecha, entró a reemplazarlo, como Presidente titular.»

El 16 de mayo de 1947 entra en el documento sólo como la fecha del decreto que nombró al interino. El hombre bajo cuya presidencia se habían dictado el control de cambios, el guaraní, la ley orgánica del banco y la primera ley de bancos, y que en diciembre de 1945 había inaugurado la casa desde la que se escribía esa Memoria, desaparece de la memoria anual de su propia institución en el ejercicio mismo de su salida. Tampoco aparece el gerente general que había firmado con él las dos memorias anteriores. Un silencio que alcanza al presidente y al gerente general no es un olvido de redacción. El olvido historiográfico de Pedretti, del que parte el economista sin biografía, no empezó con los historiadores: empezó con sus sucesores, ese mismo año, en el documento oficial de la casa que había dirigido.

Hay una segunda ausencia, tan elocuente como la primera: la Memoria de 1947 no dedica una línea a la guerra civil como hecho institucional. Ni las agencias del interior, ni el personal, ni los locales, ni las pérdidas. Un banco central atravesó cinco meses de guerra civil y su memoria anual no la menciona, salvo una vez y oblicuamente, cuando hay que explicar un incumplimiento: los préstamos «destinados a los gastos extraordinarios del Gobierno, con motivo de la última contienda» se invocan para justificar las deficiencias de los encajes legales, es decir de la proporción de los depósitos que los bancos debían mantener en reserva y no podían prestar.¹² La guerra entra en el documento sólo como excusa contable.

El año más rentable y el renglón que lo explica

La paradoja del ejercicio 1947 es que fue, en términos contables, el mejor de toda la serie. La ganancia neta del banco alcanzó 2.774.837,66 guaraníes, un 75 % por encima de la de 1946. El año de la guerra civil fue el más rentable de la historia de la institución hasta entonces.¹³

El renglón que lo explica está en el cuadro del crédito bancario del país, y es el dato central del ejercicio. La deuda de las «Entidades Oficiales (fines indeterminados)» salta de 21.038 a 32.976 miles de guaraníes: un aumento de 11.938 mil, un 57 % en un año, que representa el 72,8 % de todo el aumento del crédito bancario del país en 1947 y que está íntegramente radicado en el Banco del Paraguay. El rubro se llama así, «fines indeterminados», en el propio cuadro.¹⁴ A eso se suman adelantos y redescuentos por 15.961.144 guaraníes «para las demandas del público y de la Tesorería General». El redescuento es la operación por la cual el banco central presta a los bancos contra documentos que éstos ya descontaron a sus clientes; el adelanto es el préstamo directo. Ambos crean dinero de alto poder, el que el banco central pone en circulación. Y el Fondo de Estabilización Monetaria registra su primera caída: de 38.135.779,38 a 35.635.599,40 guaraníes.¹⁵

La Memoria no llama déficit a nada de esto, no lo lamenta y no da el presupuesto de la Nación. Pero corrobora el mecanismo: en el ejercicio en que Pedretti salió, el Estado volvió a la ventanilla del banco por casi doce millones de guaraníes bajo un rubro sin destino especificado, y el banco ganó más que nunca prestándoselos. Un dato más cierra el año y anticipa lo que vendría. El Decreto N° 23.682 del 2 de diciembre de 1947 incorporó el Banco Agrícola del Paraguay al Banco del Paraguay y concentró toda la banca del Estado en una sola institución, que la norma describe como «amparada por máximas garantías de independencia política».¹⁶ La frase se escribió el mismo año en que el crédito a entidades oficiales de fines indeterminados creció un 57 %.

La denuncia y la contraprueba del Registro Oficial

Más de dos años después de su salida, en un escrito mecanografiado fechado en Asunción el 9 de setiembre de 1949, sin firma y atribuido a Pedretti, el antiguo presidente del banco formuló la acusación que da sentido a todas estas cifras. A partir de la guerra civil, dice, «cambia el elenco gubernativo»; se afirma «que el circulante es insuficiente y que el presupuesto de gastos de la nación debe ampliarse»; los gastos presupuestados suben de 41 millones de guaraníes en 1946 a 56 en 1947 y a 78,5 en 1948; y «se recurre al funesto arbitrio de cubrir los excesivos déficit fiscales, provenientes de gastos económicamente improductivos, con billetes emitidos con ese objeto por el Banco del Paraguay. De esta suerte, se duplica la emisión monetaria en el breve lapso de dos años».¹⁷ El escrito se examina por extenso más abajo. Antes conviene someterlo a pruebas independientes, porque es el testimonio de una parte interesada, escrito después de haber renunciado. Hay tres disponibles: el Registro Oficial, la ley de presupuesto y la serie del Fondo Monetario Internacional.

La primera prueba es la del instrumento normativo. Si el déficit se cubrió con billetes emitidos a ese objeto, algo de la operación debería haber quedado escrito en el Registro Oficial del año. Los volúmenes del tercer trimestre de 1947, que van del 1° de julio al 30 de setiembre y ocupan las páginas 1172 a 1646, y del cuarto, del 1° de octubre al 31 de diciembre, páginas 1649 a 2162, se han examinado página por página: 993 páginas, a las que se suman el volumen del segundo trimestre, donde están los decretos de mayo, y el del primer trimestre de 1946.¹⁸ El resultado es nítido: en el segundo semestre de 1947 no hay un solo decreto que autorice una emisión de billetes, ni un adelanto o descubierto del Banco del Paraguay a la Tesorería General.

El resultado es negativo y está bien establecido, pero no refuta la denuncia, y la razón es institucional. Bajo el Decreto-Ley N° 5.130 del 8 de setiembre de 1944, la emisión no es un acto del Poder Ejecutivo sino del Departamento Monetario del banco, que funciona bajo la dirección de la Junta Monetaria; las resoluciones de esa junta son actos de la entidad y no se publican en el Registro Oficial, que recoge decretos y decretos-leyes. Buscar allí un decreto de emisión es buscar la huella en el registro equivocado. Lo que el Registro sí puede mostrar, y muestra, es el otro lado de la misma operación: el lado fiscal, donde el Tesoro toma y el banco presta. De la guerra misma, los volúmenes del segundo semestre sólo traen consecuencias administrativas: las bajas del Ejército por participar en el movimiento subversivo estallado en Concepción y la comisión avaluadora constituida el 1° de setiembre para pagar el arrendamiento de las embarcaciones «que fueron movilizadas con motivo de la guerra civil recientemente terminada».¹⁹ Y el 4 de agosto, el Decreto N° 21.459 renovó tres puestos del Consejo de Administración del banco —Manuel Riera como titular por el Poder Ejecutivo del 4 de julio de 1947 al 4 de julio de 1949, Odón Frutos como titular por las entidades económicas privadas hasta 1952 y Segundo Gorostiaga como suplente por la misma representación hasta 1948— sin tocar la presidencia. Era la segunda recomposición del Consejo en once semanas.²⁰

La ley de presupuesto de 1947 y la cifra de Pedretti

La segunda prueba es la ley de presupuesto. El Decreto-Ley N° 18.198 del 21 de febrero de 1947, «Por el cual se aprueba el Presupuesto de Gastos de la Nación y el Cálculo de Rentas para el Ejercicio 1947», dictado conforme al artículo 22 del Decreto-Ley N° 3.522 del 29 de abril de 1944 y «oído el parecer favorable del Excmo. Consejo de Estado», está en el volumen del primer trimestre del Registro Oficial.²¹ Con él, la única serie fiscal de la posguerra deja de descansar exclusivamente en la memoria de una parte interesada y puede contrastarse con la ley.

Su artículo 1° presupuesta los gastos ordinarios del ejercicio en 52.267.663 guaraníes y los distribuye por anexos; el 2° calcula las rentas ordinarias en 43.067.800; el 3° presupuesta en 410.300 los gastos atendidos con rentas especiales, y el 4° en 3.450.430 los servicios financieros especiales. Dos cosas saltan de esa aritmética. La primera es que el presupuesto de 1947 nació con un déficit ordinario declarado de 9.199.863 guaraníes, el 17,6 % del gasto: no fue la guerra civil la que abrió la brecha fiscal, sino que la guerra civil encontró la brecha abierta y escrita en la ley quince días antes de estallar. La segunda es la composición del gasto. El Ministerio de Defensa Nacional se lleva 15.605.802 guaraníes y la Deuda Pública 10.299.400, el 29,9 % y el 19,7 % del gasto ordinario: casi la mitad del presupuesto del Paraguay de 1947 era defensa y deuda, en un país que no había combatido en la guerra mundial y que estaba a punto de combatir consigo mismo.

Ahora la comparación. El escrito de 1949 dice que los gastos públicos presupuestados pasaron «de ₲ 41.000.000 en 1946, a ₲ 56.000.000 en 1947 y ₲ 78.500.000 en 1948». La ley dice 52.267.663 de gastos ordinarios. La diferencia parece desmentirlo, y no lo desmiente: si a los gastos ordinarios se suman los servicios financieros especiales del artículo 4° y los gastos con rentas especiales del artículo 3° —que también son gasto presupuestado, sólo que atendido por fuera del cuadro ordinario—, el total del presupuesto de 1947 asciende a 56.128.393 guaraníes. La diferencia con la cifra del escrito es de 128.393 guaraníes, el 0,2 %. La agregación es una reconstrucción: el escrito no dice qué suma, y el ajuste, aunque encaja casi exactamente, es una hipótesis que la ley admite y no una identidad que la ley declare. Con esa reserva, es la validación más limpia disponible de un testimonio contra un documento: el autor del escrito citaba bien y sabía de qué hablaba.

La confirmación resuelve además un problema de lectura. En uno de los dos ejemplares conservados del mecanografiado la cifra de 1947 está desvaída y admite dos lecturas, 56 o 75 millones; el segundo ejemplar, de lectura limpia, la fija en 56, y ninguna agregación de los artículos del Decreto-Ley N° 18.198 se acerca a los setenta y cinco millones.²² La diferencia importa. Con la lectura firme, el gasto presupuestado crece un 37 % de 1946 a 1947; con la otra habría crecido un 83 %. El aumento de 1946 a 1948 es del 91 % en ambos casos. Un gasto que crece un 37 % en el año de una guerra civil admite explicaciones que uno que crece un 83 % no admitiría con la misma facilidad. Las cifras de 1946 y 1948, en cambio, proceden sólo del escrito y no se han contrastado con sus leyes de presupuesto; deben ir siempre atribuidas a su autor.

El artículo 7° de la misma ley es el que enlaza el presupuesto con el banco. Autoriza al Poder Ejecutivo, para la ejecución del presupuesto, a «realizar operaciones de créditos y efectuar conversiones de diferentes clases de monedas por intermedio del Banco del Paraguay», y es la facultad que los decretos de abril y de mayo invocarían para emitir bonos. La ley de presupuesto de 1947, dictada quince días antes de la rebelión y cuando Pedretti todavía presidía el banco, ya preveía que el déficit se cubriría con crédito y que el banco emisor sería el conducto. Lo que la guerra civil hizo no fue inventar el mecanismo: fue agrandarlo.

Bonos, impuestos y un préstamo: la cadena de 1947

La cadena de instrumentos que el Registro Oficial permite reconstruir tiene un antecedente que conviene poner primero, porque incomoda al relato simple. El uso del aparato cambiario como maquinaria de recaudación no empezó en 1947 sino once meses antes, bajo la presidencia de Pedretti. El Decreto-Ley N° 13.989 del 6 de junio de 1946, dictado para subsidiar la importación de trigo, cuyos derivados son, dice el considerando, «los productos básicos de la alimentación del pueblo», creó un impuesto del 6 % sobre las importaciones de mercaderías prescindibles o de uso postergable «sujetas al mercado de licitación de divisas» —el compartimiento del mercado oficial donde las divisas para esas importaciones se adjudicaban por subasta— y otro, temporal, del 0,75 % sobre las exportaciones y reexportaciones. Su artículo 4° encargó la liquidación y percepción al Banco del Paraguay, «al liquidarse en guaraníes los contratos de cambio» o «al formalizarse los trámites de exportación», sirviendo de base «la clasificación de mercaderías prescindibles o de uso postergable, y los aforos de valores de exportación establecidos o a establecerse por el Banco del Paraguay». El producido se depositaba diariamente en el propio banco, en cuenta especial; el Decreto N° 13.990, del mismo día, redujo con carácter temporal los derechos de importación del trigo y de la harina.²³

El primer instrumento de 1947 es del 2 de abril, veinticinco días después del estallido de la guerra civil y seis semanas antes de la renuncia. El Decreto-Ley N° 18.970 «crea recursos de emergencia», y su considerando no disimula para qué: «solventar los gastos extraordinarios en que incurre el Tesoro Nacional con motivo de la rebelión declarada contra los poderes públicos». Estableció un impuesto adicional del 2 % sobre las rentas alcanzadas por el impuesto a la renta, con efecto retroactivo al 1° de enero; dos impuestos por una sola vez, del 2 % sobre el monto de las obligaciones hipotecarias inscriptas —a cargo del acreedor, con prohibición expresa, «de orden público», de trasladarlo al deudor— y del 1 % adicional sobre la avaluación fiscal de los inmuebles urbanos; y, sobre todo, el de su artículo 1°:

«Créase, con carácter de emergencia, un impuesto especial del 2 % a las exportaciones, que se calculará sobre los aforos establecidos por el Banco del Paraguay para la determinación de la obligación de cambio de los exportadores y sobre los precios F. O. B. aceptados por dicha institución en los casos en que fuere impracticable establecer aforos. Este impuesto será percibido por el Banco del Paraguay.»

El aforo del que habla el artículo es el valor oficial que el banco fijaba a cada producto exportado para determinar cuántas divisas debía entregar el exportador: una pieza del monopolio cambiario instituido por el Decreto-Ley N° 5.017 en febrero de 1941. Seis años después, ese aforo se convierte en la base imponible de un impuesto de guerra civil, y el banco que lo calcula es también el que lo recauda. El aparato construido para defender el valor de la moneda termina, sin que se modifique una sola de sus normas, sirviendo de maquinaria fiscal. Su artículo 9° cierra el circuito: las rentas creadas se depositan «en una cuenta especial que se habilitará en el Banco del Paraguay, con intervención y a la orden de la Dirección del Tesoro, bajo la denominación de Fondos para Servicio Decreto-Ley N° 18.970», y se destinan al subsidio del trigo previsto en 1946 y «a cubrir los déficit del Presupuesto General de la Nación, mediante la colocación de Bonos de Tesorería».²⁴

El mismo 2 de abril, el Decreto N° 18.971 ejecutó esa previsión. Autorizó «Bonos del Tesoro Nacional 1947» hasta 6.000.000 de guaraníes, a tres años y al 4 % anual, invocando el artículo 7°, inciso a), del Decreto-Ley N° 18.198, y encargó su colocación a la par y su servicio mensual «al Banco del Paraguay, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno». Colocar a la par significa vender los títulos a su valor nominal; el agente financiero es el banco que los vende por cuenta del Tesoro, cobra y paga sus servicios. El 31 de mayo, quince días después de la salida de Pedretti, el Decreto N° 20.173 amplió el límite de 6 a 10 millones, con un considerando de una sola línea: «que el actual estado de subversión obliga a incurrir al Tesoro Nacional en gastos extraordinarios que no pueden ser cubiertos con los recursos» ordinarios.²⁵

La continuidad con 1946 tiene dos consecuencias. La primera es técnica: el uso de la clasificación de importaciones y de los aforos de exportación como base imponible no fue una improvisación de 1947 sino un procedimiento ya rodado, y por eso el Decreto-Ley N° 18.970 pudo montarse sobre él en veinticinco días. La segunda es de imputación, y va en contra de la discontinuidad que el escrito de 1949 sugiere: el aparato cambiario empezó a funcionar como recaudador fiscal mientras Pedretti lo presidía, y el financiamiento del déficit con deuda empezó también bajo su presidencia, el 2 de abril. Que el fin de 1946 fuera abaratar el pan y el de 1947 financiar una guerra civil marca una diferencia moral considerable y ninguna diferencia técnica. Quien construye una capacidad administrativa no gobierna los fines a los que otro la aplicará después, y a veces ni siquiera los que él mismo le dará un año más tarde. El escrito de 1949 no queda por ello refutado, porque lo que denuncia no es la deuda sino la emisión, y colocar bonos a la par entre el público no crea circulante mientras el público los compre. Pero donde el escrito sugiere un corte neto entre dos administraciones, el expediente muestra una gradación. Lo que cambia después de mayo es la escala y, si la denuncia es exacta, la naturaleza del financiamiento.

La escala la marca el instrumento siguiente, del 1° de agosto de 1947, once semanas después de la renuncia. El Decreto-Ley N° 21.428 autorizó al Poder Ejecutivo «a realizar operaciones de crédito y afectar recursos en su garantía», con un considerando que nombra la crisis sin rodeos: «Que son necesarios fondos para asegurar las atenciones de la Tesorería General que se vinculan al momento de anormalidad institucional». Amplió la emisión de títulos del «Crédito Público Interno 1946/61, Serie A 4 %», el mismo que había nacido en diciembre de 1945 para convertir la deuda vieja, y creó los «Bonos del Tesoro Nacional 1947 Decreto-Ley N° 21.428» hasta 4.000.000 de guaraníes, a tres años y al 4 % anual, con el banco otra vez como agente financiero encargado de colocarlos a la par y de atender su servicio mensual. Para servirlos creó dos impuestos que dicen mucho del momento: uno del 1 %, a cargo del adquirente, sobre las ventas de divisas «efectuadas en el mercado oficial, de licitación o libre» y sobre toda operación que implicara salida de fondos del país; y otro del 1 %, a cargo del prestatario, sobre todos los préstamos o créditos bancarios, con exención para los agricultores y tasa reducida a la mitad para los préstamos hipotecarios de vivienda.²⁶ Los títulos que el banco había aceptado en 1945 a condición de que el Tesoro no volviera a pedirle se convertían, veinte meses después, en el vehículo de nuevas necesidades del Tesoro.

El segundo instrumento de agosto es más elocuente todavía, porque en él la administración que el escrito de 1949 acusa se describe a sí misma. El 30 de agosto de 1947, el Decreto-Ley N° 21.779 creó la Administración de Empresas Fiscales con este considerando: «Que, a causa del lento desarrollo económico del país, las rentas que pueden obtenerse de un régimen impositivo que no grave excesivamente la producción, no alcanzan para solventar los gastos públicos, en rápido e inevitable crecimiento, siendo necesario que el Estado organice explotaciones económicas susceptibles de proporcionarle rentas complementarias».²⁷ El gobierno reconoce por escrito, en el instrumento con que gobierna, las dos premisas del diagnóstico de 1949: que los gastos públicos crecían con rapidez y que la recaudación no alcanzaba a cubrirlos. Lo que discrepa no es el hecho sino el remedio: donde el antiguo presidente del banco veía la necesidad de contener el gasto, el gobierno buscaba rentas complementarias en explotaciones estatales.

El tercero documenta la operación que el escrito describe, aunque por la puerta del crédito y no por la de la emisión. El Decreto-Ley N° 23.258 del 14 de noviembre de 1947, dictado «oído el parecer favorable de la Junta Monetaria del Banco del Paraguay, de conformidad con el Art. 98 del Decreto-Ley N° 5.130 del 8 de setiembre de 1944», autorizó «al Banco del Paraguay a conceder al Ministerio de Hacienda un préstamo en Guaraníes, hasta el equivalente de U.S.A. 1.130.670.— […] más gastos», documentado en Bonos del Tesoro a tres años denominados «Bonos 1947 - Flota Mercante del Estado», al 3,5 % anual, para pagar los barcos comprados a la Korody Marine Corporation por contratos del 22 y del 28 de octubre, aprobados por el Decreto-Ley N° 22.804 del 30 de octubre. Y previó el servicio de un modo que revela quién manejaba la caja: a partir de enero de 1948 el banco debitaría diariamente de la cuenta de la Tesorería el 3 % de las rentas fiscales ordinarias y lo acumularía en una cuenta especial abierta en el propio banco.²⁸ El banco emisor prestaba al Tesoro y se cobraba solo, día por día, de la recaudación. No es la emisión de billetes que denuncia el escrito, pero es la misma dirección de causalidad, escrita y firmada.

El Registro Oficial no prueba la emisión de billetes contra déficit, y no puede probarla porque no es el registro donde ese acto se asienta. Prueba, en cambio, cuatro hechos que antes descansaban sólo en la palabra del escrito de 1949: que en 1947 el Tesoro necesitaba crédito y lo tomó a través del banco, desde abril y en escala creciente; que el gobierno declaró por escrito que la recaudación no alcanzaba para el gasto; que en noviembre el banco emisor prestó directamente al Ministerio de Hacienda y se garantizó el cobro con un débito diario sobre la recaudación; y que en agosto se reformó la ley orgánica del banco. Son cuatro hechos concordantes con el diagnóstico y ninguno idéntico a la acusación: el instrumento normativo corrobora el contexto, no el acto. El acto, si existió, hay que buscarlo en las actas de la Junta Monetaria y en los balances del Departamento Monetario, que es donde por ley debía asentarse.

El ministro de Hacienda al frente de la Junta Monetaria

La reforma de agosto merece sección propia porque toca el corazón del diseño de 1944. La ley orgánica del Banco del Paraguay había puesto la política monetaria en manos de una Junta Monetaria presidida por el presidente del banco e integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, del Consejo de Administración del banco y de los demás bancos. Esa presidencia era la garantía institucional de la independencia que Pedretti había exigido. El 30 de agosto de 1947, un número antes que la Administración de Empresas Fiscales, el Decreto-Ley N° 21.778 reescribió los artículos 17 y 28 del Decreto-Ley N° 5.130, rehízo la composición del Consejo de Administración y reorganizó la Junta Monetaria en cuatro miembros presididos por el ministro de Hacienda, con el presidente del banco en segundo lugar y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo de ternas del propio Consejo.

Su considerando es un documento en sí mismo. Se dicta vista «la necesidad que el Departamento Monetario, dependiente de la Junta Monetaria, disponga de organismo que le permita fiscalizar la política crediticia del sistema bancario nacional y pueda ejercer con mayor eficiencia las funciones del banco central», y siendo conveniente «subsanar algunas deficiencias observadas en la aludida ley». Tres meses y medio después de la renuncia de Pedretti, y apenas terminada la guerra civil, el gobierno reconoce que el banco central no ejercía con eficiencia sus funciones de banco central, y le cambia la ley orgánica poniendo al Tesoro a la cabeza del órgano que decidía la emisión y el redescuento. La reforma no fue letra muerta: el 6 de setiembre el Decreto N° 21.846 designó, ya conforme a la nueva norma y sobre terna del Consejo de Administración, a Juan Félix Morales —nombre que figuraba en el decreto del 16 de mayo— y a Manuel Riera miembros de la Junta Monetaria, este último con carácter interino mientras durase la ausencia del miembro Juan Plate.²⁹ Dos meses después, el préstamo de la flota mercante se aprobó con el «parecer favorable» de esa Junta.

El contraste con el Fondo Monetario Internacional

La tercera prueba es la mirada externa. El Paraguay había adherido al Fondo Monetario Internacional por el Decreto-Ley N° 11.289 del 18 de diciembre de 1945, y el Fondo lo examinó en los años siguientes. Dos expedientes importan. El SM/52/43, del 22 de julio de 1952, recoge las recomendaciones de la misión de Jorge del Canto, Alfredo Navarrete y Albert Mattera. El SM/54/16, del 15 de febrero de 1954, es el resultado de la misión de Edgar Jones, I. G. Patel, E. Zayas y Carmen Castro, que trabajó en Asunción entre noviembre y diciembre de 1953 y produjo treinta y una páginas de análisis y dieciocho cuadros.³⁰

El Fondo confirma el diagnóstico de 1949 en tres puntos. Confirma la periodización: «Paraguay has been in financial and economic difficulties for the past six years. At first it was economic stagnation and financial dislocation in the trail of the civil war of 1947» —el Paraguay llevaba seis años de dificultades, y al principio fueron el estancamiento y la dislocación financiera que dejó la guerra civil de 1947—. Confirma el origen interno: se trata de «a severe inflation, resulting principally from internal factors», una inflación severa debida principalmente a factores internos. Y confirma, sin proponérselo, la afirmación aritmética. Su cuadro de agregados monetarios arranca precisamente en 1947 y muestra el circulante en poder del público —billetes y monedas fuera de los bancos— pasando de 39,0 millones de guaraníes en 1947 a 82,3 millones en 1949, y la oferta monetaria —ese circulante más los depósitos a la vista— de 65,2 a 150,7 millones.³¹ La duplicación de la emisión que denuncia el escrito está en la serie del Fondo, y es el dato de la acusación que tiene verificación independiente.

Pero para los años que examina en detalle, 1952 y 1953, el Fondo desplaza la causa. El motor de la expansión monetaria ya no es el déficit presupuestario sino el crédito: «This expansion in private credit has been the most important factor contributing to the expansion in money supply», la expansión del crédito privado fue el factor más importante del aumento de la oferta monetaria. Y el balance de fuentes deja al presupuesto del lado contractivo: entre enero y noviembre de 1953, la caja del Gobierno aportó −33,4 millones de guaraníes a la variación del dinero, mientras las pérdidas cambiarias aportaban +144,0 y los préstamos al Banco del Paraguay +221,9.

Queda una pista para la investigación futura. El memorándum paraguayo de julio de 1952 sobre la nueva estructura cambiaria, registrado como EBS/52/16 con sus suplementos, no está en el expediente consultado, pero es citado en él; por su descripción, narraría la reforma de 1943-1945 desde adentro y ante un auditorio técnico internacional.

El escrito de 1949: el administrador del régimen juzga la demolición

Entre los papeles de Pedretti se conserva el mecanografiado titulado «Algunas reflexiones sobre la inflación en el Paraguay», fechado en Asunción el 9 de setiembre de 1949, sin firma y atribuido a él. Se conservan las hojas I, III, V y VI; faltan la II y la IV, y la ausencia es desafortunada porque la hoja II contenía una acusación de ilegalidad que queda cortada en mitad de una palabra.³² Es el juicio del hombre que administró el régimen sobre lo que hicieron con él quienes lo sucedieron, escrito dos años y casi cuatro meses después de su salida.

Antes de seguirlo hay que fijar desde dónde escribe, porque de eso depende cómo debe leerse. Quien escribe no es un funcionario en ejercicio ni un ex ministro justificándose. No consta que Pedretti ocupara cargo público alguno después de mediados de mayo de 1947, y la especie de que habría sido después ministro de Hacienda —que circula y que, de ser cierta, invertiría el sentido del escrito— carece de respaldo en la nómina oficial de la cartera, como se muestra en la segunda vida. La gramática del texto confirma esa posición línea por línea: «cambia el elenco gubernativo», no «cambiamos»; «la administración anterior», que es la suya, en tercera persona y en pasado; «se afirma que el circulante es insuficiente», en impersonal y atribuido a otros. Es el peritaje de la obra ajena hecho por quien había construido la propia. El destinatario que el escrito no nombra queda identificado por la nómina del Ministerio: el aumento del presupuesto y la duplicación de la emisión que denuncia corresponden por entero a la gestión de J. Natalicio González, ministro de Hacienda del 9 de junio de 1946 al 15 de agosto de 1948. El escrito no lo nombra en ninguna línea; la serie oficial lo nombra por él.³³

El argumento tiene la estructura de un razonamiento económico y no la de un agravio. Primero establece la causa externa y la acepta: las hondas perturbaciones de la economía mundial causadas por la guerra pusieron en movimiento un proceso inflacionario que afectó a todos los países por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, y «el Paraguay naturalmente no pudo substraerse a los efectos de esta inflación mundial». Después introduce la prueba en contrario: terminada la guerra y contenida la inflación en los Estados Unidos, cuando allí se inicia una baja general de precios, «en el Paraguay se refuerza la presión inflacionaria en vez de producirse una baja de precios como consecuencia del impacto de las nuevas cotizaciones internacionales». Y de ahí extrae la conclusión en una línea: «Por tanto, este hecho no obedece a causas externas sino internas».³⁴ Entonces nombra las internas:

«En efecto, a partir de la iniciación de la guerra civil en marzo de 1947, cambia el elenco gubernativo y el personal de la administración pública. Los conceptos que predominaban en la administración anterior en materia de política económica, monetaria y financiera, se modifican fundamentalmente. Se afirma que el circulante es insuficiente y que el presupuesto de gastos de la nación debe ampliarse. Así, se aumentan los gastos públicos presupuestados de ₲ 41.000.000 en 1946, a ₲ 56.000.000 en 1947 y ₲ 78.500.000 en 1948, y se recurre al funesto arbitrio de cubrir los excesivos déficit fiscales, provenientes de gastos económicamente improductivos, con billetes emitidos con ese objeto por el Banco del Paraguay. De esta suerte, se duplica la emisión monetaria en el breve lapso de dos años.»

Hay un contraste que el escrito no formula y que su propio texto habilita: el de 1947 con 1932. También entonces el déficit se cubrió con emisión, y en escala mucho mayor, como se cuenta en la guerra y la destrucción del peso. La diferencia no está en el mecanismo sino en la doctrina. En 1932-1935 nadie sostuvo que la emisión fuera buena: se la usó declarando que no había alternativa, el memorándum del ministro Benjamín Banks la lamentó por escrito y el presidente Eusebio Ayala dijo en agosto de 1935 que «el papel fiduciario ha hecho la guerra». En 1947-1948, según el escrito, se sostuvo lo contrario: que el circulante era insuficiente y que el presupuesto debía ampliarse.³⁵ Lo primero fue una derrota reconocida; lo segundo, una conversión. Un régimen monetario puede sobrevivir a una derrota que se reconoce como tal; a una conversión doctrinal de quienes lo administran, difícilmente.

El Fondo de Estabilización Monetaria, hasta el fondo

El escrito de 1949 no se queda en la denuncia: aporta una serie, y la aporta con una columna que las memorias del banco nunca habían publicado. Cita como fuente un artículo de la revista Tierra de junio de 1949, «El problema de las divisas», y reproduce el Fondo de Estabilización Monetaria con su pasivo y no sólo con su activo. La diferencia lo cambia todo. El activo del Fondo es el oro y las divisas que posee; el pasivo, lo que debe en divisas; la reserva neta, la diferencia entre ambos, que es lo que realmente queda para defender la moneda. La última columna la expresa como porcentaje del promedio de las ventas de cambio, es decir cuánto de la demanda corriente de divisas podría atender el Fondo con sus propios recursos.

La lectura del cuadro no necesita comentario retórico. El Fondo que Pedretti dejó cubriendo el 45,9 % del promedio de ventas de cambio a fines de 1946 tenía, veintiocho meses después, reserva neta negativa: el 30 de abril de 1949 su pasivo superaba a su activo, y al 31 de mayo la relación era ya de −13,3 %. No es que la reserva hubiera bajado: había dejado de existir. El cuadro permite también una lectura menos cómoda para la administración anterior. La relación con las ventas venía descendiendo desde 1944 —59,1 %, 51,1 %, 45,9 %— porque las ventas de cambio crecían más que el Fondo, aunque el Fondo creciera; lo que cambió después de 1946 no fue la tendencia sino el signo de la variación del activo y la aparición de un pasivo que en dos años pasó de 2,8 a 22,9 millones.

El instrumento sobre el que descansaba la estabilidad del guaraní era el mismo que Pedretti había exhibido en el discurso de inauguración del edificio, en diciembre de 1945, como garantía de que «carece de todo fundamento cualquier rumor o inquietud respecto a una disminución del valor externo del guaraní». Cuarenta meses después de esa frase el Fondo era insolvente. La moneda sobrevivió; el respaldo con que había nacido, no. La historia del edificio que aquel discurso inauguraba está en el edificio.

La ley que se escribió sabiendo que no bastaría

Lo notable del escrito de 1949 no es la denuncia sino la coherencia. Su autor no se muestra sorprendido. Para explicar por qué la ley orgánica dictada bajo su presidencia no impidió la financiación monetaria del déficit, cita la exposición de motivos del propio Decreto-Ley N° 5.130 —de autoría no establecida, en una ley de diseño técnico norteamericano—, que ya en 1944 había advertido que esas disposiciones «no constituyen y no pueden constituir jamás, por sí mismos, una salvaguardia firme contra el abuso del crédito», y que «frente a necesidades ineluctables de financiación […] el Estado encontrará los medios de imponer su voluntad, cualesquiera que sean las disposiciones o prohibiciones de la carta orgánica de un banco de Estado».³⁶ La frase de la «salvaguardia firme» no es, pues, una reflexión de 1949 sino una cita: el escrito recupera lo que la ley había dicho de sí misma cinco años antes.

En setiembre de 1944, desde la presidencia del banco, Pedretti había agradecido a Morínigo «las amplias garantías de independencia con que ha rodeado al Banco». En setiembre de 1949, fuera de todo cargo, el escrito explica que ninguna garantía legal resiste a un Tesoro sin mercado de capitales, que es lo mismo que la Memoria de 1946 había constatado al decir que la falta de un mercado de títulos hacía del banco «la principal fuente a la que el Tesoro Nacional recurre en casos de necesidad». Entre las dos frases hay cinco años y ninguna contradicción. La ley orgánica de 1944 se escribió partiendo del supuesto de que no bastaría, y su exposición de motivos lo dijo. Lo que la ley podía hacer no era impedir la financiación monetaria sino volverla visible y costosa: hacerla pasar por la Junta Monetaria, obligar a que la memoria anual la firmaran el presidente y el gerente general, dejar rastro. Cumplió ese objetivo más modesto, y por eso hoy puede medirse, renglón por renglón, el proceso que la vació: el crédito a «fines indeterminados» de la Memoria de 1947, el «parecer favorable» del préstamo de la flota, el débito diario sobre la recaudación, la reserva neta negativa de 1949.

El resto del legado institucional siguió su curso sin él. En 1952 el Departamento Monetario se convirtió en el Banco Central del Paraguay, que heredó la Superintendencia de Bancos, y la ley de bancos de 1944 fue reemplazada; en 1961 el Banco Nacional de Fomento sustituyó a los departamentos Bancario e Hipotecario y de Ahorro, y heredó con ellos el edificio de Independencia Nacional. El guaraní, la unidad monetaria redenominada en 1943, sobrevivió a todo, aunque no a su valor de origen. Pedretti, que en mayo de 1947 tenía cuarenta y cinco años, no volvió a ocupar, que conste, cargo público alguno. Le quedaban casi medio siglo de vida, la cátedra de Política Económica, la empresa privada y la prensa; esa historia se cuenta en la segunda vida.